Inversi¨®n en la reforma de la justicia

Continuamente se habla de temas en apariencia independientes, como la necesidad de incrementar la inversi¨®n en tecnolog¨ªa para modernizar la econom¨ªa espa?ola y hacerla m¨¢s competitiva, y, por otra parte, la necesidad de reformar la justicia ofreciendo un mejor servicio a los ciudadanos. Si unimos ambos objetivos, surge con fuerza el inter¨¦s econ¨®mico y social de realizar una inversi¨®n importante en tecnolog¨ªa en la justicia espa?ola.

Como testimonio de la obsoleta situaci¨®n de los juzgados espa?oles est¨¢n tanto los datos num¨¦ricos de resoluci¨®n de los expedientes como la expresi¨®n gr¨¢fica de fotograf¨ªas con montones de papeles acumulados en los despachos. La excesiva duraci¨®n de la resoluci¨®n de los expedientes, los errores que permiten que algunos delitos prescriban sin haber sido resueltos y, en general, el coste econ¨®mico y social que significa para los ciudadanos y empresas espa?olas este mal funcionamiento exigen un cambio radical en el sistema judicial que es posible si se introduce la tecnolog¨ªa adecuada en el sistema judicial.

El mal funcionamiento de la justicia supone un alto coste econ¨®mico y social para empresas y ciudadanos

En el Estado hay al menos tres casos en los que una inversi¨®n importante en tecnolog¨ªa ha dado sus frutos agilizando, facilitando y abaratando los costes para los ciudadanos. Quiz¨¢ el mejor conocido por todos es el de la Agencia Tributaria, que es capaz de registrar todos y cada uno de los movimientos de los ciudadanos y empresas objetos de tributaci¨®n. La inversi¨®n en tecnolog¨ªa ha sido y contin¨²a siendo cuantiosa, pero los beneficios son claros.

Otro ejemplo es la Seguridad Social, tambi¨¦n con unos registros abultados que le permiten ofrecer al ciudadano informaci¨®n sobre su vida laboral y resolver los expedientes de desempleo y/o jubilaci¨®n con rapidez y eficacia.

El tercero es el padr¨®n de habitantes, en el que est¨¢n implicados los m¨¢s de ocho mil ayuntamientos y el Instituto Nacional de Estad¨ªstica. En ¨¦l se recogen los datos b¨¢sicos de los 46 millones de residentes en Espa?a y en el que la inversi¨®n tecnol¨®gica ha permitido mejorar notablemente con la eliminaci¨®n de duplicados entre los diferentes ayuntamientos. Estad¨ªsticamente es la envidia de pa¨ªses grandes como Francia y Alemania.

Estos registros son necesarios para ofrecer al ciudadano facilidad en los tr¨¢mites con la Administraci¨®n, siempre que sean desde el Estado. Deber¨¢ continuar la inversi¨®n en tecnolog¨ªa para mejorar la interacci¨®n con el resto de las administraciones, especialmente de las comunidades aut¨®nomas. Se da el caso de que, por ejemplo, en la sanidad p¨²blica, transferida a las comunidades aut¨®nomas, todav¨ªa se exige al ciudadano aportar el certificado de empadronamiento (del Ayuntamiento) cuando deber¨ªan poder consultar el registro para comprobar dichos datos. En el Plan e-Administraci¨®n existen proyectos importantes que deber¨ªan impulsarse presupuestariamente.

Pongo estos ejemplos para mostrar que es posible y necesario realizar esta modernizaci¨®n de los servicios p¨²blicos. Volviendo a la justicia, no es que no se haya pensado en la modernizaci¨®n de la misma. La reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial de 2003 ya establec¨ªa este objetivo. En 2008, el Consejo General del Poder Judicial establec¨ªa el plan de modernizaci¨®n de la justicia con una hoja de ruta para el periodo comprendido entre 2009 y 2011 en la que el tercer paso, e-justicia, es precisamente la introducci¨®n de las nuevas tecnolog¨ªas, donde se tiene en cuenta la necesaria interoperabilidad interna y externa, as¨ª como la necesaria transparencia del sistema.

Pero corresponde al Gobierno establecer y detallar el programa presupuestario que en el medio plazo permita realizar la inversi¨®n necesaria para alcanzar el objetivo. Existe la tecnolog¨ªa necesaria, que al partir de cero puede establecer un sistema moderno y eficiente; existen las empresas especializadas que pueden llevar a cabo los proyectos, pero es necesaria una cuantiosa inversi¨®n (probablemente mucho menor que algunas de las medidas que se est¨¢n tomando contra la crisis), y el plan deber¨ªa realizarse y presupuestarlo ya para el a?o 2010. Otro importante detalle para hacer eficaz el plan es dotar desde el principio a todos y cada uno de los trabajadores judiciales de los medios y la formaci¨®n para ir incorpor¨¢ndose al proceso con los mismos sistemas inform¨¢ticos. Esto implica un esfuerzo presupuestario en el primer periodo del plan.

Llegados a este punto, debo hacer una peque?a observaci¨®n estad¨ªstica. Cuando hablo de una inversi¨®n cuantiosa, me refiero a la necesaria (los t¨¦cnicos deben cuantificarla) para llevar a cabo el proyecto en dos o tres a?os. No nos dejemos enga?ar por las tasas de crecimiento. Un porcentaje elevado de una cantidad peque?a sigue siendo una cantidad peque?a. Si apenas se ha invertido en tecnolog¨ªa en el a?o anterior, aumentar un 40% o 50% en el pr¨®ximo presupuesto no es casi nada.

El dinero gastado en tecnolog¨ªa, adem¨¢s de ir en la direcci¨®n correcta, supondr¨ªa un bien econ¨®mico y social del que se beneficiar¨ªan todos los ciudadanos y empresas, y estoy segura de que tambi¨¦n se beneficiar¨ªan los jueces, magistrados y todo el personal judicial, aunque indudablemente todos tendr¨¢n que hacer un esfuerzo en formaci¨®n para que el sistema funcione.

Carmen Alcaide es economista y ex presidenta del INE.