?ltimos cartuchos contra la bancarrota

En Vigo, con los recursos judiciales pr¨¢cticamente ya agotados, se espera cruzando los dedos una sentencia inminente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que determinar¨¢ si finalmente es factible la legalizaci¨®n, al amparo del nuevo plan general de urbanismo, de una urbanizaci¨®n condenada desde hace a?os a la demolici¨®n. Es la de Jacinto Benavente (el centro comercial de Toys'R'Us y 198 viviendas). De prosperar, abrir¨¢ posibilidades de permanencia al resto de las urbanizaciones ilegalizadas en el municipio (unas 1.500 viviendas en total); en caso contrario, se?alar¨¢ un paso m¨¢s al derribo como destino inexorable de todas ellas.

El ayuntamiento llega a esta tesitura despu¨¦s de perder en la ¨²ltima d¨¦cada un centenar de contenciosos promovidos, casi todos, por Eduardo Canabal a partir de desfases observados en la aplicaci¨®n del anterior plan general de urbanismo (1993), aprobado por todos los grupos municipales. La legalizaci¨®n de estas urbanizaciones es la ¨²nica alternativa que evitar¨ªa la bancarrota municipal, ya que todas fueron construidas con licencia y el ayuntamiento tendr¨ªa que indemnizar a los promotores o propietarios. S¨®lo en la ¨²ltima de ellas, la de Finca do Conde, el coste de reposici¨®n de la legalidad supondr¨ªa 300 millones de euros, lo que supera ampliamente el presupuesto municipal de los ¨²ltimos ejercicios.

Estas tentativas para legalizar las urbanizaciones implican su adaptaci¨®n, mediante las obras necesarias, a las condiciones que fija el nuevo plan general, aunque ser¨¢n los tribunales los que determinen si se cumple en cada caso la transformaci¨®n requerida. En Jacinto Benavente, punta de lanza de la eficacia jur¨ªdica que pueda alcanzar la adaptaci¨®n, ¨¦sta se ha realizado con reformas factibles, como el redise?o de los aparcamientos para aumentar la dimensi¨®n de sus plazas. En otros casos, la adaptaci¨®n se hace m¨¢s complicada. As¨ª sucede en Rosal¨ªa de Castro (800 viviendas), donde, al margen de otros aspectos tambi¨¦n judicializados, su adaptaci¨®n a la nueva normativa choca con la estructura de los edificios. Por su altura superior a 28 metros, el plan general obliga a que dispongan de dos cajas de escalera: s¨®lo disponen de una y nadie ve manera de abrir el hueco de la otra.