Imputados por corrupci¨®n un edil del PP y un asesor de Fern¨¢ndez D¨ªaz

El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 9 de Barcelona ha imputado a dos destacados militantes del PP de Barcelona por los supuestos delitos de cohecho, prevaricaci¨®n y tr¨¢fico de influencias. Uno de ellos es asesor del presidente del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Barcelona y ex l¨ªder regional del partido en Catalu?a, Alberto Fern¨¢ndez D¨ªaz. El segundo es concejal del equipo de gobierno de Vallirana (Baix Llobregat), poblaci¨®n en la que encabez¨® la candidatura en las ¨²ltimas elecciones locales.

La querella ha sido presentada por la propietaria de un bar de Barcelona a la que se concedi¨® el permiso de apertura del establecimiento despu¨¦s de pagar presuntamente 6.000 euros a ambos militantes para que agilizaran los tr¨¢mites administrativos. Cuando al parecer se neg¨® a abonar m¨¢s dinero, el Ayuntamiento le precint¨® el bar alegando que no cumpl¨ªa la distancia m¨ªnima de separaci¨®n con otro establecimiento del mismo tipo, en concreto le faltaban seis cent¨ªmetros. Un primer informe de los t¨¦cnicos municipales, realizado un a?o antes y que ahora no aparece, verific¨® que la distancia era la legal, 25 metros (v¨¦ase la fotograf¨ªa adjunta). Por este motivo, la querella se ampl¨ªa contra la gerente del distrito de Gr¨¤cia y un funcionario t¨¦cnico.

La denunciante pag¨® 6.000 euros a Bel¨®n y Penalba por sus gestiones

El asesor municipal del PP es Alberto Bel¨®n Garc¨ªa, que adem¨¢s ocupa el cargo de consejero en el distrito de Gr¨¤cia, barrio donde se ubica el bar objeto de la querella y en el que forma parte de la Comisi¨®n Consultiva de Urbanismo. Bel¨®n envi¨® un fax desde el propio Consistorio, con membrete del PP, a los propietarios del establecimiento adjunt¨¢ndoles las alegaciones que present¨® para obtener el permiso de apertura del local.

El otro imputado es Antonio Penalba Fern¨¢ndez, asesor de profesi¨®n y miembro del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vallirana. Los otros imputados son la gerente del Consistorio barcelon¨¦s en el distrito de Gr¨¤cia, Mar¨ªa Carmen Fern¨¢ndez Gonz¨¢lez, y Josep Serrano Jornet, un funcionario t¨¦cnico.

En la querella se expone que a finales de febrero de 2008, poco antes de las elecciones generales, la propietaria del bar se entrevist¨® con el entonces secretario del PP en Catalu?a, Rafael Luna, en su despacho del Parlament, para quejarse de la actuaci¨®n de Bel¨®n y Penalba. Durante esa entrevista Luna recibi¨® una llamada de Alberto Fern¨¢ndez D¨ªaz para interesarse por el caso, extremo que Luna admite, seg¨²n coment¨® ayer un portavoz oficial del partido. Luna, seg¨²n consta en la querella y reconoce el PP, recomend¨® a la propietaria del local que si exist¨ªa alg¨²n hecho delictivo, lo denunciara ante los tribunales, y ¨¦sta as¨ª lo hizo.

Los hechos que investigar¨¢ ahora el juzgado se remontan a diciembre de 2006, cuando Mar¨ªa Iciar Fern¨¢ndez alquil¨® un local en la Travessera de Dalt de Barcelona para instalar un establecimiento de restauraci¨®n, Store Caf¨¦. Tras una primera inspecci¨®n del funcionario Josep Serrano Jornet, el distrito de Gr¨¤cia le deneg¨® la apertura por la existencia de otro establecimiento de las mismas caracter¨ªsticas a menos de 25 metros. Los abogados de la perjudicada alegan que esta normativa no entr¨® en vigor hasta dos a?os despu¨¦s.

Fue entonces cuando, siempre seg¨²n la querella, Antonio Penalba y Alberto Bel¨®n se pusieron en contacto con la propietaria para, a cambio de 18.000 euros, resolverle los problemas administrativos. Iciar Fern¨¢ndez s¨®lo pag¨® 6.000 con un pagar¨¦.

El Ayuntamiento de Barcelona acept¨® finalmente las alegaciones presentadas por Bel¨®n y confirm¨® que la distancia entre ambos bares era de 25 metros -la legalmente establecida-, seg¨²n verificaron el "jefe del departamento de licencias e inspecci¨®n y la directora de los servicios t¨¦cnicos".

Un a?o m¨¢s tarde, el Ayuntamiento rectific¨® este c¨¢lculo y acept¨® las mediciones presentadas por el propietario del otro bar, denominado Mylka, que no alcanzaban los 25 metros. El distrito de Gr¨¤cia opt¨® entonces por precintar el local Store Caf¨¦, de la denunciante. Seg¨²n ¨¦sta, los problemas empezaron cuando se neg¨® a pagar m¨¢s dinero a Bel¨®n y Penalba. Al final, realiz¨® obras en el local para cambiar la puerta de acceso e incrementar as¨ª la separaci¨®n entre locales. Pero el Ayuntamiento insiste en que todav¨ªa le faltan seis cent¨ªmetros para respetar la distancia legal.

La admisi¨®n de la querella contra estos dos militantes del PP se suma ahora al proceso penal que tramita el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 33 de Barcelona y en el que est¨¢n imputados, entre otros, el abogado Fernando Mart¨ªnez, ex vicepresidente del PP en Barcelona y presidente del comit¨¦ de garant¨ªas hasta el congreso regional del partido celebrado el pasado oto?o.