Louz¨¢n oculta el expediente de la obra certificada en falso

El presidente de la Diputaci¨®n Provincial de Pontevedra, Rafael Louz¨¢n, est¨¢ impidiendo la consulta del expediente de la obra "variante de acceso a Lira", certificada en falso con las firmas de su director, Baltasar Pujales, y el ex director de Infraestructuras de la Diputaci¨®n, Agust¨ªn Hern¨¢ndez, actual conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. El Grupo Socialista de la Diputaci¨®n solicit¨® formalmente el expediente a Louz¨¢n la semana pasada. Ayer se cumplieron los cinco d¨ªas que marca la Ley de R¨¦gimen Local para que autorizara o denegara el acceso solicitado: Louz¨¢n no se pronunci¨® en ning¨²n sentido, pero el expediente sigui¨® inaccesible para los diputados. El presidente de la Diputaci¨®n lo mantiene bajo su tutela desde que el BNG denunci¨® las presuntas irregularidades.

"Es un elemento m¨¢s en los intentos del PP de ocultaci¨®n de ese expediente concreto y, desde luego, alienta las sospechas de que en ¨¦l hay gato encerrado", afirm¨® ayer el secretario provincial del PSdeG, Modesto Pose. Los diputados, record¨®, tienen derecho de acceso a todos los expedientes y los socialistas consideran ya la opci¨®n de acudir a los tribunales si el presidente de la Diputaci¨®n persiste en negarles la consulta.

Hern¨¢ndez, como director de Infraestructuras de la Diputaci¨®n, firm¨® en diciembre pasado el conforme en la certificaci¨®n de la obra de la variante de Lira, en Salvaterra de Mi?o, "para no perder la subvenci¨®n" (50%) del Ministerio de Administraciones P¨²blicas, que ya hab¨ªa concedido dos pr¨®rrogas, hasta 31 de diciembre de 2008, para acabar la obra. Con esa certificaci¨®n y la presentaci¨®n de unos avales, la adjudicataria de la obra, Sercoysa, empresa de la que Hern¨¢ndez fue director de construcci¨®n y apoderado antes de ocupar su cargo en la Diputaci¨®n, pudo cobrar 331.000 euros pese a que la obra apenas est¨¢ iniciada.

Desde el PP se ha insistido en que el procedimiento administrativo fue "correcto" y "habitual" en todas las administraciones para no perder subvenciones. El propio Louz¨¢n, para ilustrarlo, se?al¨® dos casos an¨¢logos de los ayuntamientos de Cangas y Pontevedra, los cuales, sin embargo, resultan poco afortunados para subrayar la "normalidad" del procedimiento de Salvaterra.

Contradictorio

En Pontevedra, con subvenci¨®n de la Conseller¨ªa de Vivenda, el Ayuntamiento adjudic¨® unas obras en el entorno de Santa Mar¨ªa por 2,3 millones de euros y dos d¨ªas despu¨¦s, en diciembre de 2006, se certific¨® un acopio de materiales que permiti¨® a la adjudicataria cobrar 801.000 euros. La operaci¨®n, seg¨²n fuentes municipales, fue "absolutamente legal" y lo certificado se situ¨® dentro del porcentaje permitido sobre el importe de la obra.

En Cangas, el asunto est¨¢ judializado por demanda de todos los concejales del PP, lo que contradice el criterio de "pr¨¢ctica habitual" que el partido aplica al caso de Salvaterra. En Cangas se certific¨® en diciembre pasado la primera fase (movimiento de tierras y canalizaci¨®n: 30.000 euros) de una pista de skate presupuestada en 104.000 euros, con subvenci¨®n bianual de la Conseller¨ªa de Cultura. Los concejales del PP no vieron m¨¢quinas que hicieran el movimiento de tierras y el 13 de abril la t¨¦cnica que certific¨® la obra prest¨® declaraci¨®n ante el fiscal. La pista est¨¢ ya construida del todo.