El Gobierno mantiene que las menores puedan decidir si abortan

El Gobierno se mantiene firme en el punto m¨¢s pol¨¦mico de la ley del aborto. El proyecto que aprueba hoy el Consejo de Ministros concede capacidad a las menores de 16 y 17 a?os para decidir por s¨ª mismas si desean abortar, sin el consentimiento ni conocimiento paterno, a pesar de las discrepancias expresadas p¨²blicamente por algunos miembros del PSOE. El Consejo de Estado hab¨ªa recomendado al Ejecutivo que al menos se informe a los padres, pero la posible modificaci¨®n en este sentido se ha dejado para la tramitaci¨®n parlamentaria. El Gobierno est¨¢ dispuesto a negociar si as¨ª se llega a un mayor consenso, pero sigue defendiendo su propuesta. Y los partidos de izquierda, cuyo apoyo necesita el PSOE para aprobar la ley, tampoco quieren que se toque este punto. La modificaci¨®n s¨ª podr¨ªa ayudar a ganar el voto de algunos diputados de CiU y PNV.

Hasta las 14 semanas la mujer no tendr¨¢ que dar explicaciones

La ministra de Igualdad, Bibiana A¨ªdo, argumenta que no debe tratarse el aborto de forma distinta al resto de las prestaciones sanitarias. Seg¨²n la Ley de Autonom¨ªa del Paciente de 2002, los mayores de 16 a?os tienen plena capacidad para consentir por s¨ª solos cualquier intervenci¨®n salvo en tres supuestos: ensayos cl¨ªnicos, aborto y reproducci¨®n asistida. Las dos ¨²ltimas suponen, de hecho, una excepci¨®n s¨®lo para mujeres. El proyecto de ley defiende que el aborto debe estar tambi¨¦n dentro del r¨¦gimen general.

Los plazos han quedado igual que en el anteproyecto: 14 semanas para abortar sin necesidad de justificar los motivos y 22 para los casos de grave riesgo para la vida o salud de la mujer y de malformaciones fetales. La novedad aparece en la regulaci¨®n de los abortos posteriores a la semana 22. Ya no se excluye a los m¨¦dicos que se hayan manifestado p¨²blicamente contrarios al aborto de los comit¨¦s cl¨ªnicos que participen en las interrupciones de embarazos tard¨ªos, y el tipo de intervenci¨®n se modifica tambi¨¦n.

Estos abortos suelen producirse cuando, en un momento avanzado de una gestaci¨®n deseada se diagnostica una grave malformaci¨®n fetal. Son casos en los que no es seguro que el beb¨¦ muera nada m¨¢s nacer pero se sabe que sufrir¨¢ padecimientos graves e incurables durante el tiempo que viva, por lo general corto. La regulaci¨®n actual no solventa este problema, y las espa?olas empezaron hace un par de a?os a viajar a Francia para abortar. La legislaci¨®n de este pa¨ªs lo permite en embarazos tard¨ªos siempre y cuando un comit¨¦ cl¨ªnico formado por varios especialistas lo autorice.

El Gobierno hab¨ªa adoptado una f¨®rmula parecida a la francesa en el anteproyecto de ley, con una diferencia: prohib¨ªa que los m¨¦dicos que se hubieran manifestado contrarios al aborto formaran parte de estos comit¨¦s. El informe del Consejo de Estado, el del Consejo Fiscal y el que no fue aprobado por falta de acuerdo del Consejo General del Poder Judicial avisaron al Gobierno de que la exclusi¨®n gen¨¦rica de los m¨¦dicos antiabortistas era dudosamente constitucional. Por eso, el Gobierno se ha visto obligado a cambiar el modelo. Ya no impide a los m¨¦dicos contrarios al aborto formar parte de estos comit¨¦s. A cambio, ya no autorizan la interrupci¨®n de los embarazos. S¨®lo confirman el diagn¨®stico de gravedad.

Cada comunidad aut¨®noma deber¨¢ tener al menos un comit¨¦ cl¨ªnico en un centro de la red sanitaria p¨²blica. En los comit¨¦s habr¨¢ tres personas designadas por las autoridades sanitarias competentes (las comunidades aut¨®nomas): dos m¨¦dicos especialistas en ginecolog¨ªa y obstetricia o expertos en diagn¨®stico prenatal y un pediatra. Uno de los tres podr¨¢ ser elegido por la madre.

El comit¨¦ determinar¨¢ si, efectivamente, el feto sufre una enfermedad "extremadamente grave e incurable". Una vez que este diagn¨®stico est¨¦ confirmado, la mujer ser¨¢ quien decida sobre la intervenci¨®n.

El Gobierno tem¨ªa que en determinadas comunidades aut¨®nomas donde gobierna el PP, contrario a la nueva ley del aborto, se nombraran comit¨¦s que no autorizaran las interrupciones del embarazo. Con esta nueva redacci¨®n, queda a¨²n el peligro de que m¨¦dicos antiabortistas se nieguen a diagnosticar enfermedades incurables y de extrema gravedad en el feto, pero es un riesgo atenuado. Por un lado, se quita a los m¨¦dicos la responsabilidad moral de autorizar o no un aborto. Por otro, es dif¨ªcil que, por motivos de conciencia, un especialista falsee a sabiendas un diagn¨®stico cl¨ªnico. Adem¨¢s, el hecho de que la mujer pueda elegir un especialista tambi¨¦n supone que al menos uno de los tres m¨¦dicos no ser¨¢ antiabortista.

De cualquier forma, sigue siendo un tema complicado que debe a¨²n concretarse para evitar que, por motivos de conciencia, se frustren algunas interrupciones de embarazo leg¨ªtimas seg¨²n la ley. No queda claro, por ejemplo, que es una enfermedad "de extrema gravedad". Sobre este punto podr¨ªa haber discrepancias entre los especialistas. Los detalles de funcionamiento de estos comit¨¦s se determinar¨¢n reglamentariamente, seg¨²n dispone el proyecto de ley.

El Gobierno ha modificado tambi¨¦n algunos puntos como la proporcionalidad de las penas a mujeres -que siguen sin ser sancionadas con pena de c¨¢rcel- y m¨¦dicos y la informaci¨®n que se da a las mujeres que deseen abortar. Este punto, relacionado con la protecci¨®n del feto, es clave para garantizar que el Tribunal Constitucional, que se pronunciar¨¢ con total seguridad sobre esta norma, la avale.