PP e IU denuncian "una improvisaci¨®n" que obedece a intereses "de amigos"

La figura legal elegida para aprobar la TDT de pago, el real decreto ley, exige que sea convalidado por el Congreso de los Diputados, pero impide el debate y la participaci¨®n de los grupos pol¨ªticos para que puedan enmendarlo. Tan solo se manifiestan con rotunda claridad en contra de este procedimiento el PP e Izquierda Unida. Ambos hablan de "amiguismo" del Gobierno.

"Por un lado, se trata de una improvisaci¨®n en un sector clave", afirmaba ayer el diputado Carlos Floriano, secretario de comunicaci¨®n del PP, que precisamente interpel¨® al ministro de Industria, Miguel Sebasti¨¢n, sobre este tema en junio. "Por otro, tiene el tufillo de que lo que se trata es de propiciar el beneficio de los amigos". Concretamente, "se defienden intereses de los m¨¢s amigos, que se encuentran en Mediapro".

Para el PP, esta modalidad de televisi¨®n deber¨ªa regularse dentro de la Ley General Audiovisual, con enmiendas y participaci¨®n de los grupos parlamentarios. "Creo que el Gobierno no va a dar ninguna oportunidad a los grupos, porque esto no es ajeno al inicio de la Liga" en septiembre, anticip¨® Floriano.

Desde Izquierda Unida, su portavoz parlamentario, Gaspar Llamazares, exigi¨® igualmente que el decreto se convierta en proyecto de ley y, sobre todo, se discuta en el marco de la Ley General Audiovisual. "Es evidente que en el campo audiovisual el Gobierno no est¨¢ movi¨¦ndose por valores sino por intereses y nos vamos a oponer", se?al¨® Llamazares.

Todav¨ªa no muestran una posici¨®n definitiva los partidos catalanes. Joan Ridao, portavoz de ERC, no obstante, critica que el Gobierno lleve a cabo "la voladura del sector audiovisual", sin una visi¨®n de conjunto. Con ellos no ha pactado aunque Ridao cree que s¨ª ha pactado "con otros". Los republicanos tratar¨¢n de que este modelo no afecte a las televisiones auton¨®micas. CiU dar¨¢ su opini¨®n "cuando conozca el decreto".