250 diputados tienen ingresos extra
214 de ellos declaran ingresos del sector privado, y los dem¨¢s, del sector p¨²blico - S¨®lo 84 han comunicado a la C¨¢mara que no ejercen actividades extraparlamentarias
Casi las tres cuartas partes de los diputados (250 sobre un total de 350) cobran dinero al margen de su retribuci¨®n del Congreso, seg¨²n han declarado ellos mismos y ha quedado recogido en dos dict¨¢menes secretos. Uno se aprob¨® en un pleno del pasado junio y el otro el pasado jueves, ambos a puerta cerrada. En esta ocasi¨®n, los padres de la patria no se han aplicado la famosa frase de "luz y taqu¨ªgrafos", a pesar de que una y otros abundan en el hemiciclo.
En dichos informes, 214 de los 250 diputados pluriempleados declaran al menos unos ingresos del sector privado. El resto tienen actividades p¨²blicas remuneradas. Otros 16 declaran actividades sin remuneraci¨®n. S¨®lo 84 diputados tienen dedicaci¨®n exclusiva, o al menos no han comunicado a la C¨¢mara ninguna actividad.
Un socialista es concejal, consejero de caja de ahorros y tiene dos empresas
La opacidad con la que ha sido tramitado este asunto ha tejido un manto de sospecha sobre la procedencia del dinero que ingresan los parlamentarios, pero los informes diferencian entre las actividades privadas y las p¨²blicas. Entre estas ¨²ltimas se incluyen los cargos org¨¢nicos en los partidos, la pertenencia a patronatos de fundaciones o los cargos en ayuntamientos.
Las actividades privadas declaradas pueden ser remuneradas o no. La inmensa mayor¨ªa son conferencias, tertulias en medios de comunicaci¨®n, publicaci¨®n de libros y clases en la Universidad. El consenso existente en este asunto tiende a considerar que todas ellas son extensiones de las funciones parlamentarias.
S¨®lo deben renunciar a cobrar quienes colaboran con medios de comunicaci¨®n p¨²blicos, porque una de las pocas limitaciones que les impone la Ley Electoral consiste en que los diputados no pueden recibir dinero p¨²blico ajeno a la C¨¢mara, con la ¨²nica excepci¨®n de la Universidad. Sin embargo, lo que la diputada socialista Remedios El¨ªas hace constar en su declaraci¨®n, seg¨²n el dictamen, suena a reproche a sus compa?eros: "En estos momentos no participa en ninguna tertulia, pero si lo hiciera en el futuro no cobrar¨ªa ninguna retribuci¨®n, ya que considera que es parte de su trabajo el trasladar a los ciudadanos la informaci¨®n y las ideas referentes a cualquiera de los temas a tratar en los distintos programas". La diputada no declara ninguna actividad.
Entre los diputados que admiten ejercer actividades privadas, hay 35 abogados. Para todos ellos consta tambi¨¦n expresamente la limitaci¨®n legal de no contratar con Administraciones p¨²blicas.
Entre las actividades p¨²blicas declaradas, adem¨¢s de los cargos org¨¢nicos de los partidos, la m¨¢s repetida es la de alcalde o concejal, ya que es el ¨²nico cargo electo compatible con el esca?o en el Congreso aparte de los miembros del Gobierno (14 diputados).
En el hemiciclo hay 50 concejales y alcaldes. La ley les obliga a elegir entre el sueldo del Congreso y el del ayuntamiento, y ellos suelen decidirse por el m¨¢s abultado. Pero quienes se decantan por el del Congreso mantienen las dietas por asistir a los plenos municipales y, en algunos casos, los gastos de representaci¨®n.
Otra actividad a caballo entre lo p¨²blico y lo privado es la de los miembros de asambleas generales de cajas de ahorros y a los de las sociedades creadas por estas. Es el caso de Cibeles, creada por Caja Madrid y en cuyo consejo se permite participar al diputado del PP ?ngel Acebes.
La interpretaci¨®n m¨¢s laxa sobre este pluriempleo considera que no est¨¢ incluido en el art¨ªculo 159 de la Ley Electoral, que regula las incompatibilidades y les impide ejercer "las funciones de consejero o cargos equivalentes, as¨ª como la prestaci¨®n de servicios en Entidades de Cr¨¦dito o Aseguradoras o en cualesquiera sociedades o entidades que tengan un objeto fundamentalmente financiero y hagan apelaci¨®n p¨²blicamente al ahorro y al cr¨¦dito".
Seis diputados tienen relaciones con las cajas de ahorros. Se trata de Elo¨ªsa ?lvarez (PSOE), que pertenece al Consejo de Administraci¨®n de Gesduero, la sociedad gestora de instituciones de inversi¨®n colectiva de Caja Duero; Joan Canongia (PSOE), que es consejero de la asamblea general de la Caja de Pensiones; Ignacio Ech¨¢niz (PP), miembro de la Asamblea General de Caja Madrid; Juli Fern¨¢ndez (PSOE), miembro de la asamblea de La Caixa de Girona; Jos¨¦ Ignacio Llorens, consejero de Gesmadrid, sociedad gestora de instituciones de inversi¨®n colectiva de Caja Madrid, y Carmen Rodr¨ªguez Maniega (PP), que participa en la asamblea de Caja Asturias.
El Congreso pide en el dictamen que no se cobre de Administraciones p¨²blicas. Pero s¨®lo se trata de un compromiso, pues no se exige ning¨²n tipo de certificaci¨®n ni existe la posibilidad de investigarlo. Casos como el de Jos¨¦ Mar¨ªa Michavila y el procedimiento opaco con el que se tramita todo este asunto han motivado que el jueves pasado 90 diputados no apoyaran el segundo dictamen, elaborado por la Comisi¨®n del Estatuto del Diputado. PSOE e Izquierda Unida quieren dar transparencia a las actividades de los parlamentarios y facultar al Congreso para pedir explicaciones a los afectados.
Otro caso sorprendente es el del diputado del PP Gustavo de Ar¨ªstegui, diplom¨¢tico en situaci¨®n de servicios especiales (excedencia) y portavoz de Exteriores. Declara, entre otras actividades, pertenecer al Consejo Asesor de Siconet Ingenieros. Seg¨²n explic¨® a este peri¨®dico, cobra dietas por asistir a sus reuniones mensuales, pero no es informado siquiera de las contrataciones con Administraciones p¨²blicas que hace esta sociedad, dedicada, sobre todo, a sistemas inform¨¢ticos de empresas de seguros y de banca. "Doy orientaci¨®n estrat¨¦gica y voy a aprender. Pagar¨ªa por asistir", asegura Ar¨ªstegui.
Otro caso de hiperactividad es el socialista Juli Fern¨¢ndez Iruela: concejal de Palafrugell (Girona), consejero de la Asamblea General de Caixa de Girona, director y administrador de Senconfis Asesor¨ªa (consultora de empresas) y socio administrador de Audir (prevenci¨®n de riesgos laborales).
En el listado hay un ¨¢rbitro de tenis, Gabriel Mato, y un diputado que recibe la pensi¨®n de ex comisario europeo, Pedro Solbes. Tres diputadas cobran pensi¨®n de viudedad; uno tiene invalidez permanente y absoluta y es alcalde de Don Benito (Badajoz) y otro tiene pensi¨®n de gran invalidez.
MANUEL PIZARRO: El m¨¢s activo y con m¨¢s dietas
La declaraci¨®n del portavoz del PP en la Comisi¨®n Constitucional incluye su participaci¨®n en las academias de Jurisprudencia y Legislaci¨®n, de Ciencias Acad¨¦micas y Financieras, la Aragonesa de Jurisprudencia y Legislaci¨®n y la Militar de Zaragoza. Tambi¨¦n, la Real Sociedad Econ¨®mica Aragonesa de Amigos del Pa¨ªs, la Instituci¨®n Fernando el Cat¨®lico, el Real Instituto de Estudios Europeos, la presidencia de honor de Ibercaja y Endesa, la Real Sociedad Geogr¨¢fica, la presidencia de la Fundaci¨®n Ibercaja, el Consejo Asesor del Instituto de Estudios Europeos y el Centro de Estudios Garrigues. En junio dijo que eran cargos "honor¨ªficos, sin percibir por ninguno remuneraci¨®n". Nueve meses despu¨¦s, precis¨®: "Es posible que en alguna de ellas perciba dietas por asistencia". Y a?adi¨® su participaci¨®n en FAES, Aranzadi y la Fundaci¨®n de Estudios Financieros.
J. M. MICHAVILA: Despacho con letrados investigados
El despacho Eius Abogados, en el que trabaja el diputado del PP, tiene m¨²ltiples contratos con ayuntamientos, aunque ¨¦l no figure directamente en ning¨²n contrato o pleito. De hecho, el secretario general del Congreso, Manuel Alba, tiene abierta una investigaci¨®n a dos abogados de ese despacho, que son letrados de la C¨¢mara y que, pese a tener igual limitaci¨®n legal, s¨ª han defendido y asesorado a consistorios. Dos de esos ayuntamientos, Pozuelo y Boadilla del Monte, son investigados por el juez Baltasar Garz¨®n por su relaci¨®n con una trama corrupta.
El informe aprobado el jueves le autoriza a ser "coadministrador solidario de la Sociedad Limitada Michavila de Fernando, Family Office, que tiene por objeto asesorar, en su caso desde el punto de vista jur¨ªdico, a familias en la mejor gesti¨®n de su patrimonio".
M. ARIAS CA?ETE: Pregunta por el sector en el que interviene
El diputado del PP est¨¢ autorizado para ejercer como abogado para asesorar a una empresa de head hunters (Bao & Partners Siguives Internacional) y, sobre todo, para presidir Petrol¨ªfera Ducar cuya actividad es "almacenamiento, compraventa y distribuci¨®n de combustibles l¨ªquidos y sus derivados en Ceuta y Melilla, as¨ª como la gesti¨®n de Parques de Almacenamiento de Productos Petrol¨ªferos".
Asegura que su empresa, establecida en el puerto de Ceuta, no tiene relaci¨®n con el sector p¨²blico "ni directa, ni indirectamente". La web incluye instalaciones en Las Palmas, donde distribuye combustible.
El pasado mes de septiembre pregunt¨® al Gobierno por escrito en el Congreso: "?En qu¨¦ volumen eval¨²a el Gobierno las p¨¦rdidas anuales de nuestra red de transporte y distribuci¨®n de energ¨ªa?". Tambi¨¦n se interes¨® por las ayudas a "las empresas de servicios energ¨¦ticos" y ha preguntado reiteradamente el ministro de Industria por las medidas de ahorro energ¨¦tico. Ese ahorro afectar¨ªa a las ventas de su empresa.
F. L?PEZ-AMOR: Gestiona los derechos del f¨²tbol
Es abogado y consejero de Bodegas Fuenmayor, S.A., aunque en esta ¨²ltima actividad asegura que no recibe retribuci¨®n.
El diputado del PP fue director general de RTVE y ahora el Congreso le ha autorizado para ser consejero de la sociedad Grupo Santa M¨®nica Sports S.R.L., dedicada a explotaci¨®n comercial de los derechos del f¨²tbol y de la publicidad en estadios y de clubes de f¨²tbol. Tambi¨¦n se compromete a no tener relaciones con administraciones p¨²blicas.
En la web de esta empresa se explica que tiene en exclusiva los derechos de 10 equipos de primera divisi¨®n y de la Federaci¨®n Espa?ola de F¨²tbol. Entre las televisiones que se los compran est¨¢n RTVE y las auton¨®micas. Por ejemplo, todos los partidos de la selecci¨®n espa?ola de f¨²tbol que emite la televisi¨®n p¨²blica. Los dict¨¢menes impiden a diputados cobrar de televisiones p¨²blicas por participar en sus tertulias, pero no impiden que la empresa que ha fichado a L¨®pez-Amor firme contratos millonarios con entes p¨²blicos.
M. ?NGEL CORT?S: Empresa cultural junto al Congreso
Es uno de los diputados que declaran m¨¢s actividad, centrada en el Cultura. Es diputado del PP y fue secretario de Estado de Cultura.
Desde junio tiene autorizada la actividad de administrador ¨²nico de la sociedad limitada Bajoz Mercantil, cuyo objeto social, seg¨²n el dictamen, es: "Investigaci¨®n, estudio, direcci¨®n, desarrollo de planes y proyectos, consultor¨ªa, asesoramiento y prestaci¨®n de servicios en materia cultural, pedag¨®gica, literaria y art¨ªstica; organizaci¨®n de seminarios, conferencias, eventos, espect¨¢culos y actos de difusi¨®n; formaci¨®n de personal y perfeccionamiento profesional; representaci¨®n, promoci¨®n y consultor¨ªa; comercializaci¨®n, importaci¨®n y exportaci¨®n de obras de arte y antig¨¹edades y compra venta de toda clase de inmuebles". Tiene vetado contratar con la Administraci¨®n. Se constituy¨® en 2007 y recientemente elimin¨® del objeto social la frase "explotaci¨®n y comercializaci¨®n de concesiones administrativas".
La empresa tiene la sede junto al Congreso, para facilitar su compatibilidad.
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