Bajo sospecha

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, presidido por el magistrado Juan Luis de la R¨²a, ha tomado otra decisi¨®n sorprendente en el caso G¨¹rtel: devolver a la Brigada de Blanqueo de Capitales el informe que le remiti¨® el pasado 31 de julio y que apunta a una financiaci¨®n irregular del PP valenciano. El tribunal ya hab¨ªa rechazado investigar el contenido del informe, pero lo hab¨ªa unido a las diligencias que concluyeron en el archivo de la causa por los trajes abierta contra Camps. ?ste ha exigido que tal informe desaparezca de las diligencias judiciales, como si no hubiera existido. Y el tribunal ha accedido.

Seg¨²n avanza la investigaci¨®n judicial sobre el caso G¨¹rtel se pone en evidencia el error que supuso por parte de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n no haber recusado a su debido tiempo al magistrado Juan Luis de la R¨²a, tras haber aireado sin recato alguno Francisco Camps la "¨ªntima y sentida relaci¨®n" que le un¨ªa a ¨¦l. La contrapartida a ese reconocimiento p¨²blico de amistad habr¨ªa sido la abstenci¨®n. Si De la R¨²a no se abstuvo, era deber de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n haber planteado su recusaci¨®n.

No haberlo hecho ha proyectado sobre el Tribunal Superior como tal una imagen de parcialidad dif¨ªcil de evitar. La presencia de De la R¨²a desvirt¨²a la apariencia de imparcialidad objetiva que debe ser inherente a todo tribunal de justicia y hace sospechosas de parcialidad las decisiones que tengan que ver, directa o indirectamente, con su amigo Camps.

Sucedi¨® con el sorprendente archivo de la causa por los trajes regalados por la trama empresarial corrupta liderada por Correa, que dio por buena jur¨ªdicamente la incre¨ªble hip¨®tesis de que no hab¨ªa relaci¨®n entre los regalos de quienes aspiraban a contratar con la Administraci¨®n valenciana y la condici¨®n de Camps como m¨¢xima autoridad de esa Administraci¨®n. Y ha sucedido ahora con la no menos chocante decisi¨®n de negarse a investigar los indicios que apuntan a una financiaci¨®n irregular del PP valenciano por parte de constructoras relacionadas con Orange Market, la empresa de la trama G¨¹rtel con la que operaba ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, en la Comunidad Valenciana.

El Tribunal Supremo puede todav¨ªa enmendar el archivo de la causa contra Camps. Mientras, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n debe darse prisa en rectificar su estrategia procesal en el caso, sacando las consecuencias del error de bulto de no haber recusado a De la R¨²a. El tribunal presidido por el amigo de Camps hizo el resto: circunscribi¨® la causa por los trajes a un delito de cohecho impropio, facilitando que no se investigara la relaci¨®n de esos trajes con las empresas de Correa. Y ¨¦sa ha sido ahora la excusa jur¨ªdica alegada para negarse a investigar los indicios de financiaci¨®n irregular: tales indicios nada tienen que ver con la causa por cohecho impropio ya archivada. As¨ª, sin m¨¢s; como si no fuera deber de un tribunal perseguir el delito y encausar y juzgar a sus autores.