Gallard¨®n no podr¨¢ cobrar por ahora el 'movilazo'

Las arcas municipales est¨¢n vac¨ªas. As¨ª que para tratar de llenarlas, el Ayuntamiento ha tenido que reinventar tasas como el llamado basurazo. Otro de los nuevos tributos que pretend¨ªa cobrar es la tasa por la "utilizaci¨®n privativa y aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de la v¨ªa p¨²blica a favor de empresas explotadoras de servicios de telefon¨ªa m¨®vil", m¨¢s conocida en el sector por el movilazo, porque grava la colocaci¨®n de antenas de telefon¨ªa m¨®vil. El Consistorio que preside Alberto Ruiz-Gallard¨®n pretend¨ªa cobrar por este concepto 20 millones de euros en 2009, y en torno a 24 millones en 2010, pero por ahora tendr¨¢ que esperar.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado nula la cuantificaci¨®n de la cantidad que establece la ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Madrid reguladora de la tasa, que fijaba el gravamen en el 1,5% de los ingresos medios anuales que obtiene cada una de las compa?¨ªas por operar en la ciudad.

El fallo, a denuncia de Telef¨®nica, da la raz¨®n parcialmente a las compa?¨ªas m¨®viles con red propia porque aunque no anula la tasa, como quer¨ªan ¨¦stas, s¨ª declara ilegal los dos art¨ªculos de la ordenanza municipal de septiembre de 2007 que fijaban la cuant¨ªa de la misma. Telef¨®nica, Vodafone y Orange han hecho frente com¨²n contra esta nueva tasa.

La consideran abusiva puesto que las antenas y otras instalaciones est¨¢n en emplazamientos privados, por los que ya pagan un alquiler. No estar¨ªan, por tanto, afectadas por la llamada "tasa de aprovechamiento especial del dominio p¨²blico local", que s¨ª deben pagar otras compa?¨ªas de telefon¨ªa fija o las el¨¦ctricas.

Las tres compa?¨ªas se han negado a pagar los recibos trimestrales de esta tasa que les ha venido liquidando el Ayuntamiento desde principio de 2008, por lo que a finales de a?o se supone que acumulaban una deuda de m¨¢s de 40 millones, que ahora est¨¢ en el aire.

Con este pronunciamiento, el Tribunal mantiene el criterio que ha venido manifestando respecto a las ordenanzas de Coslada, Valdemoro, Parla y Alcal¨¢ de Henares, contra las que tambi¨¦n han recurrido las operadoras.

Parad¨®jicamente, el Ayuntamiento de Madrid ha recibido la sentencia casi como un triunfo, aunque ha anunciado que va a recurrirla ante el Tribunal Supremo por considerar que "la ordenanza es plenamente legal". El Consistorio madrile?o interpreta que el tribunal permite cobrar a las operadoras de telefon¨ªa m¨®vil siempre que la forma de c¨¢lculo no sea la que hab¨ªa previsto en un principio: aplicar una tasa del 1,5% sobre la facturaci¨®n o volumen de ingresos.

Y recuerda que sigui¨® una recomendaci¨®n de la Federaci¨®n de Municipios y Provincias (FEMP). El Ayuntamiento de Madrid estudia establecer una cuant¨ªa fija a cada operador de telefon¨ªa. Y de este modo quedar¨ªan subsanadas todas las objeciones sobre la ordenanza.

La Concejal¨ªa de Hacienda de Madrid considera que "las posibilidades de ¨¦xito ante el Supremo son muy altas, ya que este tribunal se?ala que la Ley de Haciendas Locales a¨²n no ha establecido una f¨®rmula concreta de cuantificaci¨®n".

La reforma de la Ley de Haciendas Locales del a?o 2003 excluy¨® a los operadores de telefon¨ªa m¨®vil de tributar por el 1,5% de sus ingresos por la tasa por el aprovechamiento especial del dominio p¨²blico local. No obstante, desde dicho a?o y de manera progresiva, los Ayuntamientos han ido elaborando ordenanzas fiscales sujetando a los operadores de telefon¨ªa m¨®vil a dicha tasa por un importe pr¨¢cticamente igual.

Los operadores de telefon¨ªa m¨®vil se han opuesto en todo momento a dicha actuaci¨®n recurriendo todas las ordenanzas y liquidaciones giradas por los ayuntamientos.

No obstante, el Tribunal Supremo desestim¨® el pasado mes de abril el recurso de casaci¨®n presentado por Vodafone contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a que permit¨ªa al Ayuntamiento de Badalona cobrar tasas por la ocupaci¨®n del dominio p¨²blico local a las empresas de telefon¨ªa m¨®vil. Ese fallo ha dado nuevas alas a los municipios para tratar de imponer la tasa.