El juez investiga el supuesto uso de fondos p¨²blicos en el caso del espionaje

El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de Madrid ha incoado diligencias previas por "un presunto delito de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos". Es la respuesta judicial a la denuncia presentada por el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo (PP), n¨²mero dos de Alberto Ruiz-Gallard¨®n, el pasado 20 de febrero. Cobo denunci¨® tras destapar EL PA?S el espionaje supuestamente cometido por funcionarios de la Consejer¨ªa de Interior de la Comunidad de Madrid en abril y mayo de 2008 contra el vicealcalde y contra Alfredo Prada, entonces consejero de Justicia y vicepresidente segundo del Gobierno de Esperanza Aguirre. El juez investigar¨¢ tambi¨¦n el seguimiento a Prada, quien present¨® denuncia ante la fiscal¨ªa.

Con su decisi¨®n de abrir diligencias por un supuesto delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, el juez no s¨®lo da paso a una investigaci¨®n en toda regla sobre el espionaje a ambos pol¨ªticos, sino que pone el foco de la sospecha en la posible procedencia p¨²blica de los fondos que sustentaron dicha actividad y su supuesta vinculaci¨®n con la Comunidad de Madrid.

Los seguimientos a Cobo y Prada se desarrollaron en los meses previos al congreso del PP en Valencia de junio de 2008. En dicho congreso, la presidenta madrile?a amag¨® con disputar a Mariano Rajoy el tim¨®n del PP. Ambos espiados, Cobo y Prada, son afines a Rajoy y contrarios a Aguirre. Prada fue apartado del Gobierno de Madrid y ahora es responsable del PP en el exterior.

Hay un segundo frente de la justicia en el caso del espionaje: el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix. A lo largo de cinco meses ha impulsado una discreta investigaci¨®n policial -tan sigilosa que ha sido malinterpretada como pasividad-, tras recibir las denuncias de Prada y de Cobo (quien luego acudi¨® a los juzgados).

Moix, con una unidad de ¨¦lite policial a sus ¨®rdenes, ha acumulado medio millar de folios de pesquisas. Lejos de pedir el archivo de la causa por no hallar veros¨ªmil o delictivo lo denunciado, lo ha indagado a fondo y ahora ha incorporado sus actuaciones al Juzgado n¨²mero 5 de Madrid, dada la conexi¨®n de ambas causas. En estos meses de investigaci¨®n policial han sido interrogados diversos funcionarios de la Consejer¨ªa de Interior se?alados como los presuntos autores materiales del espionaje. Todos lo han negado.

Como no es el espionaje en s¨ª el delito de la causa actual, sino su financiaci¨®n, el papel de los posibles ejecutores de los seguimientos no acarrear¨ªa, salvo sorpresa, problema legal. Ahora bien, si a lo largo del proceso que ahora se abre por supuesta malversaci¨®n de fondos p¨²blicos se demostrase que esos ejecutores han mentido, su situaci¨®n penal se agravar¨ªa. Y podr¨ªan incurrir en delito por su supuesta labor obstructiva. El abanico de minas es amplio: que el juez compruebe que s¨ª recabaron unas matr¨ªculas que no ten¨ªan por qu¨¦ identificar y que investigaron un d¨ªa s¨ª y otro tambi¨¦n para saber qui¨¦nes eran interlocutores de Prada; que, en contra de su versi¨®n inicial, s¨ª estuviesen en los escenarios donde fueron espiados Prada o Cobo; que documentaci¨®n interna de la consejer¨ªa acredite unos desplazamientos o gastos de tales funcionarios s¨®lo explicables en funci¨®n de tales actividades ilegales; o el relato como testigo protegido de otros funcionarios.

Y, por ¨²ltimo, que se realice, como se prev¨¦, un cotejo pericial de la graf¨ªa de los 35 partes de seguimiento con la letra de la media docena de funcionarios de la Consejer¨ªa de Interior sospechosos de haber participado en el espionaje a cargos p¨²blicos. No en vano, la polic¨ªa ya tiene en su poder los partes originales, imprescindibles para hacer una pericial caligr¨¢fica.