Nace la 'polic¨ªa' cultural de Internet

Una comisi¨®n de ¨¢mbito nacional integrada por expertos independientes ser¨¢ la encargada de la salvaguarda de los derechos de autor en Internet. Se llamar¨¢ Comisi¨®n de Propiedad Intelectual y tendr¨¢ unos poderes hasta ahora in¨¦ditos para un ¨®rgano administrativo, puesto que suya ser¨¢ la potestad de bloquear las p¨¢ginas

web que alojen o faciliten sin permiso enlaces de archivos sujetos a derechos como pel¨ªculas, canciones y videojuegos. La tutela judicial del proceso, que en el caso del corte de las conexiones de los internautas particulares nadie pone en duda, queda al menos en entredicho, en el caso del bloqueo de las web, que podr¨¢ ser decidido en primera instancia por la citada comisi¨®n.

No se cortar¨¢ la conexi¨®n a ning¨²n internauta particular

La propia ministra de Cultura, ?ngeles Gonz¨¢lez-Sinde, reconoci¨® ayer en el Senado que se tratar¨¢ de un procedimiento administrativo el que decida, "con plenas garant¨ªas", las medidas que habr¨¢ que adoptar "contra aquellos que se apropien de los contenidos de otros", y que la intervenci¨®n de un juez puede ser necesaria en ocasiones, pero ser¨¢ la Comisi¨®n quien valore esa opci¨®n.

La vaga redacci¨®n de la modificaci¨®n legal reproducir¨¢ la pol¨¦mica que ya han vivido otros pa¨ªses europeos sobre si es necesaria la intervenci¨®n judicial previa para restringir los servicios en Internet. Recientemente, el Parlamento Europeo aprob¨® por unanimidad la directiva en la que se retiraba ese requisito, y Francia ha creado un organismo administrativo (Hadopi) con potestades para perseguir a los internautas que realicen descargas de archivos protegidos. La gran diferencia en el caso de Espa?a es que la Comisi¨®n se centrar¨¢ en la persecuci¨®n de las p¨¢ginas web tanto de descargas directas como de programas p2p de intercambio de archivos y no perseguir¨¢ a los internautas particulares que realicen esas descargas. "En ning¨²n caso, se va a cortar Internet a los usuarios", dijo Gonz¨¢lez-Sinde.

Esta es la principal propuesta que la comisi¨®n interministerial encargada de realizar un diagn¨®stico sobre la llamada "pirater¨ªa" en Internet ha elevado al Gobierno, y que ¨¦ste ya ha plasmado, en parte, en la Ley de Econom¨ªa Sostenible, en cuya disposici¨®n final se modifica tanto la Ley de Servicios de la Sociedad de la Informaci¨®n (LSSI) como la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) para dar cobertura legal a ese organismo, cuyo funcionamiento se desarrollar¨¢ por un reglamento posterior.

La Comisi¨®n de Propiedad Intelectual (en realidad, es una segunda secci¨®n de este organismo que ya funciona en la actualidad pero con otras competencias) depender¨¢ funcionalmente del Ministerio de Cultura, tendr¨¢ entre tres y cinco miembros, que ser¨¢n elegidos, con el m¨¢ximo consenso posible, con la participaci¨®n de otros departamentos como el Ministerio de Industria.

Para detectar las web que vulneren la ley, podr¨¢ solicitar a las compa?¨ªas de acceso a Internet (Telef¨®nica, Jazztel, Vodafone, Orange y operadores de cable) los datos que considere oportuno para su identificaci¨®n y estas operadoras estar¨¢n obligadas a ofrec¨¦rselos. Una vez que comprueben esa vulneraci¨®n remitir¨¢n varios avisos para que cesen en su conducta. En caso de no hacerlo, podr¨¢n solicitar el bloqueo de la web o la retirada de contenidos de la misma. Los responsables de las p¨¢ginas denunciadas tendr¨¢n derecho a ser o¨ªdos y a la presunci¨®n de inocencia, informaron en fuentes de la Comisi¨®n Interministerial.

Y es que en la modificaci¨®n de la LSSI se equipara la "salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual" a los otros cuatro motivos que hasta ahora permit¨ªan restringir y, en su caso, interrumpir la prestaci¨®n del servicio, como son la investigaci¨®n penal y la seguridad nacional; la salud p¨²blica; la dignidad de la persona y la protecci¨®n de la infancia.

Sin embargo, ni la LSSI ni las modificaciones legales ahora introducidas aclaran el espinoso asunto de la tutela judicial, aunque a juzgar por las declaraciones de la ministra de Cultura no habr¨¢ intervenci¨®n previa del juez salvo que la Comisi¨®n lo decida. Gonz¨¢lez-Sinde se remiti¨® a la directiva del Paquete Telecom aprobada la pasada semana en Estrasburgo que da libertad a los Estados para decidir si la regulaci¨®n de las descargas se realiza por un procedimiento administrativo o judicial.

Las inesperadas declaraciones realizadas la pasada semana por la comisaria de la Sociedad de la Informaci¨®n, Viviane Reding, de que Espa?a tendr¨ªa problemas con su legislaci¨®n antidescargas cobran ahora sentido. Desde instancias oficiales, se atribuyeron entonces a la desinformaci¨®n de la comisaria, pero tal vez estuviera m¨¢s informada de lo que todos pensaban.