IU apoyar¨¢ la ley de Aguirre para la Ca?ada si se aseguran los realojos

Izquierda Unida est¨¢ dispuesta a abrir un resquicio al consenso sobre la ley de la Ca?ada Real Galiana. El partido no se opondr¨¢ a esta norma si el Gobierno regional acepta asegurar el realojamiento de los pobladores m¨¢s desfavorecidos de la v¨ªa donde habitan unas 30.000 personas en distintos t¨¦rminos municipales.

"La ley, como est¨¢, tiene suficientes elementos de avance en el problema de la Ca?ada Real para que, si se hace una aplicaci¨®n bien intencionada, suponga ya un avance de lo que se ha hecho hasta ahora", explica el alcalde de Rivas, Jos¨¦ Masa, de IU, que est¨¢ trabajando en coordinaci¨®n con el grupo parlamentario de la coalici¨®n en la Asamblea.

Precisamente, la Ca?ada Real Galiana ser¨¢ una de las protagonistas del debate pol¨ªtico en la C¨¢mara regional a lo largo de octubre. El pr¨®ximo jueves se debatir¨¢ la proposici¨®n de ley que ha presentado el Partido Socialista de Madrid (PSM) y, en el ¨²ltimo pleno del mes, el 22 de octubre, se tramitar¨¢n las enmiendas a la totalidad de la ley de la Ca?ada Real que ha presentado Esperanza Aguirre (PP).

La zona, de unos 15 kil¨®metros, est¨¢ calificada como suelo r¨²stico

En la v¨ªa pecuaria hay asentamientos chabolistas, pero tambi¨¦n chal¨¦s

Mientras la primera propuesta tiene todas las papeletas para que la tumbe la mayor¨ªa del PP (62 de 120 diputados), la ley de Aguirre saldr¨¢ c¨®modamente adelante. Su objetivo final es quitar la consideraci¨®n de dominio p¨²blico a esta v¨ªa pecuaria para legalizar las construcciones que ya existen y deja a los Ayuntamientos que resuelvan el problema de la poblaci¨®n marginal que habita en las chabolas.

La cuesti¨®n es que la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha prometido contar con el consenso de todos los grupos. Y, de momento, ni siquiera tiene el de los Ayuntamientos afectados: Madrid (gobernada por el PP), Coslada (PSM) y Rivas (con una coalici¨®n IU-PSM).

El principal escollo es que los tres municipios se quejan de que, a ¨²ltima hora, el Gobierno de Aguirre introdujo un punto nuevo, no consensuado, que establece un plazo de dos a?os para cerrar el acuerdo social. Si no se produce, permite vender el suelo. Hasta ahora los tres municipios afectados y la oposici¨®n en la Asamblea (PSM e IU) han pedido que se retire la ley.Pero el grupo de IU se reuni¨® el pasado viernes con el alcalde de Rivas para abordar la posici¨®n que van a tomar en la Asamblea. La reuni¨®n sirvi¨® para abrir una posibilidad a un apoyo del partido al texto legal.

"Nosotros queremos ponerle el adjetivo al plazo de dos a?os", afirma Masa. Su propuesta es que los dos a?os que recoge la ley no cierren el acuerdo social, sino que se conviertan en el plazo fijado para poner en marcha "un instrumento jur¨ªdico" que permita a las administraciones afectadas abordar los realojos. "Si se mantiene que la prioridad es el acuerdo social, como ayuntamiento me doy por satisfecho", sostiene Masa.

El alcalde de Rivas tambi¨¦n amenaza con poner zancadillas al proceso si no se cumple este aspecto. "Si el plazo de dos a?os se interpreta como que la Comunidad de Madrid tiene la llave para retirarse de la negociaci¨®n, no podr¨ªamos estar de acuerdo", prosigue Masa. En ese caso, explica, el ayuntamiento acatar¨ªa lo que la ley le obligara, pero no facilitar¨ªa el proceso. "Por ejemplo, en ning¨²n caso modificar¨ªamos la situaci¨®n del suelo de la Ca?ada Real y lo mantendr¨ªamos como zona verde". Con esta calificaci¨®n, las viviendas situadas en la v¨ªa a su paso por Rivas, aunque el suelo dejara de ser considerado bien de dominio p¨²blico, ser¨ªan demolidas.

La postura que adoptar¨¢ IU en la C¨¢mara es diferente a la del grupo socialista. Su portavoz en la comisi¨®n de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenaci¨®n del Territorio, Antonio Fern¨¢ndez Gordillo, avanza que presentar¨¢n una enmienda a la totalidad a la ley de la Ca?ada Real Galiana con texto alternativo y, tambi¨¦n, enmiendas parciales.

Antes, pretenden que se discuta su proposici¨®n de ley, que contempla un plan de intervenci¨®n integral en la ca?ada, que aborda aspectos medio ambientales, sociales y urban¨ªsticos. La ley, un texto de 19 p¨¢ginas presentado el pasado 30 de junio en la Asamblea, contempla la desafectaci¨®n como punto final, despu¨¦s de finalizar la intervenci¨®n social, y no como inicio, como hace la de Aguirre.

Como paso previo al debate de su propuesta, el grupo socialista ha convocado ma?ana lunes a las cinco de la tarde a la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Mart¨ªnez (PP), al alcalde de Coslada, ?ngel Viveros (PSM), y al de Rivas, Jos¨¦ Masa (IU), para conocer la voluntad de los ayuntamientos respecto a la ley de Aguirre. "Nosotros no vamos a renunciar al contenido de nuestra ley", declara el diputado socialista.

La edil de la capital defendi¨® hace una semana que el problema de la Ca?ada Real Galiana no se soluciona por la v¨ªa de enajenar el terreno, sino con un compromiso de intervenci¨®n social entre las administraciones afectadas. "El compromiso social no puede tener un l¨ªmite temporal", recalc¨® sobre el plazo de los dos a?os impuesto por el Gobierno regional.

La Ca?ada Real Galiana, una v¨ªa pecuaria de unos 15 kil¨®metros, que en la actualidad es un bien de dominio p¨²blico con calificaci¨®n de suelo r¨²stico, tiene una gran parte del territorio edificado ilegalmente, tiene asentamientos chabolistas, pero tambi¨¦n con casas y chal¨¦s. Unas 30.000 personas viven en ella.

El problema m¨¢s acuciante es de los pobladores de las chabolas. Pese a ello, el proyecto del Ejecutivo regional los olvida y pretende regularizar la situaci¨®n de los propietarios de las edificaciones estables, para que puedan adquirir el suelo que ocupan. Los detractores de la ley opinan que, sin resolver el realojo de los chabolistas, eso supone avivar el problema.