Crisis econ¨®mica y econom¨ªa sumergida

La crisis econ¨®mica, por sus enormes repercusiones en los planos personales y profesionales, puede poner en cuesti¨®n principios y escalas de valores, as¨ª como sacar a la luz estrategias y opciones diferentes para librarse de sus efectos.

Uno de los t¨®picos asociados a la crisis econ¨®mica es el aumento de la econom¨ªa sumergida, o, por utilizar la terminolog¨ªa empleada por la OIT, generalizada a nivel internacional, del "trabajo no declarado".

Conviene, antes de nada, precisar el concepto. La OIT considera trabajo no declarado "toda aquella actividad econ¨®mica, realizada por trabajadores o empleadores, que desde el punto de vista legal o en sus aspectos pr¨¢cticos no se ajusta o se ajusta de forma parcial a los requerimientos normativos". La OCDE, en la misma l¨ªnea, define la econom¨ªa sumergida como "la actividad econ¨®mica, cuya realizaci¨®n sin ser ilegal en s¨ª misma, no se declara a una o varias autoridades administrativas".

Todos los agentes implicados deben aplicar medidas que ayuden a superar la crisis

As¨ª, ¨¦sta habr¨¢ servido para robustecer y no debilitar el tejido social y "blanquear" el sistema productivo

Estas definiciones excluyen tanto las actividades delictivas, tipificadas como tales en la legislaci¨®n penal, como las que, por su naturaleza amistosa, ben¨¦vola o prestadas dentro del c¨ªrculo familiar, no est¨¢n sujetas a regulaci¨®n y control p¨²blicos, y permiten distinguir claramente dos tipos de trabajo no declarado: el trabajo "en negro": aquel que se realiza ocultando a todas las autoridades concernidas -sociales, fiscales, etc¨¦tera- su propia existencia. Y el trabajo "en gris": aquellas actividades cuya realizaci¨®n se declara parcial o insuficientemente o bien se declara s¨®lo a algunas de las autoridades concernidas, por ejemplo, a las autoridades laborales, pero no a las fiscales o viceversa.

Aunque, en el fondo, no hay diferencias sustanciales en los efectos que se derivan de ambas modalidades, difieren profundamente tanto en sus causas como en la estrategia para detectarlas y combatirlas.

?Trabajo no declarado: actitudes y efectos. La posici¨®n general de la sociedad ante el trabajo no declarado es, en principio, de censura y rechazo, si bien, en la vida diaria y en relaci¨®n con situaciones y personas concretas suelen adoptarse actitudes mucho m¨¢s condescendientes y tolerantes.

Como consumidores, con alguna frecuencia, solicitamos o aceptamos la propuesta de que el pago de determinados servicios o trabajos se realice sin factura -"en gris", como poco-, ahorr¨¢ndonos el pago de unos impuestos que tendr¨¢ su repercusi¨®n en los ingresos p¨²blicos.

Ciertos empleadores hacen, en ocasiones, uso de "ingenier¨ªa" en materia fiscal o en las cuotas de la Seguridad Social, tratando como exentos de tributaci¨®n o cotizaci¨®n cantidades y conceptos legalmente establecidos.

Como trabajadores no es extra?o que algunas veces se compatibilice el trabajo por cuenta ajena o propia con la percepci¨®n de determinadas prestaciones sociales incompatibles con la realizaci¨®n de actividades lucrativas.

Las actitudes de tolerancia o de comprensi¨®n ante las situaciones descritas, por justificadas que pudieran parecer desde un punto de vista subjetivo, no resultan aceptables por las nefastas consecuencias que producen.

El fraude en la tributaci¨®n o en las cotizaciones sociales constituye no s¨®lo un ataque directo al mantenimiento del Estado de bienestar y la garant¨ªa de los derechos de las capas m¨¢s vulnerables de la sociedad, sino que, en cuanto consumidores o receptores de servicios, nos coloca en una situaci¨®n de indefensi¨®n para hacer valer nuestros derechos, al convertirnos en colaboradores en la comisi¨®n del fraude, priv¨¢ndonos a nosotros mismo de los instrumentos necesarios para la reclamaci¨®n y exigencia de nuestros derechos.

Por otra parte, estas pr¨¢cticas fraudulentas constituyen ejemplos de competencia desleal, de forma que los empresarios que ajustan su conducta a los requerimientos legales ven dificultados sus esfuerzos por incrementar su volumen de negocio o por mantenerse en el mercado.

En cuanto a los trabajadores, conviene distinguir claramente dos situaciones: los trabajos realizados "en negro", en los que los trabajadores desempe?an casi siempre el papel de v¨ªctimas, puesto que se hallan en tales situaciones de precariedad que las condiciones les vienen realmente impuestas sin que cuenten con margen para rechazarlas, y la de quienes de forma voluntaria consideran justificado elevar la renta disponible, diversificando sus fuentes de ingresos o minorando las deducciones y pagos.

La lucha contra la econom¨ªa irregular es, por tanto, una tarea que corresponde a la sociedad en su conjunto y se relaciona directamente con el afianzamiento de los pilares b¨¢sicos de la Estrategia de Lisboa: empleo de calidad, productividad en el trabajo y cohesi¨®n social.

En este sentido, el Parlamento Europeo en su informe sobre la intensificaci¨®n de la lucha contra el trabajo no declarado, de septiembre de 2008, "opina que es necesario aumentar la sensibilizaci¨®n de los empleadores, de los trabajadores, de los usuarios potenciales del trabajo no declarado y del conjunto de las organizaciones sociales sobre los riesgos y los costes relacionados con el trabajo no declarado y sobre los beneficios asociados a la eliminaci¨®n de este tipo de trabajo".

?El papel de las Administraciones P¨²blicas. El hecho de que la sociedad en su conjunto est¨¦ llamada a desempe?ar un papel esencial en la materia no se contrapone a la necesidad de que las administraciones p¨²blicas lleven a cabo un programa espec¨ªfico de actuaci¨®n al respecto.

Generalmente suele concederse el protagonismo a las medidas de control y de lucha contra el fraude. Y, en este sentido, el Parlamento Europeo considera que el ¨¦xito para combatir eficazmente el trabajo no declarado exige contar, no s¨®lo con normas adecuadas en materia fiscal, laboral y de Seguridad Social, sino tambi¨¦n con un refuerzo de medios y acciones adoptadas por las diferentes autoridades concernidas, por lo que "aboga por una estrategia de lucha contra el trabajo no declarado basada en una estrecha y eficaz coordinaci¨®n y cooperaci¨®n administrativas entre las agencias gubernamentales ejecutivas, las inspecciones de trabajo, los interlocutores sociales, las administraciones de la Seguridad Social y las autoridades fiscales".

Esta colaboraci¨®n implica el intercambio de informaci¨®n, en particular el acceso y explotaci¨®n de bases de datos, que permitan planificar y llevar a cabo programas de actuaci¨®n inspectora combinados en materia financiera, fiscal, laboral y de Seguridad Social que incrementen tanto la eficacia de la actuaci¨®n como la eficiencia en la utilizaci¨®n de los recursos disponibles. Asimismo servir¨¢ para establecer y aplicar criterios y pr¨¢cticas innovadoras en relaci¨®n con sectores y conductas espec¨ªficos que, por su configuraci¨®n o inconsistencias, deban ser objeto de un seguimiento especial.

As¨ª, los Estados deben contar con medidas sancionadoras eficaces que, por su cuant¨ªa, no solamente resulten disuasorias sino tambi¨¦n cumplan una funci¨®n ejemplarizante, signo del rechazo social que tales conductas deben producir. Estas medidas deben tener particular relevancia cuando se trate de situaciones que afecten a colectivos de especial vulnerabilidad, como inmigrantes irregulares, mujeres en sectores poco formalizados y regulados o actividades en las que la temporalidad, la escasa cualificaci¨®n y la peligrosidad constituyen el caldo de cultivo de altas tasas de siniestralidad laboral.

?Hacerlo aflorar, no eliminarlo. Con todo, el Parlamento Europeo es consciente de que el ¨¦xito en la lucha contra el trabajo no declarado no puede confiarse exclusivamente a las medidas represivas, sino que "insta a los Estados miembros a que utilicen los instrumentos pol¨ªticos a su disposici¨®n, combinando las acciones preventivas y las sanciones con objeto de transformar el trabajo no declarado en trabajo regular".

La v¨ªa que se ha demostrado m¨¢s eficaz en diversos pa¨ªses ha sido la colaboraci¨®n de los agentes sociales, para la detecci¨®n de las dificultades y problemas que determinados sectores y actividades hallan para ajustarse a los requerimientos legales o administrativos, con vistas a acordar planes de actuaci¨®n que permitan su afloramiento o adoptar determinadas medidas que han demostrado su eficacia en circunstancias semejantes.

En definitiva, se trata de corregir la deriva hacia una salida individual e insolidaria de la crisis, y aplicar con el acuerdo y la participaci¨®n de todos los agentes implicados un conjunto de medidas que ayude a superar las dificultades econ¨®micas mediante el respeto a la libre competencia, la protecci¨®n de los derechos sociales de los trabajadores, de los beneficiarios de prestaciones sociales y de los perceptores de servicios; es decir, del conjunto de la sociedad. De esta forma, la crisis econ¨®mica habr¨¢ servido para robustecer y no debilitar el tejido social y "blanquear" el sistema productivo. -

Raimundo Arag¨®n Bomb¨ªn es director general de la Inspecci¨®n de Trabajo y Seguridad Social.