La estrategia del choque entre culturas

La Audiencia deber¨¢ pronunciarse el lunes sobre el mantenimiento en prisi¨®n de Mokhtar Salem, de 41 a?os, el mauritano con el que la menor contrajo matrimonio en Guerou, a 500 kil¨®metros al sureste de Nuakchot, durante las vacaciones de 2006. A la vuelta de un viaje a Alemania, en la primavera de 2007, Salem visit¨® a su esposa, mantuvo relaciones sexuales con ella y, a la ma?ana siguiente, la menor le denunci¨® en la comisar¨ªa de Puerto Real a ¨¦l y a sus padres.

La detenci¨®n y el juicio de los progenitores mauritanos han sido seguidos de cerca en su pa¨ªs de origen. El im¨¢n de la principal mezquita de Nuakchot lanz¨® un llamamiento a las autoridades espa?oles para que sean comprensivas con una familia que no ha hecho m¨¢s que aplicar la sharia, la ley isl¨¢mica. Un representante de la embajada mauritana se desplaz¨® a C¨¢diz para asistir al juicio.

Senadores y abogados se movilizaron con cartas y peticiones, pero la familia no logr¨® que el actual jefe de Estado, general Ould Abdelaziz, ni su predecesor, Sidi Ould Cheikh Abdellahi, que goza de un cierto prestigio internacional, intercediesen por ellos. Los v¨ªnculos econ¨®micos con Espa?a tienen demasiado peso como para ponerlas en riesgo por un asunto particular.

La familia de la menor busca lo contrario. Para intentar que en Espa?a se entiendan sus actos en relaci¨®n con su hija, siempre han apelado a motivos culturales. La legitimidad la buscan en sus tradiciones, en la manera en la que se han llevado las relaciones humanas en su pueblo desde siglos atr¨¢s.

La dureza de la condena a 17 a?os de prisi¨®n dictada para la madre -aunque a¨²n no sea firme- y el encierro de Salem se percibe como un ataque a una comunidad, no como el castigo a unos delitos que ellos se niegan a reconocer. El pasado martes, los acompa?antes de los padres de la menor a la Audiencia Provincial de C¨¢diz ondeaban pancartas con lemas escritos en los que se ped¨ªa respeto.

Se exig¨ªa que se aceptaran sus costumbres y sus h¨¢bitos de relaci¨®n. Todas estas personas residen en Espa?a desde hace bastante tiempo, sus hijos se educan en colegios espa?oles y aseguran estar adecuadamente integrados en la sociedad espa?ola y andaluza. Un hecho que est¨¢ ahora amenazado por la ignorancia voluntaria de la leyes espa?olas y la intenci¨®n de convertir su caso en un choque entre culturas.