La asignatura pendiente de la democracia

El Consejo de Ministros acaba de aprobar el proyecto de Ley General Audiovisual, que iniciar¨¢ en breve su tramitaci¨®n parlamentaria. Si se siguen los tr¨¢mites habituales, entrar¨¢ en vigor, previsiblemente, despu¨¦s del 3 de abril de 2010, fecha de la plena digitalizaci¨®n. Lejos de ser su causa y origen, el pr¨®ximo apag¨®n anal¨®gico ha a?adido argumentos a la necesidad de un marco normativo que defina con claridad las reglas del juego en el espacio p¨²blico audiovisual, de acuerdo con los par¨¢metros europeos y los de una democracia avanzada. Cabe esperar pues que las Cortes Generales acaben dando forma a una norma moderna, sistem¨¢tica, flexible en cuanto a su capacidad de adaptaci¨®n a los cambios tecnol¨®gicos. Y cabe esperar tambi¨¦n que la nueva ley se corresponda con las caracter¨ªsticas propias de la legislaci¨®n b¨¢sica estatal, respetando el margen de desarrollo que corresponde a las Comunidades Aut¨®nomas y que emana de sus Estatutos de Autonom¨ªa. Una norma que ponga fin al r¨¦gimen vigente, que pivota esencialmente sobre los par¨¢metros legislativos establecidos en los a?os ochenta y que, seg¨²n hemos denunciado en foros diversos, presenta unos rasgos claros de obsolescencia. Esperamos, en definitiva, una norma que acabe con la tendencia a abordar los problemas de forma singular, al hilo de debates, intereses y alianzas t¨¢cticas con actores concretos de la escena audiovisual.

La norma debe acabar con el abordaje de los problemas al hilo de alianzas t¨¢cticas

Dicho todo lo anterior, procede hacer ahora dos consideraciones generales: en primer lugar, debemos lamentar la escasa transparencia y participaci¨®n con las que se han elaborado los sucesivos borradores y anteproyectos. Si nos fijamos en otros pa¨ªses avanzados del entorno europeo (el Reino Unido es el paradigma), la elaboraci¨®n de la norma general ordenadora del sector estuvo precedida de una serie de documentos preparatorios y debates p¨²blicos, en los que se pusieron sobre la mesa tanto las intenciones y proyectos del Gobierno correspondiente como las posiciones y observaciones de los actores implicados. Poco de esto ha sucedido en nuestro pa¨ªs. M¨¢s concretamente, hay que decir que los consejos audiovisuales auton¨®micos, que constituyen el modelo de regulador al cual parece dirigirse finalmente el legislador estatal, no han tenido la oportunidad de participar en esta fase legislativa previa, tal y como hubieran deseado. Cualquier intento de estas instituciones de hacer una m¨ªnima aportaci¨®n constructiva basada en la propia experiencia ha obtenido como respuesta el silencio, siempre con la sensaci¨®n de que otros actores del sector, muchos de ellos directamente afectados por la nueva regulaci¨®n, eran en cambio considerados como interlocutores v¨¢lidos, siempre en el marco de un proceso de di¨¢logo y consulta, cuanto menos, opaco.

En segundo lugar, merece la pena reiterar aqu¨ª la necesidad de que el legislador acometa la creaci¨®n de un organismo regulador independiente en esta materia. Fruto de la falta de un regulador efectivo de ¨¢mbito estatal, la Comisi¨®n Europea y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas han empezado ya a actuar contra Espa?a con cierta contundencia, precisamente, por la deficiente aplicaci¨®n de la normativa europea en materia audiovisual, y en particular en lo que se refiere a la aplicaci¨®n de los l¨ªmites de saturaci¨®n publicitaria y la prohibici¨®n de la pornograf¨ªa en abierto. En este ¨²ltimo caso, quiz¨¢ sea la presi¨®n de las instituciones comunitarias y la de nuestros propios consejos reguladores la que habr¨ªa llevado al Gobierno a introducir de manera expresa dicha prohibici¨®n, que pondr¨¢ fin a una deficiencia mantenida durante cerca de veinte a?os. Es necesario pues que la nueva ley dote al regulador de la independencia y de los poderes necesarios, no s¨®lo ni principalmente sancionadores, sino tambi¨¦n normativos y de adjudicaci¨®n de licencias (y tambi¨¦n de fomento de la auto y la co-regulaci¨®n) para cumplir con sus responsabilidades.

La ordenaci¨®n razonable de la comunicaci¨®n audiovisual constituye seguramente una de las ¨²ltimas asignaturas pendientes para consolidar nuestra madurez democr¨¢tica. Esperemos que el legislador no desaproveche esta oportunidad.

Juan Montabes Audiovisual de Andaluc¨ªa; Ram¨®n Bult¨®, del Consejo Audiovisual de Navarra, y Ram¨®n Font, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.