Cuando los piratas se nos escapan... por culpa de la ley

Hace un par de meses que apenas tenemos noticias de secuestros de buques en las aguas pr¨®ximas a Somalia. No nos llevemos a enga?o. El brusco descenso de la pirater¨ªa -dos secuestros desde junio, frente a los 29 de los primeros cinco meses del a?o- se debe a que el fuerte oleaje causado por el monz¨®n del suroeste pone en peligro las fr¨¢giles embarcaciones piratas. Por eso mismo, las organizaciones internacionales ya han avisado de que habr¨¢ un repunte de los ataques en septiembre y de que hay que aumentar la vigilancia en la zona pero, sobre todo, hay que darse prisa para poner al d¨ªa las leyes. Ante el desaf¨ªo que plantea la pirater¨ªa del siglo XXI nadie parece tener claras las reglas que rigen el arresto o enjuiciamiento de los maleantes y la confusi¨®n reinante les est¨¢ beneficiando.

Es m¨¢s dif¨ªcil cambiar la coma de un tratado que enviar una flotilla

No es ilegal portar armas en alta mar, seg¨²n la costumbre de siglos

En demasiadas ocasiones han acabado impunes. De 238 sospechosos de pirater¨ªa arrestados hasta marzo en las aguas del golfo de Ad¨¦n y el este de Somalia, menos de la mitad han sido procesados, seg¨²n ha informado la Armada estadounidense. La mayor¨ªa han sido soltados en las playas de Somalia una vez desarmados. Con raz¨®n, muchos analistas han puesto en duda la eficacia de los 34 destructores y fragatas que patrullan estas aguas internacionales. Como pasa con tantos otros problemas globales, cada pa¨ªs ofrece una soluci¨®n propia, y sentarse a la mesa para cambiar una coma en un tratado es m¨¢s dif¨ªcil que enviar una flotilla militar.

Todo ser¨ªa m¨¢s sencillo si existiera un tribunal internacional y si los Estados estuvieran obligados a detener y procesar a los asaltantes de barcos, algo que a¨²n hoy es facultativo. La conocida como Constituci¨®n de los oc¨¦anos, la Convenci¨®n de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, un tratado aprobado en 1982 y ratificado por 157 Estados, permite a cada pa¨ªs reprimir la pirater¨ªa mar¨ªtima mediante el arresto y enjuiciamiento de los criminales. Pero tomar estas medidas es una opci¨®n tan v¨¢lida como no hacer nada. Por tanto los pa¨ªses son libres de regular sus leyes antipirater¨ªa a conveniencia.

En Espa?a la pirater¨ªa mar¨ªtima no est¨¢ tipificada en el C¨®digo Penal. La Cadena Ser inform¨® ayer de que Eurojust, ¨®rgano de cooperaci¨®n judicial de la UE, ha criticado a Espa?a por esto en su ¨²ltimo informe, en el que se recomienda un endurecimiento de las penas. Eurojust tambi¨¦n reprocha a los pa¨ªses de la UE que no se est¨¢ haciendo lo suficiente para interceptar los circuitos de blanqueo. El dinero de los rescates puede servir para financiar a organizaciones terroristas. Ayer los piratas recibieron dos pagos millonarios para liberar un barco alem¨¢n y un remolcador malayo.

Estas deficiencias se pusieron de manifiesto cuando el juez Fernando Andreu orden¨® el 8 de mayo la puesta en libertad de siete bucaneros a los que la Armada espa?ola hab¨ªa echado el guante. El enredo legal en que se vieron atrapados durante seis d¨ªas Fiscal¨ªa, Audiencia Nacional y Gobierno, que finalmente se resolvi¨® con la entrega de los supuestos delincuentes a Kenia, lo han sufrido tambi¨¦n otros pa¨ªses que patrullan esta ruta mar¨ªtima crucial por la que transita el 20% del comercio mundial.

Lo l¨®gico ser¨ªa crear un tribunal internacional que diera una respuesta unificada, pero parece una utop¨ªa si se tiene en cuenta la lentitud con que avanzan los diplom¨¢ticos. "Pasan a?os desde la firma de un tratado hasta su entrada en vigor despu¨¦s de conseguir las ratificaciones suficientes", explica Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez-Villasante, quien trabaj¨® en la redacci¨®n del Estatuto de Roma, el convenio que en 1998 constituy¨® la Corte Penal Internacional, un tribunal que se puso en marcha en s¨®lo cuatro a?os. "Fue una velocidad asombrosa si se compara con el tiempo que se necesita normalmente para impulsar acuerdos multilaterales de este tipo", considera Rodr¨ªguez-Villasante.

As¨ª las cosas, los delincuentes deber¨ªan ser juzgados a miles de kil¨®metros de Somalia por el pa¨ªs que los detiene. Pero aqu¨ª aparece otro problema de tipo pr¨¢ctico. Es un engorro hacerse cargo de los piratas. Lo explica Roger Middleton, investigador en asuntos de ?frica de Chatham House, un think tank londinense: "Estos pa¨ªses no quieren enfrentarse a una avalancha de solicitudes de asilo de los piratas, que pedir¨ªan no ser devueltos a Somalia, un pa¨ªs en guerra. Adem¨¢s, es caro reunir y trasladar desde ?frica las pruebas y testigos. Y, sobre todo, entran en juego razones log¨ªsticas porque durante la operaci¨®n de traslado los nav¨ªos dejar¨ªan de vigilar las aguas".

La salida de emergencia se ha hallado en el vecino del sur de Somalia, Kenia, al que algunos de los pa¨ªses implicados han otorgado el papel de juez y carcelero de los piratas. M¨¢s de 80 aguardan juicio en las celdas de Shimo la Tewa, una insalubre prisi¨®n de Mombasa, despu¨¦s de que Kenia firmara acuerdos con EE UU (enero) y la UE (marzo).

Las ONG creen que entregar a los detenidos a un pa¨ªs con unos est¨¢ndares democr¨¢ticos tan cuestionables es una componenda impropia de Estados que se precian de ser abanderados de los derechos humanos. Human Rights Watch asegura que en las c¨¢rceles de Kenia las torturas y vejaciones son sistem¨¢ticas y que los jueces son f¨¢cilmente corrompibles. Al menos sobre el papel, la UE est¨¢ preocupada por el destino de los piratas. En las condiciones de entrega de los detenidos por la misi¨®n europea Atalanta se detallan con prolijidad las garant¨ªas procesales que el pa¨ªs africano deber¨¢ respetar. En particular, que no se les aplique la pena de muerte. En Kenia el castigo m¨¢ximo por pirater¨ªa mar¨ªtima es de siete a?os de prisi¨®n.

"En principio, entregar los detenidos a Kenia parece m¨¢s aceptable que dejarlos en libertad", sostiene F¨¦lix Arteaga, especialista en asuntos de defensa del Real Instituto Elcano. "Que se prolongue esta medida depender¨¢ de que se respeten los derechos de los detenidos. Alemania ha enviado observadores para garantizar que no han sido torturados y que les asiste un abogado". Aunque con menor autoridad sobre los jueces, la minor¨ªa somal¨ª en Kenia tambi¨¦n vigilar¨¢ que no se cometan agravios contra sus compatriotas, opina Arteaga. India, Rusia y China han entregado a los piratas apresados a las autoridades de otros pa¨ªses de la regi¨®n, como Yemen, Yibuti o Seychelles.

La cuesti¨®n de d¨®nde juzgar a los piratas no es la ¨²nica que tiene 16 respuestas distintas, tantas como los pa¨ªses que patrullan esta ruta. Otro asunto que cada cual resuelve a su manera es el uso de la fuerza para capturarlos. Mientras que algunos nav¨ªos han tomado medidas dr¨¢sticas, otros han interpretado que no es ilegal portar armas en alta mar, como ha sido costumbre durante siglos, y los arrestos s¨®lo pueden efectuarse cuando sorprenden a los asaltantes in fraganti.

Ahora bien, cuando se trataba de proteger a ciudadanos o intereses nacionales, las armadas no han vacilado en abrir fuego. Como cuando los comandos estadounidenses redujeron a disparos en abril a los tres piratas que reten¨ªan al capit¨¢n Richard Philips, o en el caso de las fuerzas especiales francesas que han entrado en acci¨®n en varias ocasiones para rescatar a rehenes.

La escena m¨¢s parecida a una batalla naval la protagoniz¨® la fragata india INS Tabar, que en noviembre hundi¨® a ca?onazos un buque pesquero tailand¨¦s despu¨¦s de avistar piratas armados a bordo. Lo que desconoc¨ªan era que reten¨ªan a 14 rehenes. S¨®lo uno sobrevivi¨® al impacto de los misiles y pudo aclarar el suceso al ser avistado por otro buque tras seis d¨ªas a la deriva sobre una barra de metal, resto del naufragio.

"No se trata de matar gente sin contemplaciones", reprocha Agust¨ªn Blanco-Baz¨¢n, vicedirector de asuntos legales de la Organizaci¨®n Mar¨ªtima Internacional. "El t¨¦rmino guerra contra la pirater¨ªa, usado frecuentemente, es desacertado. Se trata de reprimir un delito com¨²n y usar armas es, como ser¨ªa en el caso de un hecho policial en el centro de Madrid o Barcelona, un recurso extremo para evitar males mayores".

Otros juristas y militares creen que hasta que no se pase a la ofensiva no se lograr¨¢ exterminar la plaga de piratas. Se sirven como precedente del uso mucho m¨¢s decidido de la fuerza por Singapur, Indonesia y Malaisia contra los piratas del estrecho de Malaca, al otro extremo del ?ndico. All¨ª estos pa¨ªses han limpiado de piratas este paso mar¨ªtimo aquejado durante d¨¦cadas por este tipo de delincuencia.

"Los nav¨ªos deber¨ªan tener autorizaci¨®n para atacar y hundir las embarcaciones piratas si son avistados en un intento de abordaje, y no limitarse a perseguirlos, como est¨¢ ocurriendo ahora en Somalia", opina Robert C. Beckman, director de Derecho Internacional en la Universidad de Singapur. En muchas ocasiones las leyes estatales s¨®lo permiten abrir fuego como medida de autodefensa, pero Beckman cree que los Estados deber¨ªan reformarlas para ser m¨¢s eficaces.

La realidad es que los piratas somal¨ªes son menos violentos que los del estrecho de Malaca y muchos expertos militares desaprueban el uso de la fuerza porque podr¨ªa conducir a mayores derramamientos de sangre, en especial teniendo en cuenta que retienen 10 barcos con 190 rehenes. A¨²n as¨ª, EE UU defendi¨® en diciembre que las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que facultan para "tomar todas las medidas necesarias en Somalia" con el fin de acabar con los piratas dan v¨ªa libre incluso para atacar desde el aire el puerto de Eyl, la principal base pirata. Tambi¨¦n Rusia ha defendido con ¨ªmpetu la opci¨®n b¨¦lica.

De momento, a las potencias les han surgido unos aliados inesperados: los l¨ªderes religiosos han convencido a una de las mayores y m¨¢s antiguas bandas de piratas, con 200 integrantes, de lo malo que es secuestrar barcos. Como en tantas otras ocasiones, la fuerza de la palabra ha resultado m¨¢s poderosa que la de las bombas.