420 razones para la frustraci¨®n

Se ven¨ªa aludiendo a una medida parecida desde hac¨ªa muchos meses. Desde las m¨¢s elevadas instancias del Gobierno hasta los interlocutores sociales, pasando por las organizaciones civiles o religiosas, los acad¨¦micos y expertos, se argumentaba a favor de extender temporalmente las ayudas econ¨®micas a los parados que hubiesen agotado el subsidio de desempleo ante las perspectivas de una crisis larga. Muy pocos opinaban en contra de una medida de este tipo, a pesar de que no carece de inconvenientes.

As¨ª, el Consejo de Ministros extraordinario del jueves 13 de agosto aprob¨® un Real Decreto Ley por el que se crea una prestaci¨®n de desempleo de 420 euros mensuales para parados "elegibles" que hayan agotado sus prestaciones. Y esta elegibilidad es la madre del cordero. S¨®lo los parados que hayan dejado de percibir el seguro y no tengan derecho al subsidio, o hayan agotado el subsidio o su pr¨®rroga, entre el 1 de agosto de este a?o y los 180 d¨ªas desde la publicaci¨®n en el BOE del Real Decreto (15 de agosto) tendr¨¢n derecho a la prestaci¨®n temporal (no prorrogable) siempre que tengan ingresos inferiores al 75% del salario m¨ªnimo y no reciban otras rentas de las diferentes Administraciones P¨²blicas.

El mito urbano que circula por ah¨ª sugiere que hay m¨¢s de un mill¨®n de parados que hab¨ªan agotado las prestaciones de desempleo antes del 1 de agosto. Pero, ayer mismo, el director General del Sistema P¨²blico de Empleo Estatal (SPEE) indicaba a EL PA?S que eran unos 600.000 los afectados por esta circunstancia, no todos elegibles para la prestaci¨®n reci¨¦n aprobada.

El programa tendr¨¢ una duraci¨®n de 180 d¨ªas a partir de la publicaci¨®n en el BOE del Real Decreto (15 de agosto), m¨¢s el periodo retroactivo que va del 1 al 15 de agosto, y su vigencia ser¨¢ prorrogable por periodos de seis meses en funci¨®n de las condiciones del mercado de trabajo y el Gobierno estima que unos 340.000 parados podr¨¢n beneficiarse de esta medida, que tendr¨¢ un coste de 642 millones de euros, aunque en el Real Decreto s¨®lo se habilita un suplemento de cr¨¦dito al presupuesto del SPEE de 345 millones de euros que se financiar¨¢ mediante la emisi¨®n de deuda.

Es patente, a cuatro d¨ªas de su aprobaci¨®n, que esta medida no ha dejado satisfecho a casi nadie, si bien hay que aplaudir la condicionalidad estricta al seguimiento de itinerarios de inserci¨®n laboral para los beneficiarios. Entre un periodo retroactivo m¨¢s que testimonial (15 d¨ªas), unas condiciones de elegibilidad dif¨ªciles de comprender, el sobrecoste para las comunidades aut¨®nomas y la ambig¨¹edad respecto a la pr¨®rroga del periodo de disfrute de la prestaci¨®n o de la vigencia del programa, la medida corre el riesgo de convertirse en un bumer¨¢n para el Gobierno cuyo presidente, no obstante, ya se ha apresurado a decir, ayer mismo tambi¨¦n, que se revisar¨¢n las condiciones de elegibilidad, eso s¨ª, por "consenso social".

El efecto contraproducente que pueda producir esta medida se ve agravado, en mi opini¨®n, porque, al fin y al cabo, su adopci¨®n puede ser vista como la reacci¨®n un tanto nerviosa de un Gobierno que quiere estar "en el puente de mando" a la ausencia de resultados de un di¨¢logo social en ruinas. Aunque no dejo de preguntarme acerca de qu¨¦ diablos pintaba una medida de este tipo en ese cambio de cartas al que en Espa?a llamamos di¨¢logo social.

Jos¨¦ A. Herce es socio-director de Econom¨ªa de AFI.