El Supremo carga sobre los obispos las indemnizaciones a sus docentes

La Generalitat de Catalu?a le dijo hace cuatro a?os a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que estaba harta de "apechar con las consecuencias" de la conducta del Episcopado hacia los profesores de catolicismo despedidos de forma ilegal. No volver¨¢ a ocurrir. El Supremo acaba de dictar dos sentencias de "unificaci¨®n de doctrina" concluyendo que "la responsabilidad frente al trabajador [despedido sin motivo] corresponde tambi¨¦n a la autoridad eclesi¨¢stica", no s¨®lo a la Administraci¨®n que ejecut¨® los deseos del prelado de turno. El Episcopado deber¨¢ hacer frente en los pr¨®ximos meses a indemnizaciones por "da?os morales" a sus docentes que suman ya varios cientos de miles de euros.

"Ninguna confesi¨®n o grupo puede colocarse por encima de la Constituci¨®n"

El disgusto de la Generalitat se refer¨ªa a la indemnizaci¨®n que deb¨ªa pagar a un profesor apartado de su empleo tras haber acudido a la justicia en un litigio por el l¨ªmite de su jornada. Esta vulneraci¨®n del derecho constitucional a la tutela judicial fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, que, sin embargo, absolvi¨® al Arzobispado de Barcelona con el argumento de que las competencias para despedir y contratar a esos docentes corresponden en exclusiva a la Administraci¨®n, aunque sea cada obispo quien los elija o imponga.

La Generalitat acudi¨® al Supremo con la queja de que no deber¨ªa "apechar" con esas decisiones eclesi¨¢sticas, pero el alto tribunal confirm¨® las sentencias de instancia en su totalidad.

En esta ocasi¨®n, dos sentencias de la Sala de lo Social del Supremo, presidida por Gonzalo Moliner Tamborero, confirman los criterios reiterados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En esa comunidad, desde hace casi una d¨¦cada, el Obispado y la Consejer¨ªa de Educaci¨®n regional vienen despidiendo curso tras curso a una docena de docentes por haber participado en una huelga legal o por hacer declaraciones a la prensa, con disgusto de sus superiores. Algunos ya han ganado hasta ocho demandas judiciales consecutivas, una por curso.

Lo que ahora confirma el Tribunal Supremo es este criterio del Superior canario, al rechazar sendos recursos de la Consejer¨ªa de Educaci¨®n contra dos sentencias de los juzgados de lo Social n¨²mero 2 y 5 de Las Palmas en favor de las profesoras Araceli del Carmen G¨®mez Ja¨¦n y Margarita P¨¦rez Eguiagaray, respectivamente.

Dice el Superior canario: "La conducta del Obispado que no renueva los contratos a algunos de sus profesores por ejercitar un derecho fundamental merece un reproche jur¨ªdico absoluto, pues atenta directamente contra derechos y libertades que forman parte del n¨²cleo b¨¢sico y duro de los derechos fundamentales, en concreto, de los previstos en los art¨ªculos 14 a 28 del citado cuerpo normativo".

A?ade el fallo judicial, sobre la tesis episcopal de que su trato a los docentes de catolicismo est¨¢ amparado por los Acuerdos entre Espa?a y el Estado de la Santa Sede, de 1979: "Ninguna confesi¨®n, grupo, persona f¨ªsica o jur¨ªdica, Administraci¨®n P¨²blica o Corporaci¨®n puede pretender colocarse por encima de los derechos constitucionales, pretextando normas o tratados que al ser normativa de derecho espa?ol est¨¢n sometidos al imperio de la Constituci¨®n y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional".

El Superior de Justicia de Canarias alude tambi¨¦n "a la reiteraci¨®n de dicho comportamiento". Dice: "Hay que concluir que no se trata de actos aislados, sino de un comportamiento reflexivo, consciente y voluntario, dirigido a la eliminaci¨®n de los trabajadores conflictivos, con desprecio absoluto de los derechos fundamentales de ¨¦stos, vulnerados a?o tras a?o pese a la reiteraci¨®n de pronunciamientos judiciales".

Concluye el tribunal que "responsable de la indemnizaci¨®n ha de ser exclusivamente el Obispado", estimando as¨ª el recurso de la Consejer¨ªa de Educaci¨®n en el mismo sentido. Las indemnizaciones fijadas "por da?os morales y perjuicios" ascienden ya, en diferentes causas de despido, a unos 300.000 euros, adem¨¢s del pago de los salarios atrasados. Hay un docente, Mart¨ªn Domingo Su¨¢rez Quesada, que cobrar¨¢ en breve 90.000 euros por su quinto despido consecutivo.

Los magistrados Aurelio Desdentado Bonete y Mariano Sampedro Corral han sido los ponentes de las dos sentencias del Tribunal Supremo que confirman el criterio del Superior canario, unificando tal doctrina.

Despu¨¦s de casi una d¨¦cada de lucha, los sindicatos de docentes religiosos que han encabezado esta revuelta -la Federaci¨®n Estatal de Profesores de Religi¨®n (FEPER), y la Confederaci¨®n Canaria de Trabajadores (CCT)- est¨¢n euf¨®ricos. Creen ver ya el final de sus sinsabores. "Es el fracaso de una pol¨ªtica represiva, que no para de vulnerar nuestra dignidad personal y profesional", sostiene Rafael Ram¨ªrez, l¨ªder de la CCT y ¨¦l mismo victorioso en tres procesos.

Luis Guridi, vicepresidente de FEPER, afirma: "La jerarqu¨ªa ha pagado ya, o tiene que pagar, del bolsillo de los cat¨®licos 310.000 euros por su actitud de desacato continuado a la justicia. Estas sentencias hacen pura y simplemente justicia. Nos preguntamos si no tienen la Justicia o el Poder Judicial medios para obligar al cumplimiento y ejecuci¨®n total de las sentencias, y para que no se repitan las mismas circunstancias de atropello".

Guridi cree que los obispos hacen "una interpretaci¨®n torticera de los Acuerdos Espa?a-Vaticano, lo que conduce a tan grandes arbitrariedades". Pide al Gobierno socialista "la urgente modificaci¨®n de esos acuerdos con la Santa Sede y que el Congreso de los Diputados promueva una nueva Ley de Libertad Religiosa acorde con la sociedad y con la Constituci¨®n".

El conflicto del episcopado con sus docentes en la escuela p¨²blica (unos 15.000 en toda Espa?a, a sueldo del Estado como personal laboral elegido por los obispos) tiene una derivaci¨®n curiosa en la Comunidad Valenciana. All¨ª, los docentes de catolicismo han sido contratados como funcionarios interinos. Sus conflictos se dirimen, por tanto, en los juzgados de lo Contencioso Administrativo. Es el caso de Elisa Julia Garc¨ªa, que mantiene un largo y complicado pleito con la Generalitat y el Arzobispado por una contrataci¨®n a tiempo completo en litigio. Guridi sostiene que este caso "es una prueba m¨¢s de que la nueva Ley de Educaci¨®n, la LOE, tampoco ha sabido resolver un conflicto que dura ya d¨¦cadas".