China se aferra a la pena de muerte

Cuando estall¨® el odio ¨¦tnico entre miembros de las etnias uigur y han en la regi¨®n aut¨®noma occidental china de Xinjiang, en julio pasado, el balance oficial fue de 197 muertos y m¨¢s de 1.600 heridos, hanes la inmensa mayor¨ªa de ellos. Las autoridades prometieron severos castigos para los responsables de la violencia, y la pena capital para los m¨¢ximos culpables. "Los brutales criminales ser¨¢n sentenciados a muerte", avis¨® Li Zhi, secretario del Partido Comunista Chino en Urumqi, capital de Xinjiang, donde se produjeron los enfrentamientos.

La promesa se ha cumplido. Pek¨ªn anunci¨® el lunes pasado que nueve de los acusados han sido ejecutados. Ocho de ellos eran uigures y uno, han. Otros tres han sido condenados a la pena capital con dos a?os de suspensi¨®n, lo que normalmente significa que ser¨¢ conmutada por cadena perpetua.

China es el pa¨ªs que m¨¢s personas ejecuta del mundo: al menos 1.718 el a?o pasado, aunque el n¨²mero real se desconoce

Las duras sentencias por las peores revueltas ¨¦tnicas que ha sufrido China en las ¨²ltimas d¨¦cadas sacan de nuevo a la luz el uso generalizado de la pena de muerte. La oposici¨®n habitual de organizaciones de derechos humanos y algunos gobiernos extranjeros se ha intensificado en este caso, porque la mayor¨ªa de los ajusticiados pertenecen a una minor¨ªa ¨¦tnica y porque hay dudas sobre la ecuanimidad de los tribunales. En China, los magistrados se encuentran bajo el control del Partido Comunista.

"Las declaraciones hechas por los funcionarios chinos tras los disturbios hac¨ªa muy dif¨ªcil que los juicios fueran imparciales", asegura Amnist¨ªa Internacional (AI). Esta organizaci¨®n de derechos humanos denuncia la falta de transparencia de los juicios, y argumenta que se neg¨® a los acusados la posibilidad de elegir a sus defensores. "Las autoridades judiciales de Pek¨ªn presionaron a los abogados de derechos humanos para que no aceptaran los casos", se?ala. El Congreso Mundial Uigur, una organizaci¨®n en el exilio, dijo que se ha negado a los condenados el derecho a ver a sus familias antes de ser ejecutados.

El Gobierno de Estados Unidos ha criticado tambi¨¦n los juicios. Ian Kelly, portavoz del Departamento de Estado, asegur¨® que Washington "contin¨²a urgiendo a China para que gestione todas las detenciones y los procesos judiciales relacionados con la violencia en Urumqi de forma transparente" y "de acuerdo con las normas internacionales". Pek¨ªn replic¨® r¨¢pidamente. "Esa gente

son criminales implicados en las muertes en Urumqi (...) El Gobierno ha tratado estos casos de acuerdo a la ley", dijo Qin Gang, portavoz de Exteriores. Este cruce de declaraciones sit¨²a la espinosa cuesti¨®n de los derechos humanos en el punto de mira, en v¨ªsperas de la visita que el presidente estadounidense, Barack Obama, comienza precisamente esta noche a China.

Los enfrentamientos en Xinjiang estallaron el 5 de julio. Miles de personas se echaron a la calle para protestar por la muerte de dos uigures a manos de hanes durante una pelea en una f¨¢brica en la provincia sure?a de Guangdong. Lo que inicialmente comenz¨® como una manifestaci¨®n pac¨ªfica en el centro de Urumqi se convirti¨® en una espiral de violencia cuando la polic¨ªa intent¨® disolver la marcha. Los uigures lanzaron un ataque indiscriminado contra miembros de la otra etnia. Dos d¨ªas despu¨¦s, grupos de hanes, armados con palos, barras de hierro y machetes, se abalanzaron contra el barrio uigur, aunque la polic¨ªa les impidi¨® el acceso. El n¨²mero de muertos que se produjo ese d¨ªa no ha sido divulgado. Muchos uigures sienten un gran resentimiento contra los hanes

-la etnia mayoritaria en China- y el Gobierno central, a los que acusan de discriminaci¨®n y represi¨®n cultural y religiosa. Los uigures son musulmanes.

Las penas de muerte dictadas en Xinjiang han sido las m¨¢s numerosas de las reveladas recientemente, pero no las ¨²nicas. Tres miembros de bandas criminales fueron sentenciados a finales del mes pasado en Chongqing (en el centro de China), en el marco de una campa?a contra el crimen organizado. Dos tibetanos fueron ajusticiados en octubre por las revueltas de Lasa, capital de T¨ªbet, en marzo de 2008. La sentencia provoc¨® la cr¨ªtica de la Uni¨®n Europea, a la que el portavoz de Exteriores chino, Ma Zhaoxu, respondi¨® que los juicios hab¨ªan sido "justos". "Se trata de un asunto interno y de soberan¨ªa judicial de China en el que ning¨²n otro pa¨ªs puede inmiscuirse", zanj¨®.

China es el pa¨ªs que m¨¢s personas ejecuta del mundo: al menos 1.718 el a?o pasado sobre un total de al menos 2.390, seg¨²n Amnist¨ªa Internacional. El n¨²mero real se desconoce, ya que Pek¨ªn lo considera secreto de Estado, pero se cree que es muy superior. En Estados Unidos fueron llevadas al pat¨ªbulo 37 personas. En Europa, s¨®lo Bielorrusia contin¨²a aplicando la pena capital: en 2008 dio muerte a cuatro presos.

La organizaci¨®n de derechos humanos estadounidense Fundaci¨®n Dui Hua, que centra su actividad en China, estima que el a?o pasado fueron ejecutadas 6.000 personas en el pa¨ªs asi¨¢tico, seg¨²n cifras recabadas entre funcionarios locales. Un total de 68 delitos son susceptibles de recibir la pena m¨¢xima, la mayor¨ªa no violentos. Algunos con definiciones tan difusas como "poner en peligro la seguridad nacional" o "dividir la naci¨®n". Contrabando, corrupci¨®n, proxenetismo o fraude fiscal pueden llevar al condenado a la sala de la muerte.

Las organizaciones de derechos humanos sostienen que el proceso que conduce cada a?o al pat¨ªbulo a miles de presos en China est¨¢ plagado de irregularidades, torturas para extraer confesiones y errores judiciales; y afirman que las apelaciones son decididas a menudo por el mismo tribunal que ha dictado la sentencia.

Es imposible saber con certeza si China ejecuta ahora a m¨¢s o menos gente que hace unos a?os. Pero los analistas pol¨ªticos e incluso Amnist¨ªa Internacional suponen que el n¨²mero ha debido de bajar "de forma significativa", despu¨¦s de que Pek¨ªn anunciara en 2005 el restablecimiento de la obligatoriedad de que las penas de muerte sean supervisadas por el Tribunal Supremo.

Las sentencias se ejecutan habitualmente mediante disparo, aunque en los ¨²ltimos a?os se ha extendido el uso de la inyecci¨®n letal, un m¨¦todo que ha sido calificado de "m¨¢s humano" y de "progreso social". En algunas provincias existen furgonetas ambulantes preparadas para su uso. La prensa anunci¨® el mi¨¦rcoles pasado que a partir del a?o que viene todos los condenados a muerte en Pek¨ªn ser¨¢n ejecutados mediante inyecci¨®n letal.

Algunos profesores universitarios han elevado sus voces para pedir la eliminaci¨®n de la pena m¨¢xima. Pero el escaso debate interno est¨¢ marcado por la doctrina oficial, que dice que las condiciones actuales de China no son adecuadas para su supresi¨®n. El Gobierno, no obstante, quiere reducir su uso y limitarla a cr¨ªmenes que tengan "graves consecuencias sociales".

Para el diario oficial en ingl¨¦s China Daily, las ejecuciones de Xinjiang son "la justicia que toda la gente con conciencia estaba esperando". "No creemos que nada, salvo la pena de muerte, pueda reflejar mejor el deseo del p¨²blico en general y el esp¨ªritu del gobierno de la ley", se?ala en un editorial. Una posici¨®n a a?os luz de la de Amnist¨ªa Internacional, para quien, en palabras de su secretaria general, Irene Khan, la pena capital es un m¨¦todo de castigo "cruel, inhumano y degradante", que, seg¨²n dice, "no tiene cabida en el siglo XXI".