El oasis catal¨¢n

En el pretendido oasis catal¨¢n parece que hay fuego subterr¨¢neo como en las Tablas de Daimiel. Una de las instituciones m¨¢s prestigiosas de Catalu?a, una joya de nuestra cultura y un orgullo para todos, ha sufrido una succi¨®n impenitente, sistem¨¢tica, agotadora, de las aguas que la enriquec¨ªan y embellec¨ªan, y ahora arde su subsuelo humeando por distintas grietas que van apareciendo:el caso Millet, o el de Santa Coloma, de variado colorido pol¨ªtico, son buenos ejemplos.

De nada vale bombear confusi¨®n en la grieta del proceso penal confesando solamente lo ya descubierto. De nada vale bombear fingidos sentimentalismos en las grietas de viejos recuerdos, que reverdecen, de cuyo nombre parece desafortunado que quieran acordarse. En el drama ecol¨®gico de Daimiel s¨®lo vale cegar los pozos abusivos e ilegales, devolver el agua a su cauce, respetar las leyes de la naturaleza. Del mismo modo, en los deplorables fen¨®menos de ecolog¨ªa social, ¨¦tica o c¨ªvica que nos abruman con excesiva frecuencia, s¨®lo vale la transparencia, la restituci¨®n, cegar los pozos de la codicia, atenerse a las leyes, que se haga justicia.

Los jueces, igual que los legisladores y gobernantes, deben soportar las cr¨ªticas a lo que hacen o dejan de hacer

Algunos lances del proceso penal contra Millet han desconcertado o incluso escandalizado a la opini¨®n p¨²blica. Es inevitable que algunos desconfiados piensen que no se har¨¢ justicia, sospechen de la honestidad del juez, porque hay mucho dinero por medio, y ha habido, en alguna ocasi¨®n anterior, jueces deshonestos. Pero debe decirse rotundamente que, desde ese punto de vista, se puede poner la mano en el fuego a favor del juez. Debe proclamarse, sin matices, su pulcritud e independencia. Sin embargo, esta proclamaci¨®n tajante es perfectamente compatible con su posible desacierto. Y este posible desacierto es criticable.

La cr¨ªtica a las decisiones judiciales, a causa de su desacierto, de su inoportunidad o de la simple discrepancia, es un ingrediente esencial de la convivencia democr¨¢tica. El poder legislativo y el poder ejecutivo soportan con estoicismo las m¨¢s severas cr¨ªticas, justas o no. Los jueces, que administran el poder judicial, deben soportar del mismo modo, por m¨¢s que sean severas, adversas o desacertadas, las cr¨ªticas a lo que hacen o dejan de hacer.

Para que la cr¨ªtica sea posible es preciso que exista informaci¨®n di¨¢fana sobre las actuaciones judiciales, que por eso la Constituci¨®n ordena su publicidad, s¨®lo limitable por causa del secreto previsto legalmente. Las leyes que regulan los tr¨¢mites de los procesos no establecen la forma de producir o canalizar la informaci¨®n desde la oficina judicial a la opini¨®n p¨²blica. Es posible que sea esta insuficiencia la que haya creado cauces oficiosos de informaci¨®n con efectos, o defectos, indeseables.

Sin embargo, la ley que regula el estatuto org¨¢nico del ministerio fiscal s¨ª establece esta fundamental funci¨®n de la convivencia democr¨¢tica. As¨ª, encomienda a la fiscal¨ªa "informar a la opini¨®n p¨²blica de los acontecimientos que se produzcan, siempre en el ¨¢mbito de su competencia, y con respeto al secreto del sumario".

Ante el desconcierto o esc¨¢ndalo que gener¨® la actuaci¨®n judicial, la fiscal¨ªa de Catalu?a estim¨® pertinente trasladar a la opini¨®n p¨²blica determinados datos relacionados con acontecimientos relevantes del proceso. La que algunos medios calificaron como ins¨®lita actuaci¨®n de la fiscal¨ªa no era m¨¢s que puntual cumplimiento de una funci¨®n legalmente prevista. Y era necesario, adem¨¢s, para general conocimiento de que la fiscal¨ªa hab¨ªa procurado cumplir, en toda la medida de sus posibilidades legales, con la obligaci¨®n que le impone la ley de "velar por que la funci¨®n jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes, y en los plazos y t¨¦rminos en ella se?alados".

Mientras la fiscal¨ªa cumpl¨ªa con su funci¨®n legal de informar a la opini¨®n p¨²blica y el juez del caso resolv¨ªa, o no, los dem¨¢s jueces ejerc¨ªan su derecho a expresar y difundir libremente sus ideas y opiniones, favorables o cr¨ªticas, en relaci¨®n con el asunto. Alg¨²n juez y alguna juez, a t¨ªtulo individual, "como ciudadanos", expresaban su opini¨®n sobre la llevanza del asunto, en t¨¦rminos que a la mayor¨ªa del colectivo le han producido una santa indignaci¨®n corporativa.

Desde perspectivas pol¨ªticas y medi¨¢ticas bienintencionadas se ha lamentado que afloren las discrepancias efectivamente existentes en el seno del mundo judicial, estimando que con ello se menoscaba la credibilidad del sistema o se dificulta la serenidad del juez, imprescindible para el acierto de sus decisiones. Estas perspectivas, probablemente, est¨¢n te?idas de un cierto angelicalismo. El torbellino que envuelve al asunto Millet es un ingrediente m¨¢s, un elemento consustancial del caso. El juez tendr¨¢ que ejercitar y exhibir su ecuanimidad, objetividad e independencia, en el interior del torbellino. ?se es su oficio.

El fuego subterr¨¢neo que resquebraja el oasis catal¨¢n no lo han prendido los ciudadanos de Catalu?a, sino unos cuantos que, como en el resto de Espa?a, quieren llevarse toda el agua a su molino. Es deseable que los ciudadanos tengan confianza en las instituciones para salir del atolladero de este inacabable espect¨¢culo bochornoso. Pero ser¨ªa tambi¨¦n deseable que las instituciones produjeran, con m¨¢s frecuencia, motivos de confianza.