El Congreso limita de tapadillo la justicia universal

La jurisdicci¨®n universal en Espa?a tiene los d¨ªas contados. PSOE y PP han aprovechado un proyecto de ley en tr¨¢mite en el Congreso para poner coto inmediato y por la puerta de atr¨¢s a la actuaci¨®n de los jueces de la Audiencia Nacional fuera de territorio espa?ol. La reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial se ha colado por sorpresa en las enmiendas al Proyecto de Ley de Reforma de la Legislaci¨®n procesal para la implantaci¨®n de la Oficina Judicial.

Esta norma se refiere al funcionamiento de los juzgados y estaba atascada en la Comisi¨®n de Justicia desde finales del a?o pasado. Las enmiendas conjuntas servir¨¢n tambi¨¦n para incluir las principales reivindicaciones de los jueces para evitar la huelga del 25 de junio. Por ejemplo, para que los secretarios judiciales no adquieran la capacidad de se?alar las vistas y los jueces mantengan esta competencia, tal y como exig¨ªan las asociaciones.

La reforma legal afectar¨¢ a las causas sobre Israel y China

Una de las enmiendas modifica el art¨ªculo 23 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial para que los jueces no act¨²en en procedimientos sin conexi¨®n con Espa?a, es decir, aquellos en los que no haya espa?oles afectados como v¨ªctimas o como presuntos autores. "Sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados y convenios internacionales suscritos por Espa?a para que puedan conocer los tribunales espa?oles deber¨¢ quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en Espa?a o que existen v¨ªctimas de nacionalidad espa?ola o constatarse alg¨²n v¨ªnculo de conexi¨®n relevante con Espa?a", asegura el texto pactado.

Esa enmienda es id¨¦ntica al texto de la resoluci¨®n presentada por el PP y aceptada por el PSOE tras el debate sobre el estado de la naci¨®n que exig¨ªa al Gobierno esta reforma. Si se hubiera optado por un proyecto de ley habr¨ªa sido preciso que lo estudiara dos veces el Consejo de Ministros y que se sometiera a informes del Poder Judicial y el Consejo de Estado antes de llegar al Parlamento. Con la f¨®rmula utilizada se evita ese tr¨¢mite y puede estar en vigor antes de final de a?o.

Todos los grupos, salvo el de ERC, IU e ICV, han firmado esta enmienda. Los partidos catalanes rechazan otra que, seg¨²n aseguran, resta competencias a las autonom¨ªas sobre los dep¨®sitos judiciales. La ley en la que se incluir¨¢ esta limitaci¨®n de las competencias de la Audiencia regula, por ejemplo, el sistema de ascensos y las vacaciones de los jueces.

El acuerdo fue cerrado el mi¨¦rcoles entre el ministro de Justicia, Francisco Caama?o, y el portavoz socialista, Julio Villarrubia, con el del PP, Federico Trillo. Este ¨²ltimo volvi¨® a manifestarse ayer a trav¨¦s de un comunicado para anunciar que el acuerdo se culminar¨¢ la pr¨®xima semana. Seg¨²n el PSOE, el pacto recoge las reivindicaciones de los jueces y, por tanto, aleja definitivamente la posibilidad de una huelga.

La nueva normativa afectar¨¢ directamente a al menos cinco de los 13 casos de justicia universal abiertos actualmente en la Audiencia y que tocan singularmente a dos pa¨ªses -China e Israel- que en los ¨²ltimos meses han protestado en¨¦rgicamente por las causas por genocidio y cr¨ªmenes de guerra abiertas contra ellos. El Gobierno chino exigi¨® el pasado 7 de mayo a Espa?a que tomara medidas "inmediatas y efectivas" para que la "falsa querella" por el genocidio tibetano sea retirada con el fin de "evitar perjuicios en las relaciones bilaterales entre China y Espa?a". La ex ministra de Exteriores de Israel, Tzipi Livni, asegur¨® en enero que su hom¨®logo espa?ol, Miguel ?ngel Moratinos, le prometi¨® que se cambiar¨ªa la ley para frenar al juez despu¨¦s de que Fernando Andreu abriera una investigaci¨®n contra otro ministro israel¨ª por un bombardeo en Gaza que mat¨® a 14 inocentes, varios de ellos ni?os, en 2002.

Esto es lo que conseguir¨¢ la nueva reforma legal, seg¨²n fuentes de la Audiencia. En cuanto la norma entre en vigor, los imputados invocar¨¢n que Espa?a no es competente para procesarlos, lo que conduce irremediablemente al archivo de los casos.

Esas mismas fuentes recuerdan que la norma choca con los tratados internacionales suscritos por Espa?a sobre estos delitos, que obligan a perseguirlos. El Tribunal Constitucional asegur¨® en 2005 que, al menos uno de ellos -el convenio sobre el genocidio- contiene "una obligaci¨®n de intervenci¨®n" contra este tipo de cr¨ªmenes.