El Brasil de las 20.000 torturas ver¨¢ la luz

Brasil, siguiendo tard¨ªamente la estela de Argentina, Chile y Uruguay, ha decidido enfrentarse a los fantasmas de su pasado y asumir abiertamente los cr¨ªmenes (y sus consecuencias) cometidos por los militares durante la dictadura que atenaz¨® al pa¨ªs entre 1964 y 1985.

El presidente Luiz In¨¢cio Lula da Silva anunciar¨¢ ma?ana el inicio de los trabajos para la creaci¨®n de una Comisi¨®n de la Verdad que reconstruya con niveles m¨ªnimos de credibilidad la memoria de los muertos, desaparecidos, presos, torturados y exiliados durante los sucesivos reg¨ªmenes militares.

Sin embargo, es bastante improbable que el Gobierno y la justicia brasile?a den por el momento un paso que las v¨ªctimas y sus familiares consideran crucial para que la herida pueda cicatrizar alg¨²n d¨ªa: la apertura de causas penales contra los criminales de la represi¨®n militar. La dictadura brasile?a, que dur¨® m¨¢s de 20 a?os, no fue la m¨¢s letal de Suram¨¦rica, pero en t¨¦rminos relativos fue una de las que m¨¢s tortur¨®, a unas 20.000 personas, seg¨²n datos oficiales.

Una Comisi¨®n de la Verdad reconstruir¨¢ los hechos de la dictadura (1964-85)

El Supremo estudia si se debe mantener la inmunidad de los mandos del Ej¨¦rcito

24.000 personas trabajaron en el aparato represivo y 334 en las torturas

El ministro de Defensa cree que lo mejor es el borr¨®n y cuenta nueva

El decreto ley que Lula firmar¨¢ ma?ana y que da luz verde a este proceso, a cuyo contenido ha accedido EL PA?S, representa un gesto inequ¨ªvoco del Gobierno de Brasilia para revertir una pol¨ªtica del silencio denunciada desde la llegada de la democracia por los grupos defensores de los derechos humanos y los familiares de las v¨ªctimas de la dictadura.

El origen de tanto encubrimiento de informaci¨®n est¨¢ en la denominada Ley de Amnist¨ªa, dise?ada por los propios militares en 1979 bajo el Gobierno de Jo?o Baptista Figueredo, el ¨²ltimo general de una larga saga de dictadores. La Ley de Amnist¨ªa permiti¨® el regreso a Brasil de pol¨ªticos, artistas y dem¨¢s brasile?os exiliados y condenados por cr¨ªmenes pol¨ªticos, aunque esto s¨®lo fue el barniz externo de una medida aparentemente aperturista.

La misma ley tambi¨¦n abri¨® la puerta a la absoluci¨®n de todos los responsables de las torturas, asesinatos y desapariciones durante los a?os de plomo. En la pr¨¢ctica, fue una ley de tabla rasa, de borr¨®n y cuenta nueva. "Esta ley asegur¨® que durante la transici¨®n se produjese una reconciliaci¨®n amn¨¦sica y que s¨®lo incumb¨ªa a las ¨¦lites del momento. Adem¨¢s, no permiti¨® que el primer Gobierno de la democracia avanzara sustancialmente en el tratamiento de las violaciones de los derechos humanos en t¨¦rminos de verdad, justicia y memoria", explica el polit¨®logo argentino y especialista en violaciones de derechos humanos durante las dictaduras suramericanas, Jos¨¦ Mar¨ªa G¨®mez.

Lula anunciar¨¢ ma?ana la constituci¨®n de un grupo de trabajo formado por representantes de varios ministerios que deber¨¢ presentar el pr¨®ximo mes de abril ante el Congreso brasile?o un proyecto de ley para la creaci¨®n de una Comisi¨®n de la Verdad "compuesta de forma plural y suprapartidaria, con mandato y plazos definidos, para examinar las violaciones de los derechos humanos practicadas en el contexto de la represi¨®n pol¨ªtica".

Seg¨²n el documento redactado por la Secretar¨ªa de Estado de Derechos Humanos, esta comisi¨®n se encargar¨¢, entre otras funciones, de promover la reconstrucci¨®n de las violaciones de derechos humanos, as¨ª como de localizar e identificar los restos de cientos de desaparecidos, como los miembros de la guerrilla Araguaia.

En una de las m¨¢s largas y sangrientas campa?as contra la disidencia armada, el Ej¨¦rcito brasile?o hizo desaparecer a 70 integrantes del grupo guerrillero Araguaia. Sus familias a¨²n desconocen d¨®nde est¨¢n los restos mortales.

La Comisi¨®n tambi¨¦n aportar¨¢ recomendaciones para procurar que nunca m¨¢s se produzcan violaciones masivas de derechos humanos en Brasil. Este ¨²ltimo punto concentra la quintaesencia de lo que opina el ministro brasile?o de Derechos Humanos y f¨¦rreo defensor de la Comisi¨®n de la Verdad, Paulo Vannuchi: Brasil no tendr¨¢ autoridad moral para afrontar las violaciones de derechos humanos perpetradas hoy por sus fuerzas policiales hasta que no juzgue a aquellos que torturaron, mataron y borraron el rastro de decenas de miles de personas durante los a?os de la dictadura. La reflexi¨®n viene al caso despu¨¦s de que la organizaci¨®n Human Rights Watch (HRW) denunciara hace algunos d¨ªas una pr¨¢ctica habitual de las polic¨ªas de R¨ªo de Janeiro y S?o Paulo, consistente en ejecutar extrajudicialmente a los delincuentes y despu¨¦s eliminar todo tipo de pruebas que puedan esclarecer las circunstancias de los homicidios.

"En Brasil existe una cultura de la impunidad, y la impunidad siempre realimenta la repetici¨®n del crimen", comenta a este peri¨®dico el ministro de Derechos Humanos. "Y no me refiero s¨®lo a la impunidad del r¨¦gimen militar. Tenemos una larga historia de esclavitud, y en nuestras escuelas nunca se ha discutido qu¨¦ pas¨® durante esos periodos. Este pasado es el responsable de los sentimientos racistas que aun siguen socialmente arraigados. Lo mismo ha sucedido con el genocidio ind¨ªgena, que entre 1500 y 1988 redujo la poblaci¨®n ind¨ªgena de cinco millones a 250.000 personas. Existe una conexi¨®n clara entre la falta de discusi¨®n sobre esta violencia del pasado y los problemas que tenemos en el Brasil de hoy", explica Vannuchi.

El propio Gobierno brasile?o reconoce que "las violaciones sistem¨¢ticas de los derechos humanos por el Estado durante el r¨¦gimen dictatorial son desconocidas por la mayor¨ªa de la poblaci¨®n, en especial por los j¨®venes". Seg¨²n la Secretar¨ªa de Derechos Humanos, unas 50.000 personas fueron detenidas durante los primeros meses de la dictadura, unas 20.000 fueron torturadas, y cerca de 400 brasile?os murieron o desaparecieron sin dejar rastro. Sin contar con las miles de detenciones no registradas y la cifra "incalculable" de exiliados y refugiados pol¨ªticos.

Durante los ¨²ltimos a?os, Brasil ha dado t¨ªmidos pasos hacia el rescate de la verdad sobre estos a?os de infamia. En el Tribunal Supremo se discute actualmente si la pol¨¦mica Ley de Amnist¨ªa debe mantener la inmunidad de los mandos militares que dise?aron la m¨¢quina trituradora de derechos humanos.

El pasado mayo Lula anunci¨® la apertura en Internet de unos exiguos archivos de la dictadura. Pero las tentativas del Gobierno brasile?o para arrojar luz han tropezado con el hecho de que en las Fuerzas Armadas aseguran haber destruido los documentos clasificados en su poder, extremo que los grupos de derechos humanos niegan tajantemente.

Los m¨¢s ponderados en el Gobierno, entre los que se encuentra el ministro Vannuchi, abogan porque se condene a los responsables de la barbarie por cr¨ªmenes de lesa humanidad. "La Comisi¨®n de la Verdad culminar¨¢ con unos informes que ser¨¢n de dominio p¨²blico. Despu¨¦s, la Fiscal¨ªa decidir¨¢ si procede dar a los delitos un tratamiento penal. Mi opini¨®n es que el delito de tortura no prescribe y que debe ser juzgado. Ahora... mi posici¨®n no es la posici¨®n del Gobierno en su conjunto", explica Vannuchi, confirmando las diferencias que separan al Ministerio de Justicia del Ministerio de Defensa, este ¨²ltimo partidario del borr¨®n y cuenta nueva.

Seg¨²n una de las investigaciones m¨¢s fiables de la dictadura brasile?a elaborada por la Archidi¨®cesis de S?o Paulo, 24.000 personas trabajaron en el aparato represivo y 334 en las sesiones de tortura. Pocas tienen hoy nombre y apellido.