?Es posible un consenso sobre los conceptos?

Hace unos meses, el Gobierno encarg¨® a un grupo de expertos la redacci¨®n de un borrador de modificaci¨®n de las condiciones por las que se regula la interrupci¨®n voluntaria del embarazo.

Su trabajo se ha plasmado en el anteproyecto de Ley de la Salud Sexual y Reproductiva, que incluye medidas educativas y sanitarias y se inclina por un sistema de plazos combinado con una serie de indicaciones cuando concurren graves anomal¨ªas en el feto o excepcionales riesgos para la salud de la madre.

Es la ley que algunos pedimos en 1985 y que rige en nuestra Europa de forma generalizada, sin confrontaciones ni anatemas.

Pero mientras se gestaba el borrador, un grupo numeroso de cualificados cient¨ªficos, de convicciones antiabortistas, hizo p¨²blico el llamado Manifiesto de Madrid "en defensa de la vida humana en su etapa inicial", sosteniendo que la reforma obedece a "intereses econ¨®micos e ideol¨®gicos".

?Aceptar¨ªamos que los padres obligaran a abortar a una chica de entre 16 y 18 a?os por motivos de honra?

Las mujeres conocen perfectamente el alcance de su decisi¨®n

Veamos, si admitimos que el pluralismo es uno de los valores superiores del ordenamiento jur¨ªdico constitucional, quiz¨¢ podamos acercar posturas. En todo caso, no es posible alinearnos con los escas¨ªsimos pa¨ªses que proh¨ªben el aborto de manera absoluta.

1. Primera aproximaci¨®n meramente ling¨¹¨ªstica. ?Estar¨ªamos de acuerdo en que lo actualmente regulado y lo que se propone por el anteproyecto de ley del Gobierno nada tiene que ver con el aborto libre?

2. Segunda aproximaci¨®n: comienzo de la vida. Los firmantes del Manifiesto de Madrid en defensa de la vida humana sostienen que "existe sobrada evidencia cient¨ªfica de que la vida empieza en el momento de la fecundaci¨®n".

Reconocer¨¢n que el zigoto no sirve para la reproducci¨®n asistida. Seg¨²n parece, la comunidad cient¨ªfica podr¨ªa compartir que el embri¨®n, compuesto por m¨²ltiples c¨¦lulas, es el paso siguiente al zigoto en el proceso de desarrollo. Es evidente que no forma parte de ning¨²n ¨®rgano de la madre, aunque dependa de ¨¦sta, seg¨²n reconoce el Manifiesto de Madrid. El ¨²nico matiz discrepante ser¨ªa la fijaci¨®n de las semanas que permiten, sin condicionamientos, la interrupci¨®n voluntaria del embarazo. ?Estar¨ªamos dispuestos a debatirlo?

3. El aborto como acto de crueldad. El Manifiesto admite el t¨¦rmino interrupci¨®n voluntaria del embarazo (acercamiento terminol¨®gico), pero a?ade significativamente que, adem¨¢s, es un acto "simple y cruel de interrupci¨®n de una vida humana". Esta afirmaci¨®n resulta contradictoria con otros pasajes en los que se califica la decisi¨®n como traum¨¢tica y de consecuencias insoportables y perpetuas.

Las personas crueles no tienen conciencia del drama y dolor que causan a los dem¨¢s. Los torturadores tienen un alto concepto de s¨ª mismos, y todos podemos coincidir en que se trata de seres inequ¨ªvocamente crueles.

4. Respecto del consentimiento, el Manifiesto viene a sostener que el aborto es algo inducido y nunca voluntario, al deslizar la expresi¨®n "la mujer a quien se proponga abortar". ?Y la que lo decide libre y espont¨¢neamente? ?Quieren decir con ello los firmantes del Manifiesto que el aborto es una decisi¨®n que se inculca a las mujeres? ?No conciben esos firmantes la posibilidad de la libertad de elecci¨®n?

5. En casos de minor¨ªa de edad podr¨ªa plantearse la posibilidad de un consentimiento informado, racional y maduro. Dicen que privar a las mujeres de 16 y 17 a?os de la presencia, consejo y apoyo de sus padres para tomar la decisi¨®n de seguir el embarazo o abortar es una irresponsabilidad y una forma clara de violencia contra la mujer. Pensemos en padres que, por sentido decimon¨®nico de la honra, consideran un deshonor el parto de la hija y la aconsejan u obligan a abortar. ?Estar¨ªamos dispuestos a rescatar su autonom¨ªa de decisi¨®n y permitirle que sea ella la que haga frente a la violencia que supone la postura de estos padres?

La Ley de Autonom¨ªa del Paciente de 2002, aprobada con Gobierno del Partido Popular, concede total capacidad a las menores de 16 y 17 a?os para decidir si se someten a un acto m¨¦dico infinitamente m¨¢s arriesgado vitalmente que una interrupci¨®n voluntaria del embarazo. El legislador no explic¨® la il¨®gica decisi¨®n de excluir entonces la posibilidad de abortar de la autonom¨ªa de la voluntad. No tuvo en cuenta que la Convenci¨®n de Derechos del Ni?o, ley espa?ola, nos recuerda constantemente la obligaci¨®n de respetar el inter¨¦s superior del ni?o asegurando su atenci¨®n sanitaria para preservar su salud f¨ªsica y mental.

Tambi¨¦n la Ley Org¨¢nica de Protecci¨®n Jur¨ªdica del Menor establece que los menores gozar¨¢n de los derechos que les conceden la Constituci¨®n y los Tratados Internacionales de los que Espa?a sea parte, y especialmente la Convenci¨®n de Derechos del Ni?o, y de los dem¨¢s derechos que le conceda el ordenamiento jur¨ªdico sin discriminaci¨®n alguna por raz¨®n de sexo.

Algunos encuentran insuperable que un menor no pueda comprar alcohol y tabaco y por el contrario pueda abortar. Confunden los t¨¦rminos de la prohibici¨®n. La ley no puede impedir que los menores beban o fumen, y de hecho lo hacen; lo que s¨ª puede prohibir y sancionar es que se les venda esta clase de sustancias.

6. Sostienen que el aborto es un drama con dos v¨ªctimas. Podr¨ªamos estar de acuerdo sobre la existencia de un drama, pero s¨®lo con un actor, la mujer.

Vivimos constantemente ante dilemas y opciones. Unas son las normales de la vida y otras encierran tambi¨¦n un trauma y pueden tener consecuencias irreversibles. Por ejemplo, decidir una separaci¨®n o divorcio puede resultar en un grave conflicto.

Una parte del Manifiesto parece abrir una puerta a la interrupci¨®n voluntaria del embarazo por indicaciones ¨¦ticas. Afirman que el embarazo procede de una relaci¨®n compartida y voluntaria. Ello da paso a la posibilidad de admitir el aborto en los casos de embarazos no deseados y los que son producto de una violaci¨®n.

7. Los firmantes mantienen una postura tutelar de la mujer consider¨¢ndola sin capacidad ni autonom¨ªa. Sostienen que "es preciso que las mujeres que decidan abortar conozcan las secuelas psicol¨®gicas de tal acto". Si se refieren a las mujeres de 16 y 17 a?os, el anteproyecto de ley se preocupa de que su consentimiento sea suficientemente informado.

La mujer conoce perfectamente el alcance de su decisi¨®n, y nadie, salvo la ley, le puede sustituir en la encrucijada o administrar sus sentimientos.

Dejemos que cada persona sienta e interiorice sus culpas y obsesiones recurrentes. Freud podr¨ªa aclararnos a qu¨¦ se deben las pesadillas de esta o de otra ¨ªndole. Llaman la atenci¨®n sobre alteraciones de conducta y p¨¦rdida de autoestima. Algunas mujeres pueden pensar que cometieron una estupidez qued¨¢ndose embarazadas y con ello no aumenta su autoestima. No conduce a nada adentrarnos por vericuetos enigm¨¢ticos e inseguros.

8. Objeci¨®n de conciencia. La objeci¨®n de conciencia del personal sanitario abre un debate necesario e impuesto por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El dilema entre coadyuvar a un crimen, seg¨²n los antiabortistas, o ayudar a una persona a solucionar un problema vital con un acto m¨¦dico deber¨ªa ser suficientemente explicado y razonado por los objetores.

9. Por ¨²ltimo, ?podr¨ªamos aceptar todos que las mujeres nacen libres y con iguales derechos que los hombres?

El Tribunal Constitucional ya ha dicho que el nasciturus (el feto) es un valor o bien constitucional. Ahora bien, esta condici¨®n no puede prevalecer sobre la decisi¨®n de la madre. La voluntad de la madre pertenece al campo de la libertad como valor superior del ordenamiento jur¨ªdico constitucional.

Los eclesi¨¢sticos est¨¢n en su derecho al amenazar con los males del infierno, y los legos antiabortistas pueden utilizar el tremendismo de la trituradora de fetos como argumento de impacto visual si no tienen capacidad para debatir la cuesti¨®n en el terreno de la l¨®gica, la ¨¦tica y la inteligencia. S¨®lo la intolerancia es inconstitucional.

Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn, magistrado, es comisionado de la Comisi¨®n Internacional de Juristas.