Corrupci¨®n sin contrici¨®n

Hay un aspecto lateral del caso G¨¹rtel m¨¢s inquietante que los obscenos manejos de Correa, El Bigotes y los otros amiguitos del alma de la trama que tiene empantanado al PP. Y es la falta de reflexi¨®n por parte de los dem¨¢s partidos y de la ciudadan¨ªa activa sobre las fallas del sistema que ha puesto de manifiesto este episodio de podredumbre, que mezcla el dise?o con la cochambre. Las otras formaciones no concernidas prefieren asistir en primera fila, con regocijo mal contenido, al desfile de torpezas de Camps para vestir sus desnudeces y de Mariano Rajoy para tapar sus debilidades. Unos, los adversarios directos, desean que el desprestigio y la p¨¦rdida de energ¨ªas que arrastra el caso termine de arruinar las expectativas populares de volver a La Moncloa a medio plazo. El PP, por su parte, ¨²nicamente parece confiar ya en capear el temporal soltando la menor cantidad de lastre posible y esperando que un cortocircuito judicial deje el sumario en v¨ªa muerta, como sucedi¨® con el caso Naseiro. El resto s¨®lo mira y, si acaso, cruza los dedos al repasar los posibles correas y costas que se mueven en los aleda?os de la sede del partido.

El 'caso G¨¹rtel' es un problema del PP intransferible, pero nos afecta a todos

Sin embargo, m¨¢s de ocho meses de caso G¨¹rtel son suficientes para empezar a volver a analizar si son efectivas las barreras dispuestas en las administraciones p¨²blicas y en la normativa sobre financiaci¨®n de los partidos para prevenir y corregir lo que aqu¨¦l va revelando. Porque, en paralelo a esta aut¨¦ntica sinfon¨ªa de la corrupci¨®n, siguen sucedi¨¦ndose las actuaciones judiciales contra corporaciones podridas en distintos puntos de Espa?a, y afloran piezas no menos inquietantes, como el caso Palau de la M¨´sica, el asunto de los informes basura de la Generalitat de Catalu?a, o el caso Matas en Mallorca.

Como en asuntos de esta naturaleza nadie est¨¢ libre de pecado -pasado, presente o futuro-, a menos que no se haya acercado a los aleda?os del poder, pocos han sido los que han hecho p¨²blica ostentaci¨®n de virtud. Pero lo que llama la atenci¨®n es que ni siquiera se haya intentado un diagn¨®stico de la enfermedad, condici¨®n previa para tratarla. Seguramente, porque se prefiere mantener la ficci¨®n de que no se est¨¢ infectado en tanto que los s¨ªntomas no se manifiesten. "En todas las organizaciones hay manzanas podridas", ha sido el m¨¢s elevado an¨¢lisis que se ha hecho de lo sucedido y que incide en una especie de determinismo de la corrupci¨®n, seg¨²n el cual unos pa¨ªses ser¨ªan m¨¢s propensos que otros a enfermar de ella.

Se ha hablado y escrito, s¨ª, de las amistades peligrosas, de las relaciones de inter¨¦s entre la pol¨ªtica y las empresas que trabajan con las administraciones, de las necesidades financieras insaciables de los partidos, que debilitan pudores y voluntades, de c¨®mo la discrecionalidad y el amiguismo pueden burlar los controles administrativos sin que salten las alarmas. Sin embargo, nadie se ha puesto a la tarea de trazar las l¨ªneas que unen cada uno de estos factores para elaborar la topograf¨ªa de la corrupci¨®n y tratar de ponerle remedio.

Despu¨¦s de los esc¨¢ndalos de los ochenta y noventa -los casos Filesa, Juan Guerra, el citado Naseiro, m¨¢s los Rold¨¢n, Rubio, etc¨¦tera- se adoptaron algunas medidas referidas a la financiaci¨®n de los partidos, la contrataci¨®n p¨²blica o las incompatibilidades de los altos cargos durante y despu¨¦s de su ejercicio. Su eficacia, a la vista de lo sucedido, no ha sido mucha. O no suficiente para neutralizar la elevada politizaci¨®n de las administraciones p¨²blicas, que favorece las conexiones no santas entre los despachos oficiales y las sedes de los partidos, desapodera a los funcionarios y propicia la creaci¨®n de redes clientelares como las afloradas en el caso G¨¹rtel.

Ahora, sin embargo, en una sociedad tan dada a legislar en caliente en otros supuestos, llama la atenci¨®n la falta de propuestas para atajar las pr¨¢cticas que la trama de Correa ha elevado a la condici¨®n de delictivas, pero de las que tribunales de cuentas y servidores p¨²blicos honestos vienen advirtiendo a?o tras a?o sin que se les haga maldito caso. Por ejemplo, de la extendida costumbre en casi todas las administraciones de trocear las adjudicaciones de obras y servicios para sortear las normas de contrataci¨®n. O del abuso del concurso restringido y la adjudicaci¨®n directa sin una clara justificaci¨®n. Y esto acompa?ado de un consciente debilitamiento de la autoridad de quienes, interna y externamente, deben velar en ayuntamientos, diputaciones, gobiernos y sociedades p¨²blicas por el control de la legalidad y sujeci¨®n a los procedimientos administrativos.

Gran parte de la responsabilidad del desastre financiero estadounidense que ha acabado en crisis general se ha achacado a la ineficacia de los ¨®rganos de supervisi¨®n. Habr¨ªa que ver tambi¨¦n qu¨¦ parte de la corrupci¨®n que nos invade debe endosarse a la temeraria desactivaci¨®n en nuestras administraciones de requisitos como el informe previo de legalidad o de los mecanismos de supervisi¨®n y auditor¨ªa del gasto. Un proceso que va acompa?ado de la relegaci¨®n del funcionario de carrera por el personal de confianza (del gobernante, se entiende).

El caso G¨¹rtel es un problema intransferible del PP, pero las circunstancias que permitieron a la trama campar a sus anchas son un problema de todos. Constituyen el caldo de cultivo de la corrupci¨®n. El humus donde crecen los correas y otros mangantes de su condici¨®n.