Garz¨®n incorpora al 'caso G¨¹rtel' informes de la Sindicatura

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n ha solicitado a Comprom¨ªs -grupo parlamentario del que forman parte Iniciativa del Poble Valenci¨¤ y Bloc- que le env¨ªe los informes de la Sindicatura de Comptes en los que basa su denuncia al Consell por ocultar informaci¨®n sobre el destino de 900 millones en el presupuesto de 2008 y la sospecha de que tal ocultaci¨®n podr¨ªa ser un indicio de financiaci¨®n ilegal del PP. Garz¨®n incorporar¨¢ estos informes a las diligencias del caso G¨¹rtel al se?alar M¨°nica Oltra, portavoz de Comprom¨ªs en las Cortes Valencianas, la coincidencia entre algunas de las empresas adjudicatarias de contratos por parte de la Administraci¨®n valenciana y las que investiga el magistrado como parte de la trama que salpica al PP.

Comprom¨ªs envi¨® un escrito al juez el 27 de febrero denunciando la opacidad de la Generalitat y "la utilizaci¨®n abusiva" de contratos que escapan al control de la oposici¨®n.

"?En qu¨¦ se han gastado la partida de gastos diversos para asistencias t¨¦cnicas que se han disparado hasta 1.627 millones de euros en los tres ¨²ltimos a?os?", pregunt¨® Oltra el 2 de marzo al Consell nada m¨¢s estallar el caso G¨¹rtel. La respuesta fue, una vez m¨¢s, la utilizaci¨®n de la Sindicatura de Comptes como escudo defensivo de la legalidad administrativa.

Garz¨®n contest¨® el 25 de marzo, cuando a¨²n no se hab¨ªa inhibido del caso, y la respuesta lleg¨® ayer al grupo parlamentario que lidera Oltra. La portavoz asegur¨® que esta petici¨®n, unida a la demanda de la fiscal¨ªa de que Camps y Costa sean interrogados por los trajes, supone que el juzgado "avanza en investigar" sus sospechas respecto a que "tanto Camps como Costa pueden estar implicados en una trama de financiaci¨®n irregular".

Pasa a la p¨¢gina 3En su escrito a Garz¨®n, Comprom¨ªs se queja de que el Consell no ha respondido, a pesar de las numerosas preguntas parlamentarias, sobre qui¨¦n, c¨®mo y en concepto de qu¨¦ se han gastado 900 millones de euros en 2008. El grupo alude a la pr¨¢ctica extendida en la Administraci¨®n del Consell de realizar numerosos contratos menores, cuyo l¨ªmite en la legislaci¨®n valenciana es de 30.050 euros para los contratos de obras y de 12.020 euros para los de suministros, servicios y otros. Este sistema exige de un control parlamentario exhaustivo para constatar el destino y uso de estos fondos, sostiene Comprom¨ªs.

Las preguntas remitidas por M¨°nica Oltra al Consell se cuentan por decenas y van dirigidas a las distintas consejer¨ªas del Gobierno valenciano. En todas ellas se reclama informaci¨®n sobre la aplicaci¨®n econ¨®mica 226 (gastos diversos) y la 227 (trabajos realizados por otras empresas y profesionales) para conocer el destino dado por los distintos departamentos de la Generalitat a las partidas dirigidas a asistencias t¨¦cnicas. Y en todos los casos, las solicitudes de informaci¨®n chocan una y otra vez con un muro infranqueable: la negativa del Consell a ofrecer informaci¨®n.

La falta de transparencia se ha convertido en una constante del Gobierno de Francisco Camps en su relaci¨®n con los grupos de la oposici¨®n. El f¨¦rreo apag¨®n informativo al que el Consell somete a la oposici¨®n se ha convertido en su principal instrumento para impedir cualquier intento de control parlamentario.

No sucede lo mismo en otras autonom¨ªas, como Catalu?a. Hace un a?o, el portavoz popular en el Parlament, Daniel Sirera, reclam¨® al Govern que preside el socialista Jos¨¦ Montilla "los estudios, trabajos t¨¦cnicos, documentos e informes encargados a personas ajenas a la Administraci¨®n en 2007". En su contestaci¨®n, el Ejecutivo catal¨¢n ofreci¨® la informaci¨®n que se le reclamaba, lo que dio pie a un esc¨¢ndalo, porque la contestaci¨®n desvel¨® que m¨¢s de un millar de informes fueron adjudicados a personas afines al tripartito que gobierna en Catalu?a.

La misma pregunta que hizo Sirera la formul¨® hace unos meses el diputado socialista Jos¨¦ Camarasa en el hemiciclo valenciano, pero con un resultado bien distinto. Tras una solicitud de pr¨®rroga, el Consell respondi¨® que todos estos informes y documentos han sido objeto de fiscalizaci¨®n por parte de la Sindicatura de Comptes, que act¨²a por delegaci¨®n de las Cortes, y dicha fiscalizaci¨®n ha sido rendida ante la C¨¢mara a trav¨¦s de un informe. "Como bien sabe su se?or¨ªa corresponde a la Sindicatura de Cuentas, por delegaci¨®n de las Cortes", repite machaconamente el Consell en sus respuestas. De poco ha servido que informes del ¨®rgano fiscalizador aludan -tras una fiscalizaci¨®n aleatoria de estos contratos- a la falta de rectitud de algunos de ellos, record¨® ayer Oltra.

Comprom¨ªs insiste por ¨²ltimo en su escrito a Garz¨®n de finales de febrero en la coincidencia entre algunas empresas adjudicatarias de este tipo de contratos con las investigadas por la Audiencia Nacional y que tambi¨¦n han trabajado habitualmente con el PP de la Comunidad Valenciana. La formaci¨®n enviar¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas los informes de la Sindicatura desde el a?o 2003, avanz¨® Oltra.

La petici¨®n de Garz¨®n llega un d¨ªa despu¨¦s del informe de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, que ha pedido al Tribunal Superior de Justicia valenciano que interrogue al presidente Camps y a su n¨²mero dos en el partido, Ricardo Costa, a cuenta de los trajes regalados por la red corrupta. Costa, que acompa?¨® ayer portavoz del Grupo Popular Europeo y candidato del PP a las elecciones europeas, Jaime Mayor Oreja, en su visita a Valencia, dijo que tanto ¨¦l como Camps est¨¢n a disposici¨®n de los tribunales y que esperan que el caso se resuelva cuanto antes. "Las acusaciones que se vierten son absolutamente falsas e infundadas", subray¨® el dirigente popular. Camps, que acompa?¨® m¨¢s tarde al cabeza de lista a las europeas del PP, no hizo declaraciones.

Mayor Oreja pidi¨® que no se realicen juicios paralelos a los del sistema judicial. "Tengamos confianza en la Justicia para aceptar con normalidad las decisiones que adopte", dijo.

Para el delegado del Gobierno, que tambi¨¦n habl¨® ayer del caso, parece claro que el presidente Camps no pag¨® los trajes que supuestamente recibi¨® de Orange Market, pues "todav¨ªa no ha presentado las facturas que acreditan su compra".