M¨¢s de ochenta viviendas p¨²blicas est¨¢n ocupadas ilegalmente

"?Cu¨¢ntas viviendas p¨²blicas se encuentran en situaci¨®n de ocupaci¨®n ilegal? ?Qu¨¦ actuaciones se est¨¢n llevando a cabo desde la Administraci¨®n para dar soluci¨®n a esta problem¨¢tica?". Las dos preguntas las present¨® el grupo de CiU en la ¨²ltima comisi¨®n de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona. La respuesta dada por el delegado municipal de Vivienda, Antoni Sorolla, fue que el n¨²mero de pisos p¨²blicos ocupados en Barcelona por gente a quien no se les ha asignado uno de ellos es de 18 y en todos los casos se ha presentado la correspondiente denuncia en el juzgado y se est¨¢ a la espera de lo que dictamine el juez. A las 18 viviendas ocupadas y pertenecientes al Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona hay que a?adir otras 21 que son de Adigsa, la empresa p¨²blica que administra los pisos de alquiler protegido de la Generalitat. Esas 39 viviendas, las 18 municipales m¨¢s las 21 de la Generalitat, son las ocupadas en Barcelona, pero en el conjunto de Catalu?a, el n¨²mero de familias que se han instalado en pisos p¨²blicos sin que nadie les haya autorizado asciende a 87.

Para el desalojo, la Administraci¨®n debe acudir a la v¨ªa civil, m¨¢s lenta

En el caso de Barcelona, las viviendas ocupadas llevan bastante tiempo en esta situaci¨®n. Dos de ellas fueron ocupadas en la pasada primavera; siete, en verano, pero las nueve restantes tienen inquilinos no autorizados desde hace m¨¢s de un a?o. En todos los casos el Ayuntamiento ha denunciado los hechos y ha instado al desalojo, aunque se est¨¢ a la espera de lo que dictaminen los jueces. Sorolla explic¨® que en estos casos no se puede recurrir a la v¨ªa penal (allanamiento de morada) ya que la vivienda, salvo que hubiera sido atribuida a otra persona, no tiene un propietario que necesite perentoriamente ocuparla. El procedimiento utilizado, por tanto, en estos casos, es el civil, que resulta bastante lento. La media de lanzamientos (expulsi¨®n del inquilino ilegal) es de entre cuatro y cinco meses, pero cuando el propietario es la Administraci¨®n, puede dilatarse m¨¢s. Sorolla relativiz¨® el n¨²mero de ocupaciones ilegales recordando que el Patronato de la Vivienda de Barcelona administra 5.750 pisos. El Consistorio declin¨® dar las direcciones de los bloques donde hay viviendas ocupadas para evitar el efecto contagio, seg¨²n un portavoz oficial, es decir, para evitar una ocupaci¨®n mayor, vista la lentitud en el desalojo. Siete de ellas se hallan en Sant Andreu; cinco, en el distrito de Sant Mart¨ª; cuatro est¨¢n en Ciutat Vella, y las otras dos, en Nou Barris.

La Generalitat tiene viviendas ocupadas en todo el territorio catal¨¢n. Si en la ciudad de Barcelona son 21 las viviendas ocupadas que pertenecen a Adigsa, en toda la provincia son 61. "La semana pasada eran 65, pero cuatro han sido desalojadas", se?al¨® un portavoz del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda. Estos desalojos se deben en alg¨²n caso a sentencia judicial y en otros a que el ocupante ha decidido irse tras ser presentada la denuncia. En la provincia de Barcelona, las viviendas ocupadas son: 16, en Badalona; 9, en L'Hospitalet; 4 en Mollet del Vall¨¨s; 3, en El Prat; 2 en Terrassa, y 1 en Sant Adri¨¤ de Bes¨°s, Sabadell, Sant Celoni, Manresa, Martorell y Vilanova i la Geltr¨².