Tierra de herejes

En la inauguraci¨®n el pasado mi¨¦rcoles de los "desayunos informativos CEU", que la poderosa Asociaci¨®n Nacional de Propagandistas y la Fundaci¨®n Universitaria San Pablo-CEU se proponen convocar cada dos meses, el portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Mart¨ªnez Camino, se dirigi¨® a los votantes espa?oles en general y a los parlamentarios en particular en los siguientes t¨¦rminos: "Quien apoye, vote o promueva esa ley (se refer¨ªa al proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupci¨®n Voluntaria del Embarazo) est¨¢ en pecado mortal p¨²blico y no puede ser admitido a la sagrada comuni¨®n", pues "quitar la vida a un ser humano es contradictorio con la fe cat¨®lica. Quien contribuya a ello est¨¢ en la herej¨ªa y, por tanto, excomulgado". Y esto, a?adi¨®, "vale para todos los cat¨®licos, est¨¦n en el partido que est¨¦n y por encima de lo que les diga su partido".

No creo que nadie que conozca la doctrina de la Iglesia cat¨®lica en este punto pueda sorprenderse de que el portavoz de la Conferencia Episcopal se haya expresado en los t¨¦rminos en que lo ha hecho. La Iglesia cat¨®lica siempre ha negado la legitimidad del Estado para poder dictar otra legislaci¨®n sobre la interrupci¨®n del embarazo que no sea la de tipificarla como un delito. Cualquier legislaci¨®n de otro tipo choca con la "ley natural", es decir, con lo que la Iglesia cat¨®lica entiende que es la ley natural, que establece un l¨ªmite infranqueable para el legislador artificial, esto es, el legislador estatal.

Lo que s¨ª sorprende es que esta doctrina no haya sido aplicada a todos los ciudadanos, parlamentarios y poderes p¨²blicos en general que apoyaron, votaron y promovieron la ley de 1985 por la que se despenaliz¨® la interrupci¨®n del embarazo en determinados supuestos y que ha permitido que se hayan practicado un n¨²mero considerable de abortos desde entonces hasta hoy, tanto en los a?os en los que la mayor¨ªa parlamentaria ha sido socialista como en aquellos en los que ha estado en el Gobierno el PP.

Todo el mundo sabe y los obispos seguro que no lo ignoran, que el n¨²mero de interrupciones del embarazo no se va a ver significativamente modificado como consecuencia de la aprobaci¨®n de la nueva ley. La pr¨¢ctica del aborto va a continuar siendo la que es. La ¨²nica diferencia, que no es poca, es la seguridad jur¨ªdica en que van a moverse tanto las mujeres que decidan interrumpir el embarazo como el personal sanitario que intervenga en la operaci¨®n conducente a tal fin.

No se entiende por qu¨¦ si los que promuevan, voten o apoyen la nueva ley son herejes y van a estar en pecado mortal p¨²blico, no lo est¨¢n los que promovieron, votaron o apoyaron la ley anterior y por qu¨¦ no lo est¨¢ pr¨¢cticamente toda la ciudadan¨ªa de los Estados que integran la Uni¨®n Europea, en los que ya existe una ley como la que ahora se va a someter a la consideraci¨®n de las Cortes Generales espa?olas.

Si nos tomamos en serio la doctrina recordada por el portavoz de los obispos espa?oles, habr¨ªa que llegar a la conclusi¨®n de que Europa es una tierra de herejes, en la que millones de personas est¨¢n en pecado mortal p¨²blico y, en consecuencia, excomulgados. Corolario inmediato de esta conclusi¨®n deber¨ªa ser la depuraci¨®n de los Registros Eclesi¨¢sticos, a fin de que se eliminara de ellos la condici¨®n de cat¨®licos de todos aquellos ciudadanos que fueron bautizados, pero que se han puesto con su conducta de manera p¨²blica fuera de la ley de la Iglesia.

Esta depuraci¨®n del censo oficial de cat¨®licos deber¨ªa hacerse de oficio por la autoridad eclesial en todos aquellos casos en que se tiene constancia de una tal conducta o a instancia de parte de todos los ciudadanos que lo solicitaran.