Mercanc¨ªa peligrosa

Mercasevilla se puede convertir en una pesadilla para el gobierno municipal y el auton¨®mico. Ya no se la conoce por el lema "la huerta a la mesa pasando por el merca". Todo lo que se lee y escucha es sobre comisiones ilegales o responsabilidades pol¨ªticas. Ni siquiera la Fiscal¨ªa de Sevilla se libra de las acometidas del PP. Unas veces pretende implicar a la Consejer¨ªa de Empleo, interesado el PP en las visitas que han tenido lugar en el despacho del consejero. Quiere saber si ha recibido a un tal Lanzas, al que se le conoce por el "conseguidor". Otras veces busca, a trav¨¦s de una peculiar interpretaci¨®n de las leyes, implicar al alcalde de Sevilla o al sursuncorda. Otras, como ocurre con la Fiscal¨ªa de Sevilla, afirmando que se han recibido instrucciones del fiscal general del Estado para tratar el tema de las comisiones de forma poco ortodoxa. Por decirlo suavemente, atribuyendo a la Fiscal¨ªa una pol¨ªtica criminal de brazos ca¨ªdos o, por decirlo jur¨ªdicamente, atribuy¨¦ndole un retraso interesado en la persecuci¨®n de los delitos que le han sido denunciados.

El pasado jueves tuvimos oportunidad de comprobar que estos comentarios son fiel reflejo de las actuaciones de algunos pol¨ªticos. Unas en el Parlamento de Andaluc¨ªa; otras, mediante una nota de la propia Fiscal¨ªa negando que hubiera recibido instrucciones de la Fiscal¨ªa General del Estado. En el Parlamento se li¨® el correspondiente guirigay liderado por el diputado Juan Ignacio Zoido. Este diputado acus¨® al consejero de Empleo de recibir al tal "conseguidor". El consejero se emple¨® en su defensa, como si tuviera que defenderse. No hay que probar la decencia si no, como el diputado del PP bien sabe, la indecencia. Esto lo sabe cualquiera, sea juez en excedencia o no, lo que ocurre es que algunos dirigentes del PP siguen cometiendo barbaridades jur¨ªdicas. Sobraban las explicaciones del consejero. Interpreta la m¨²sica que el PP quiere que suene y no le preocupa la interpretaci¨®n de las leyes. Por mucho que se empe?e en descalificar a Zoido, record¨¢ndole su condici¨®n de juez en excedencia, ahora es diputado del PP y uno de sus m¨²sicos. Si fuera juez seguro que se reir¨ªa si un denunciante le dijera que la carga de la prueba de los hechos ilegales le corresponde al que se le atribuyen y no a quienes los sostienen. Ser¨ªa un pa¨ªs al rev¨¦s.

Pero, claro, esto es una cosa y otra que Mercasevilla no se haya convertido en una mercanc¨ªa peligrosa. El PP lo est¨¢ usando para trasformar unos actos que, cuando queden definitivamente definidos, pueden ser relevantes penalmente sobre algunas personas que hayan pertenecido o sigan perteneciendo al PSOE o a alg¨²n sindicato, pero no deber¨ªan serlo para el grupo pol¨ªtico o sindicato al que pertenezca. En estos casos, lo normal, lo razonable, es tomar cuantas decisiones sean necesarias para despejar cualquier proteccionismo formal. Es lo que la sociedad quiere.

Nada de ambig¨¹edades, s¨®lo claridad y contundencia, no como est¨¢ ocurriendo en el caso G¨¹rtel. Los grupos pol¨ªticos democr¨¢ticos no son delincuentes, aunque sus dirigentes s¨ª pueden ser responsables de los nombramientos de quienes cometen actos delictivos, como tambi¨¦n de los mecanismos de control si ¨¦stos no funcionan. Es necesario, pues, que act¨²en con contundencia y sin miedos. De no actuar as¨ª, Mercasevilla puede terminar siendo una pesadilla para el PSOE, sobre todo, por la forma que tienen de interpretar el Derecho algunos dirigentes del PP y por la actuaci¨®n de una Fiscal¨ªa que justifica con notas de prensa sus actos ante ataques calumniosos por su lentitud. Una actuaci¨®n no muy deseable, en general. Menos cuando algunos pol¨ªticos, utilizando unos actos que todo apunta a que sean delictivos, hacen manifestaciones para deslegitimar el Gobierno democr¨¢tico y el sistema judicial.