Guardias civiles y polic¨ªas al otro lado de la ley

Crece en Espa?a la capacidad del crimen organizado para influir sobre jueces, pol¨ªticos y polic¨ªas. Dos casos en Barcelona imputan a numerosos delincuentes, guardias civiles, polic¨ªas, mandos policiales, un ex ertzaina, un mosso d'esquadra, pol¨ªticos, un periodista, funcionarios de Justicia, abogados y empresarios. Hace unos d¨ªas ha sido conocida la presunta relaci¨®n del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara con un narcotraficante.

Los informes del Ministerio del Interior vienen advirtiendo en los ¨²ltimos a?os de la capacidad de las bandas criminales para penetrar en las capas m¨¢s sensibles de la sociedad espa?ola. En concreto, esos informes alertan de un progresivo incremento de casos de tr¨¢fico de influencias que afectan a jueces, pol¨ªticos y polic¨ªas. El riesgo se ha hecho realidad.

Los asuntos investigados giran sobre la prostituci¨®n y el narcotr¨¢fico

Crecen los casos de tr¨¢fico de influencias, seg¨²n el Ministerio del Interior

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha destapado ahora un entramado corrupto que supuestamente afecta al jefe de la Guardia Civil de Guadalajara, teniente coronel Jos¨¦ Miguel Casta?eda, acusado de presunta colaboraci¨®n con el narcotr¨¢fico y blanqueo de capitales, denuncia falsa y cohecho.

Unos meses antes, una compleja investigaci¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n en Catalu?a permiti¨® diseccionar dos casos enlazados entre s¨ª que describen un panorama de corrupci¨®n generalizada que afecta a una variedad de funcionarios p¨²blicos y profesionales: adem¨¢s de los delincuentes profesionales, est¨¢n imputados funcionarios de la Seguridad del Estado, funcionarios de juzgados, concejales, un reportero y, por supuesto, abogados y empresarios. Teniendo en cuenta que algunos de estos personajes est¨¢n tambi¨¦n presentes en otros sumarios, la sombra de la sospecha alcanza a alg¨²n diputado y alg¨²n pol¨ªtico relacionado con mafiosos rusos.

Los analistas policiales coinciden en que se alcanza el ¨²ltimo escal¨®n (y el m¨¢s peligroso) en el asentamiento de bandas criminales cuando ¨¦stas se encuentran en condiciones de penetrar las capas altas de la Administraci¨®n: la judicatura, la polic¨ªa y los partidos pol¨ªticos, tres de los bastiones del Estado de derecho. Un repaso de las causas pendientes y sumarios bajo secreto revela que el n¨²mero de incidencias que afectan a funcionarios de estos cuerpos ha crecido en los ¨²ltimos tiempos. Y si alg¨²n caso puede servir de ejemplo, ¨¦ste se ha dado en Barcelona.

Barcelona es el escenario de dos investigaciones que parec¨ªan llevar vidas separadas, pero cuya investigaci¨®n ha ido determinando que tienen puntos en com¨²n. Uno de los casos tiene como eje central el tr¨¢fico de drogas; el otro, gira en torno a la prostituci¨®n en locales de lujo.

Caso n¨²mero 1. Es un asunto complejo cuya investigaci¨®n data de la madrugada del lunes 24 de enero del 2005 y que durmi¨® el sue?o de los justos en un juzgado durante m¨¢s de dos a?os. Aquella noche de hace m¨¢s de cuatro a?os, dos coches y una furgoneta entraron en el recinto cerrado del puerto de Barcelona. Sus 12 ocupantes se dirigieron a un bloque de dos contenedores. Tras forzar las cerraduras, encontraron lo que estaban buscando: un cargamento de gambas congeladas y... casi 1.200 kilos de coca¨ªna como acompa?amiento. La investigaci¨®n de los pormenores de este robo se prolong¨® un a?o y medio. ?Por qu¨¦? Por dos motivos: primero porque no se trataba de un asalto cualquiera: ese contenedor estaba vigilado por la Guardia Civil desde que la DEA (Agencia antidroga de EE UU) alert¨® de que hab¨ªa salido de Venezuela rumbo a Barcelona, donde lleg¨® el 16 de diciembre de 2004. Las gambas y la coca¨ªna llevaban en Barcelona 39 d¨ªas a la espera de que alguien reclamara su traslado a Valencia, su destino final. Se trataba de averiguar as¨ª qui¨¦n era su destinatario. El asalto frustr¨® la investigaci¨®n. Hab¨ªa un segundo motivo: en el robo de la coca¨ªna estaban implicados cinco guardias civiles, un inspector jefe de polic¨ªa y un mando de Polic¨ªa Local, adem¨¢s de una banda de delincuentes.

El 6 de julio de 2006, la Guardia Civil llev¨® el caso al juzgado de Martorell. Durante un a?o, el sumario estuvo parado a pesar de que el material investigado era sorprendentemente bueno. Por ejemplo, exist¨ªa una grabaci¨®n en la que un interlocutor le exig¨ªa explicaciones a otro sobre un segundo robo en el contenedor del puerto (parece ser que algunos de los delincuentes volvieron una segunda vez) y, a la vista de que ¨¦ste negaba cualquier implicaci¨®n, el interlocutor le peg¨® un tiro en la pierna a uno de sus colaboradores. Los disparos, los gritos de dolor y la confesi¨®n de la v¨ªctima se escucharon en vivo y en directo a trav¨¦s del tel¨¦fono pinchado.

La Guardia Civil de la Zona de Catalu?a decidi¨® entrar en el asunto, a la vez que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n tomaba las riendas de la investigaci¨®n. A partir de ese momento, las pesquisas adquirieron un nuevo impulso y desvelaron una compleja trama de amistad y complicidades entre una banda de delincuentes encabezada por Javier S. R, alias Trapero, y un grupo de guardias civiles dirigido por el agente Antonio S. M, apodado El Tete.

Los cacos, radicados en Barcelona desde 1990, se hab¨ªan iniciado en el tr¨¢fico de coches robados. M¨¢s tarde ampliaron su negocio al narcotr¨¢fico. En un determinado momento, los guardias civiles con los que se relacionaban "pasaron a orientar a los delincuentes en su il¨ªcito quehacer", conform¨¢ndose as¨ª "una fruct¨ªfera empresa criminal", seg¨²n informes aportados al sumario.

Pero no s¨®lo hab¨ªa una comunidad de intereses entre unos y otros, sino que cada vez parec¨ªa m¨¢s claro que los jefes de esa organizaci¨®n eran los guardias civiles. Coches y drogas en el escenario. No era casual: algunos de estos guardias hab¨ªan pasado desde la unidad de Tr¨¢fico hasta la encargada de la vigilancia en el puerto de Barcelona como consecuencia del despliegue de los Mossos d'Esquadra, cambiando as¨ª de negocio. Otros ten¨ªan su sede en el cuartel de Mollet del Vall¨¦s, donde se hab¨ªan producido algunos hechos sospechosos. Estos guardias civiles se quedaban con la droga oculta en coches, que la cambiaban por harina, o bien sacaban partido del puerto de Barcelona, por donde circulan cada a?o m¨¢s de cuatro millones de contenedores repletos de mercanc¨ªas. Algunos miembros del grupo eran propietarios de una discoteca, usaban coches de alta gama o planeaban realizar inversiones en una urbanizaci¨®n de Vigo (Pontevedra). Otros pod¨ªan enviar a sus hijos a estudiar a Inglaterra con la tranquilidad de que la factura la pagaba un tercero.

Entre medias, operaciones sospechosas, confidentes igualmente sospechosos y situaciones nunca aclaradas como la muerte del magistrado barcelon¨¦s Guillermo Castell¨® Guilabert, el 26 de octubre de 2005, en un extra?o accidente de tr¨¢fico ocurrido en El Perell¨® (Tarragona). O las actividades de un periodista de El Mundo, Nando Garc¨ªa, que presuntamente recibi¨® dinero por difundir informaciones con el supuesto prop¨®sito de desacreditar al jefe de las investigaciones, el coronel Miguel G¨®mez Alarc¨®n.

La pr¨¢ctica de nuevas investigaciones sirvi¨® para imputar el pasado febrero al teniente coronel de la Guardia Civil Alfonso L¨®pez Rubio y para dibujar un escenario tenebroso de amistades, negocios sucios y actividades no menos sucias: en su intento por eludir la investigaci¨®n, algunos de los implicados llegaron a verter acusaciones sobre los jefes de la Guardia Civil que les investigaban, implicando en ello incluso a un general. El colof¨®n de la historia es igualmente llamativo: la fianza de 12.000 euros impuesta al citado teniente coronel para eludir su ingreso en prisi¨®n fue pagada por el due?o de un club de alterne de Tarragona.

Caso n¨²mero 2. Afecta sobre todo al Cuerpo Nacional de Polic¨ªa. Este caso ser¨ªa m¨¢s sencillo si no fuera porque algunos personajes del caso n¨²mero 1 aparecen en el caso n¨²mero 2, se?al de que la corrupci¨®n era m¨¢s grave de lo que se supuso inicialmente. El caso, que estall¨® en octubre de 2007, tiene su epicentro en dos conocidos locales de prostituci¨®n de Castelldefels (Barcelona): el Riviera y el Saratoga. El primero, con un promedio de 200 mujeres, disfrutaba de protecci¨®n policial: alguien avisaba con antelaci¨®n de la llegada de una inspecci¨®n a fin de que fueran retiradas las chicas menores de edad o que trabajaban sin papeles. El Saratoga (promedio de 100 chicas) tambi¨¦n gozaba de amparo policial, pero su protector era un polic¨ªa retirado.

En esas circunstancias, un tercer polic¨ªa, Jos¨¦ Javier M. P., conocido como Jordi, decide ocupar el puesto de su ex compa?ero, se ofrece a los due?os del local y pide su comisi¨®n (3.000 euros al mes). Como quiera que ese ofrecimiento lo hace bajo amenazas (o me contratas o te hago la vida imposible) y que el protector en ejercicio se entera y estaba muy lejos de dejar vacante su puesto, le tienden una trampa: le citan en un hotel de Barcelona con idea de grabar la entrevista y la entrega de un dinero. Y, adem¨¢s, lo denuncian a la Guardia Civil.

La cita se produce, pero algo sale mal cuando los guardias civiles se disponen a detenerle. Entonces se desata una persecuci¨®n por las calles de Barcelona, que el denunciado aprovecha para arrojar a la v¨ªa p¨²blica los 4.000 euros que le acaban de dar, ante el estupor de los viandantes. A Jordi le ten¨ªan preparada alguna sorpresa m¨¢s en forma de denuncias por ocultar pasaportes y objetos sospechosos, entre ellos un ordenador, en su taquilla. Ni qu¨¦ decir tiene que Jordi estaba adscrito a la Brigada de Extranjer¨ªa, la encargada del control de las mujeres que trabajaban en los clubes.

Pero hab¨ªa algo m¨¢s que un mero conjunto de denuncias con Jordi como protagonista. Ese algo m¨¢s es la existencia de una red de polic¨ªas que proteg¨ªan ambos locales, organizaci¨®n en la que ten¨ªan un papel dominante un comisario y un inspector jefe, adem¨¢s de un ex ertzaina. Ese algo m¨¢s es la existencia de un despacho de abogados, en cuyo local social ten¨ªa su sede una asociaci¨®n catalana de empresarios de clubes de alterne que hac¨ªa las veces de tapadera y que obligaba a los due?os de estos clubes a inscribirse como socios y a pagar su correspondiente cuota para asegurarles no s¨®lo la protecci¨®n jur¨ªdica, sino tambi¨¦n la protecci¨®n policial.

Los investigadores tienen conocimiento de pagos a los implicados, de invitaciones a viajes con sus mujeres e incluso del abono de una operaci¨®n de cirug¨ªa est¨¦tica para la hija de uno de los polic¨ªas (6.000 euros). Aparecen en escena ex concejales del PP, tr¨¢mites de licencias municipales a cambio de dinero, polic¨ªas que se quedan con joyas tras un registro... Y para remate, algunos actores del caso n¨²mero 1 figuran tambi¨¦n en el caso n¨²mero 2.

Las t¨¢cticas de la mafia italiana y sus grupos afines pasan por la compra de jueces, que a la postre son quienes tienen el poder de decisi¨®n sobre la libertad o el encarcelamiento de los delincuentes. Y, sin embargo, en Espa?a apenas aparecen jueces corrompidos. ?Por qu¨¦? "Quiz¨¢s porque el sistema funciona tal mal que no es necesario comprar jueces", seg¨²n opina un destacado fiscal.