Una oleada de derribos amenaza las arcas de municipios costeros

La reposici¨®n de la legalidad urban¨ªstica pone a los ayuntamientos contra la pared. Las sentencias judiciales firmes con ese objetivo, que pasa por anular licencias municipales y, subsiguientemente, ordenar la demolici¨®n de las obras ilegales, se convierte en una amenaza dr¨¢stica para el funcionamiento econ¨®mico de los municipios y, por extensi¨®n, para la econom¨ªa civil generada por el anterior auge de la especulaci¨®n inmobiliaria. El alcance de esta amenaza se hace patente en A Guarda, el primero de los ayuntamientos sacudidos por los tribunales: su presupuesto no alcanza ni para la primera tanda de derribos por licencias mal concedidas, y a¨²n hay m¨¢s sentencias pendientes de ejecuci¨®n. En esa tesitura se ver¨¢n a corto plazo otros ayuntamientos, especialmente del sur de Pontevedra, sobre los que en los pr¨®ximos meses, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas consultadas, caer¨¢ una oleada de sentencias de id¨¦ntico contenido.

El presupuesto de A Guarda no llega ni para la primera tanda de derribos

"La Administraci¨®n ha sido tolerante, nadie es inocente", se?ala la fiscal¨ªa

La situaci¨®n es comparada en medios judiciales, por sus efectos econ¨®micos, con las primeras acciones contra el narcotr¨¢fico en la comarca de Arousa. La persecuci¨®n alcanz¨® entonces a numerosos negocios que acabaron cerrados o sometidos a crisis de supervivencia con efectos sobre el empleo. Ahora los tribunales, con sentencias firmes en causas iniciadas hace cuatro a?os y m¨¢s, pondr¨¢n en jaque muchas de las plusval¨ªas obtenidas con la especulaci¨®n. "La Administraci¨®n ha sido muy tolerante y casi nadie de los afectados es inocente en estos resultados", explican fuentes de la Fiscal¨ªa de Pontevedra, que atribuyen la situaci¨®n al exceso de normas que marcan el funcionamiento del sector y a la proclividad a cambiarlas de los responsables pol¨ªticos, incurriendo con facilidad en la generaci¨®n de inseguridad jur¨ªdica.

En los ayuntamientos la crisis del ladrillo ya ha provocado una merma dr¨¢stica en sus ingresos por la concesi¨®n de licencias. Ahora, adem¨¢s, tendr¨¢n que afrontar los costes de la reposici¨®n de la legalidad urban¨ªstica, bien directamente o repercuti¨¦ndolos, all¨¢ donde proceda, sobre las empresas o particulares que promovieron las obras ilegales. Unas se realizaron sin licencia, otras recibieron licencias que contravienen la legislaci¨®n vigente y otras, en fin, desbordan el marco de actuaci¨®n de los permisos que recibieron. La reposici¨®n de la legalidad pasa a ser en todas ellas una responsabilidad municipal y, aunque nadie adelanta cifras, tampoco nadie duda de que tendr¨¢ una incidencia capital sobre las econom¨ªas locales afectadas.

En A Guarda, por citar el ¨²ltimo caso, la anulaci¨®n de las licencias de construcci¨®n de 21 viviendas unifamiliares y la demolici¨®n en marcha de las que se construyeron conlleva la indemnizaci¨®n a los afectados, porque actuaron con todas las de la ley, con unos siete millones de euros, equivalentes al presupuesto municipal del a?o. En este caso el ayuntamiento se apresta a dirimir con la Xunta en los tribunales a qui¨¦n le corresponde pagar, pero en los pr¨®ximos meses tendr¨¢ que afrontar otros fallos an¨¢logos.

Situaci¨®n similar se produce en los tres ayuntamientos del Val Mi?or (Baiona, Nigr¨¢n y Gondomar) y en Oia, que puede pasar por un paradigma del desastre. En los pr¨®ximos meses se esperan sentencias firmes sobre decenas de edificios construidos en las proximidades de la costa, todos ellos ilegales. El caso m¨¢s relevante es el del hotel-balneario Talaso Atl¨¢ntico, que se construy¨® de acuerdo con una ordenanza que el Ayuntamiento nunca public¨® y cuya demolici¨®n tendr¨¢ que ejecutarse previsiblemente en unos meses.

En Oia est¨¢ asimismo pendiente el derribo de una nave industrial del actual edil de Urbanismo de Gondomar, Alfonso de Lis, quien la defiende con el argumento de que ten¨ªa licencia municipal, aunque obvi¨® la de la Xunta, preceptiva para toda edificaci¨®n en suelo r¨²stico. El actual alcalde, Alejandro Rodr¨ªguez, se resiste a ejecutar el derribo con el argumento de que la empresa genera empleo. Mandar¨¢ ejecutarlo "cuando empiecen a demolerse las muchas naves que hay en su misma situaci¨®n en la provincia", afirma.