Defensa abre con reservas los archivos de la justicia militar

El acceso de los descendientes de fusilados o represaliados y de investigadores e historiadores a los millones de rollos y legajos donde se conservan actas, resoluciones y sentencias de los consejos de guerra y los juicios sumar¨ªsimos celebrados en Espa?a durante la Guerra Civil y el franquismo ser¨¢ m¨¢s f¨¢cil a partir de hoy. El Consejo de Ministros aprob¨® ayer el Reglamento de Archivos Judiciales Militares, que por vez primera regula el acceso p¨²blico a dichos fondos, aunque con severas restricciones. En concreto, su art¨ªculo 9 reconoce el derecho a poder consultar dichos documentos a "quienes hubiesen sido parte en los procedimientos judiciales militares o sean titulares de un inter¨¦s leg¨ªtimo". Aunque el decreto no aclara qu¨¦ se entiende por tal, Defensa interpreta que es leg¨ªtimo el inter¨¦s de los herederos de los protagonistas de aquellos hechos y de los investigadores acreditados.

Se excluyen del acceso p¨²blico los documentos secretos desde 1968

Pero ni siquiera ellos tendr¨¢n acceso sin restricciones. "El acceso por el propio afectado a sus datos de car¨¢cter personal s¨®lo podr¨¢ ser denegado en los supuestos en que as¨ª lo prevea una ley", se?ala el reglamento. A los dem¨¢s, se les podr¨¢n negar todos aquellos documentos que "tengan car¨¢cter reservado o est¨¦n clasificados conforme a la ley de Secretos Oficiales de 1968". La alusi¨®n expresa a dicha ley supone, seg¨²n las fuentes consultadas, la desclasificaci¨®n de hecho de los documentos anteriores a su entrada en vigor.

En todo caso, no podr¨¢n consultarse documentos que "puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen", salvo que se tenga el consentimiento expreso de los afectados o "haya transcurrido un plazo de 25 a?os desde su muerte, si su fecha es conocida, o, en otro caso, 50 a?os a partir de la actuaci¨®n que ponga fin al procedimiento", de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Patrimonio Hist¨®rico Espa?ol de 1985.

Con ser muchas las limitaciones, se trata de un avance, pues se regula por vez primera la posibilidad de recurrir si, transcurridos dos d¨ªas, el funcionario no ha permitido consultar el documento solicitado. Hasta ahora exist¨ªa un vac¨ªo legal, ya que tanto la normativa sobre archivos judiciales como la que afecta a los archivos militares exclu¨ªan expresamente a los tribunales castrenses, lo que dejaba un amplio margen para la arbitrariedad.

Adem¨¢s, se trata de cumplir la llamada Ley de la Memoria Hist¨®rica, que establece el derecho de acceso a los fondos p¨²blicos y privados relacionados con la Guerra Civil y la dictadura.

Pero, para que la documentaci¨®n pueda ser accesible, primero debe ser conservada y catalogada. Por eso, el reglamento crea tres tipos de archivos: los de gesti¨®n (donde se guardan los asuntos que est¨¢n en tr¨¢mite en la jurisdicci¨®n militar); los archivos de los tribunales territoriales y central (a los que se remitir¨¢n todos los procedimientos que se den por concluidos y no tengan ning¨²n tr¨¢mite pendiente) y los archivos hist¨®ricos militares (donde se guardar¨¢n, despu¨¦s de que una comisi¨®n t¨¦cnica eval¨²e, en funci¨®n de su inter¨¦s, si deben ser conservados o destruidos) todos los procedimientos que lleven 25 a?os archivados en los tribunales.

Este sistema supondr¨¢ la concentraci¨®n de fondos ahora dispersos por toda Espa?a, lo que puede provocar nuevos contenciosos como el que gener¨® el traslado a Madrid de los legajos de los consejos de guerra del Tribunal Militar Territorial Primero, que se almacenaban en Valencia en condiciones de agudo deterioro.

El reglamento pretende zanjar cualquier pol¨¦mica al dejar claro que la titularidad de dichos archivos pertenece al Ministerio de Defensa, pero intenta rehuir el conflicto al se?alar que el traslado de todos los procedimientos anteriores a 1980 (cuando entr¨® en vigor la actual planta judicial militar) se har¨¢ "progresivamente, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias".

Defensa asegura que su prop¨®sito es no s¨®lo evitar roces con las comunidades aut¨®nomas, sino llegar a acuerdos como los ya firmados con Andaluc¨ªa, Catalu?a y Arag¨®n para digitalizar los fondos y dejar una copia en su actual emplazamiento.