La deseada neutralidad de la Red
Las noticias con las que nos desayun¨¢bamos en las ¨²ltimas semanas nos anunciaban cambios significativos en el mundo de la inform¨¢tica. Como nos atrevimos a aventurar algunos hace unos meses, Google se propone meter el ordenador en la Red, eliminando todas las barreras que los no expertos en inform¨¢tica ten¨ªamos que intentar saltar cuando lo que imperaba era el soporte. Ya sabemos que con el anuncio de Google, el ordenador estar¨¢ en la Red y, en consecuencia, vuelve a cobrar actualidad, ahora con m¨¢s necesidad, el debate sobre la neutralidad de esa Red.
La evoluci¨®n de las tecnolog¨ªas de la informaci¨®n est¨¢ cambiando las formas de comunicaci¨®n, siendo Internet la plataforma tecnol¨®gica que sustenta este cambio. Su extensi¨®n y su uso est¨¢n permitiendo que el intercambio de conocimiento, ideas, informaci¨®n, etc¨¦tera, se realicen bajo un esquema de libertad. Pero, por otra parte, esa situaci¨®n de libertad permite que, con lo anterior, convivan la desinformaci¨®n, el descr¨¦dito, la difamaci¨®n de la forma m¨¢s injusta e impune; en consecuencia, el mayor logro de Internet es tambi¨¦n uno de sus mayores enemigos.
?Qu¨¦ pasar¨ªa si la gesti¨®n de Internet pasase a un monopolio que lo controlase?
En ?frica, el acceso a la banda ancha de Internet alcanza al 0,4% de la poblaci¨®n
A lo anterior se une el hecho de que la Red se est¨¢ convirtiendo en el soporte de la comunicaci¨®n entre las empresas, ya que un n¨²mero cada vez m¨¢s elevado utiliza la Red como parte cotidiana y fundamental de su gesti¨®n, tanto administrativa como t¨¦cnica. Ante este hecho, se desprenden algunas preguntas: ?qu¨¦ pasar¨ªa si Internet no funcionara?, ?qu¨¦ pasar¨ªa si la gesti¨®n de Internet pasase a un monopolio que controlase tanto su acceso como su tr¨¢fico? Cualquiera de estas situaciones tendr¨ªa unas consecuencias dram¨¢ticas y, por tanto, surge la inquietud sobre c¨®mo conseguir que la Red siga siendo un medio neutro de comunicaci¨®n.
Hay que recordar que Internet funciona gracias a que existe una compleja infraestructura de telecomunicaciones gestionadas por operadores que, mediante una serie de plataformas de acceso, permiten que las diferentes personas que se conecten a la misma puedan comunicarse de una forma global. Las Administraciones (nacionales y supranacionales) y las grandes empresas de telefon¨ªa y cable son los actores interesados en el debate de la neutralidad. Para los segundos, su modelo de negocio se ver¨ªa muy reforzado si pudiesen ser ellos, directamente, los que controlasen el acceso a la infraestructura y los canales de comunicaci¨®n digital. Para los primeros, el camino s¨®lo pasa por establecer una senda democr¨¢tica que mantenga el equilibrio, aunque no siempre agrade a todos.
Se entiende que la neutralidad en la Red deber¨ªa garantizar el derecho de acceso a la infraestructura, a la informaci¨®n y a la participaci¨®n en la toma de deci-
siones apoyado por la intervenci¨®n p¨²blica.
El derecho de acceso a la infraestructura y a la informaci¨®n. El tan reclamado derecho a la informaci¨®n sigue presentando lagunas, puesto que a¨²n existen pa¨ªses con reg¨ªmenes totalitarios que intentan impedir ese derecho.
En lo referente al derecho a la infraestructura, tenemos que reconocer que est¨¢ muy lejos de conseguirse porque, aun en los pa¨ªses m¨¢s desarrollados, el concepto de acceso universal sigue siendo una quimera. Bien es cierto que no existen, en general, prohibiciones de acceso, pero la ley del mercado impone condiciones que se convierten en prohibiciones de facto.
S¨®lo mediante una actuaci¨®n de las administraciones se puede conseguir que este desequilibrio se pueda anular o mitigar. Esta situaci¨®n de desigualdad es especialmente grave cuando se comparan pa¨ªses desarrollados con pa¨ªses subdesarrollados. El caso de ?frica es paradigm¨¢tico. No s¨®lo presenta unas tasas de acceso a la banda ancha que apenas alcanza el 0,4% de la poblaci¨®n, sino que, adem¨¢s, el acceso es muy desigual entre los pa¨ªses de ese continente.
Para muchas naciones en v¨ªa de desarrollo, el coste del acceso a los grandes troncales de Internet resulta desproporcionado e inabarcable. Estos Estados deben asumir el coste de la conexi¨®n de su red nacional a la red internacional y repercutir este coste en las tarifas locales, lo que las hace inaccesibles al conjunto de su poblaci¨®n.
No se considera la bidireccionalidad de las comunicaciones; esto es, que las redes tanto sirven para acceder desde un pa¨ªs en v¨ªas de desarrollo a contenidos del primer mundo, como a la inversa.
Como se ve, con estas condiciones de acceso tan injustas, es dif¨ªcilmente alcanzable que, en Internet, todo el mundo pueda ser centro y periferia. Las iniciativas de las instituciones internacionales que trabajan en defensa del desarrollo de estos pa¨ªses contribuyen a mitigar este d¨¦ficit, pero resultan insuficientes y cuando menos desfasadas respecto a la situaci¨®n del primer mundo.
La participaci¨®n de todos en la toma de decisiones. La infraestructura de Internet es administrada, a d¨ªa de hoy, predominantemente por empresas privadas, norteamericanas, para m¨¢s se?as. Una de las demandas mundiales es que la gobernanza de la Red como un todo pase a ser efectivamente global, democr¨¢tica, transparente y pluralista, con representaci¨®n de todos los grupos de inter¨¦s en el proceso decisivo: telecomunicaciones, inform¨¢tica, pol¨ªtica, derecho, usuarios, etc¨¦tera.
La inquietud por la gobernanza de Internet es un hecho real. Posiblemente porque, ampar¨¢ndose en que algo hay que hacer para solucionar los males de Internet (spam, phishing, pornograf¨ªa, etc¨¦tera), se proponen ahora nuevos modelos de organizaci¨®n de la Red basados en varias calidades de servicio en funci¨®n del coste de acceso. Y no se trata de calidades de servicios medidas en ancho de banda, sino calidades de servicio en cuanto a posibilidades de conexi¨®n. Hasta la fecha, el modo mayoritario de funcionamiento de los proveedores de telecomunicaciones ha sido el transporte com¨²n, seg¨²n el cual se puede acceder a cualquier aplicaci¨®n o contenido legal, y el proveedor de banda ancha no puede actuar de filtro, lo que puede considerarse como un enfoque neutral respecto de la Red.
Pero se plantean otros enfoques, donde el proveedor decide c¨®mo y a qui¨¦n garantiza el acceso. En el fondo, se tratar¨ªa de un debate sobre la libertad en Internet. La cuesti¨®n principal es qu¨¦ libertad debe prevalecer; si la de los usuarios al acceso libre a los contenidos, o la de los proveedores a imponer sus restricciones de acceso a los mismos.
El modelo de Internet como espacio infinito de mercados, contactos, acceso a informaci¨®n, etc¨¦tera, podr¨ªa tocar a su fin. Y ya sabemos qui¨¦n se quedar¨ªa fuera. Por eso, el papel de las administraciones, tanto nacionales como internacionales, es nuevamente fundamental, ya que deben garantizar que las prestaciones y condiciones de los servicios de acceso deben ser prestadas por las empresas bajo las condiciones de neutralidad m¨¢s estrictas posibles.
La intervenci¨®n p¨²blica. Debe igualmente resolverse el tema de la armonizaci¨®n de la propiedad de la infraestructura privada (redes f¨ªsicas) con el estatus de Internet como bien p¨²blico global. En este sentido, los gobiernos tienen la posibilidad de establecer los marcos normativos del establecimiento y explotaci¨®n en cada territorio, y en sus relaciones internacionales, de las citadas infraestructuras privadas. En cualquier escenario donde se produzcan ¨¦stos d¨¦ficit, y a falta de regulaci¨®n global, y de iniciativas del sector privado, no debi¨¦ramos olvidar que las administraciones tienen la posibilidad de establecer y construir redes y servicios que se desarrollen en paralelo con las infraestructuras privadas, en aquellos escenarios que consideren estrat¨¦gicos para el bienestar y desarrollo de sus ciudadanos.
Por tanto, parece l¨®gica una profunda reflexi¨®n sobre la creaci¨®n de redes p¨²blicas, soporte y garant¨ªa de continuidad de las funciones propias de la Administraci¨®n y, sobre ellas, articular otros proyectos que garanticen a sus ciudadanos el derecho de acceso a las redes.
Juan Carlos Rodr¨ªguez Ibarra ha sido presidente de la Junta de Extremadura.
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