El sur busca su 'G¨¹rtel'

El PP de Getafe present¨® ayer en la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n de Madrid un escrito en el que acusaba al alcalde de Getafe, Pedro Castro (PSM), y a dos de sus ediles de prevaricaci¨®n, cohecho y tr¨¢fico de influencias. En el ojo del hurac¨¢n est¨¢ la concejal de Obras y Servicios, Cristina Gonz¨¢lez, sospechosa de favorecer en la adjudicaci¨®n de la construcci¨®n de 461 aparcamientos a una cooperativa presidida por su marido, en la que adem¨¢s sus padres ocupaban los cargos de secretario y tesorera.

La visita de pol¨ªticos del sur de la regi¨®n a los tribunales no es una situaci¨®n excepcional, sino m¨¢s bien la regla: denuncias sonadas contra corporaciones municipales o alguno de sus componentes o ex componentes circulan por ayuntamientos como los de M¨®stoles, Legan¨¦s y Pinto. La pol¨ªtica del cintur¨®n rojo de Madrid parece profundamente judicializada.

Desde la moci¨®n de censura de 2008, en Pinto vuelan las citaciones

El escrito contra el alcalde de Getafe fue presentado en la fiscal¨ªa el mismo d¨ªa en que Luis B¨¢rcenas, tesorero del PP, declaraba sobre el caso G¨¹rtel, trama de corrupci¨®n que tambi¨¦n teji¨® sus redes en la Comunidad de Madrid y que est¨¢ minando la imagen de la formaci¨®n de Mariano Rajoy.

Esta clase de coincidencias han llevado a la indignaci¨®n al PSM, que considera que el PP est¨¢ ceb¨¢ndose en el sur -el sector de la regi¨®n donde los socialistas acumulan m¨¢s poder- para generar la impresi¨®n de que el PSM esconde m¨¢s de un muerto en el armario, seg¨²n coinciden varios alcaldes y concejales socialistas del sur.

Pero la proliferaci¨®n de denuncias no puede considerarse exclusivamente el resultado de una estrategia del PP contra su adversario pol¨ªtico. En los municipios en los que el PSM est¨¢ en la bancada de la oposici¨®n tambi¨¦n este partido tira a menudo de la toga de los jueces en busca de un poco de atenci¨®n. Un caso con gran repercusi¨®n se dio en M¨®stoles, donde la portavoz socialista, Paz Mart¨ªn, denunci¨® al alcalde, Esteban Parro, del PP, por agresi¨®n.

La disyuntiva que se plantea es preocupante para la vida pol¨ªtica: o bien las acusaciones son ciertas y los gobiernos locales se mueven en la putridez, o las oposiciones est¨¢n intentando conseguir en los juzgados lo que no logran en los plenos municipales. No se sabe qu¨¦ es peor.Carlos Delgado, de ULEG, uno de los pol¨ªticos que m¨¢s frecuenta los tribunales madrile?os, argumenta: "No es que me guste judicializar la v¨ªa pol¨ªtica, pero es que ante la deriva en Legan¨¦s se ha vuelto necesario". Se refiere principalmente al caso de las facturas de la campa?a municipal del PSOE en 2007.

Tr¨¢fico de influencias, malversaci¨®n de fondos y vulneraci¨®n de la ley de partidos son los cargos que encierra la denuncia del PP contra el alcalde, Rafael G¨®mez Montoya, (contra quien tambi¨¦n se querella ULEG), su esposa, ex directora de Medio Ambiente, y el ex concejal de la misma ¨¢rea.

Seg¨²n la oposici¨®n, empresas que tienen contratos con el Ayuntamiento pagaron parte de la publicidad socialista en las elecciones municipales de 2007. Para demostrarlo exhiben copias de correos electr¨®nicos y de facturas que los socialistas aseguran que son montajes y en las que se carga a empresas de servicios p¨²blicos el importe de anuncios de prensa de la campa?a de G¨®mez Montoya.

Contra el argumento socialista de que el cerco judicial a los ayuntamientos responde a una estratagema popular, se pueden rescatar varios casos en los que son ediles del PSOE los que han tomado el camino de los tribunales. Los juzgados de M¨®stoles archivaron en el mes de junio la denuncia de la portavoz del PSOE local, Paz Mart¨ªn, por el manotazo que le dio en el mes de febrero el alcalde, Esteban Parro, en el transcurso de "una agria reuni¨®n". Mart¨ªn, que afirmaba que el alcalde la trat¨® de "chavala", quiso convertir el asunto en un caso de agresi¨®n de g¨¦nero, y se present¨® varios d¨ªas en p¨²blico con la mano vendada, ante la indignaci¨®n del PP. Es el segundo litigio que la nueva l¨ªder socialista pierde en los juzgados tras una querella con un diputado socialista de una facci¨®n contraria que le acus¨® de tener "una inmobiliaria en su casa".

Incluso donde el PSM gobierna, ha recurrido a los tribunales para dirimir muchas de sus diferencias con los populares. Para demostrarlo, ah¨ª est¨¢ la elevaci¨®n al Tribunal de Cuentas de las presuntas irregularidades cometidas en la gesti¨®n municipal durante el breve mandato del PP en Pinto. El actual alcalde, Juan Jos¨¦ Mart¨ªn (PSM), no admite partidas presupuestarias de la ¨¦poca de su antecesora, la popular Miriam Rabaneda, a quien acusa de dejar un mill¨®n de euros de gastos sin consignaci¨®n y un millar de expedientes desfavorables.

El caso es que en Pinto vuelan las citaciones desde la moci¨®n de censura que en 2008 descabalg¨® del poder a los populares. Entre varias querellas interpuestas todos contra todos, destaca la que el PP present¨® por sospechar que el PSM hab¨ªa comprado el favor de los concejales de IU (Carlos Penit) y Juntos por Pinto (Reyes Maestre) para auparse en el poder.

Pero, sin duda, la estrella emergente de la actualidad judicial pinte?a es el caso Pinares. El PP se ha sumado como acusaci¨®n a la cruzada judicial que ha organizado un abogado local contra el ex alcalde Antonio Fern¨¢ndez Gonz¨¢lez y su hija, la actual concejal de Hacienda, Patricia Fern¨¢ndez. La denuncia, admitida a tr¨¢mite por el juzgado de Parla, los acusa de haberse enriquecido al frente de una fundaci¨®n de cooperaci¨®n al desarrollo que gestiona 18 viviendas para necesitados que el Ayuntamiento de Pinto financi¨® en una localidad argentina tambi¨¦n llamada Pinto, y que los populares afirman que han sido vendidas a profesionales liberales.

Fern¨¢ndez es el presidente de la fundaci¨®n desde que abandon¨® la alcald¨ªa. El Ayuntamiento niega cualquier relaci¨®n con la fundaci¨®n, pero los populares insisten en que la agrupaci¨®n municipal del PSM ha compartido durante a?os sede con ella, adem¨¢s de tesorero.

La denuncia recoge que las donaciones que empresarios del pueblo han hecho a la fundaci¨®n han servido para pagarle a Antonio Fern¨¢ndez un palacete en Argentina que figura inscrito como sede de Pinares y cuyo jard¨ªn cuesta 5.000 euros al a?o.

Los jueces ser¨¢n los responsables de separar el polvo de la paja. Determinar qu¨¦ hay de realidad en las acusaciones y cu¨¢nto de estrategia pol¨ªtica en este agosto judicial del sur de Madrid.