Aguirre quiere restringir el derecho ciudadano a la justicia gratuita

Todos los ciudadanos tienen derecho a un abogado de oficio si es que son detenidos, independientemente del dinero que posean. Este servicio esencial es extensivo a los extranjeros que son rechazados en la frontera cuando quieren entrar en Espa?a. Pero la presidenta regional, Esperanza Aguirre, pretende restringir este derecho fundamental, que se recoge en la Constituci¨®n y que desarrolla la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que determina el nombramiento de un abogado de oficio en caso de carecer de letrado.

Aguirre aprovech¨® ayer un acto de presentaci¨®n de los nuevos juzgados para abrir la caja de los truenos. Asegur¨® que no seguir¨¢ pagando la justicia gratuita para los extranjeros y para los detenidos. Quiere abaratar la factura del turno de oficio y anunci¨® un decreto por el que en Madrid s¨®lo podr¨¢ tener un abogado pagado por las arcas p¨²blicas quien acredite no tener dinero suficiente para contratar uno privado.

El sistema actual, asegura la presidenta, es un "abuso" por parte de algunos letrados que presentan recursos y recursos para continuar con los procedimientos. El Colegio de Abogados de Madrid y algunas asociaciones de inmigrantes protestaron por esta medida, a la que calificaron de discriminatoria y de ir contra derecho. Pidieron a la presidenta regional que rectificara para no causar graves problemas a los extranjeros.

"No podemos seguir sufragando estos 50 millones de euros cuando no estaba previsto en las transferencias. La Comunidad no va a seguir un a?o m¨¢s alimentando un fraude y esta desnaturalizaci¨®n de la justicia gratuita", critic¨® la presidenta regional. Aguirre puso como ejemplo la entrada de inmigrantes por el aeropuerto de Madrid-Barajas y record¨® que en su d¨ªa ya se quej¨® por tener que pagar un recurso jur¨ªdico planteado por el hijo del jefe de Al Qaeda, Omar Bin Landen, cuando solicit¨® asil¨® en Barajas.

La presidenta va a pedir la reuni¨®n de la Comisi¨®n Mixta de Transferencias para que se acabe con el abuso de este servicio. Seg¨²n sus palabras, la justicia gratuita se confunde con el turno de oficio y no es una materia que estuviera prevista entre las competencias judiciales transferidas desde el Gobierno central hacia las comunidades aut¨®nomas.

Estas declaraciones se producen un d¨ªa despu¨¦s de que el Gobierno regional aprobara un gasto de 24 millones de euros para pagar parte de la factura que adeuda al Colegio Oficial de Abogados de Madrid por la asistencia letrada de todo el a?o 2009.

El consejero de Presidencia, Interior y Justicia, Francisco Granados, matiz¨® las declaraciones de Aguirre y explic¨® que se est¨¢ dando una perversi¨®n de la justicia gratuita: "Lo que la presidenta ha querido decir es que este abuso se va a acabar". Por ello, el Ejecutivo regional pretende frenar tres tipos de asistencia que hasta ahora llevan a cabo los abogados.

La primera consistir¨¢ en no pagar el abogado a los extranjeros que no puedan justificar que no tienen dinero o falta de medios para pagarlos ellos mismos. La segunda intentar¨¢ que los letrados no puedan recurrir "de manera permanente", aunque sus clientes ya no est¨¦n en Espa?a. Seg¨²n Granados, es el t¨ªpico caso que se da en Barajas. Los letrados del turno de oficio tienen que asistir a los extranjeros que no son aceptados en Espa?a. Pero luego mantienen los recursos hasta llegar a veces en casaci¨®n al Tribunal Constitucional, pese a que ya no saben ni siquiera donde est¨¢ su cliente.

La tercera medida afecta a los Juzgados de lo Social y a los juicios r¨¢pidos. Ambos procedimientos cuentan con asistencia letrada gratuita, pese a que muchas veces los clientes, seg¨²n Granados, tienen posibilidad de sufragarse sus propios abogados. "Si despiden a un inmigrante que cobra 800 euros, l¨®gicamente no le cobraremos el abogado. Pero si despiden a un se?or que gana 2.000 euros al mes s¨ª evitaremos pagarle el abogado", explic¨® Granados. En los juicios r¨¢pidos se da un caso parecido. Al tratarse, seg¨²n el consejero, de procedimientos muy cortos, mucha gente con medios se aprovecha de los fondos de la Comunidad de Madrid para no pagar una factura de abogado."Esto se est¨¢ dando en los juicios r¨¢pidos por delitos de tr¨¢fico. La gente es detenida y asistida por un abogado, que tambi¨¦n lo defiende en el juicio. Habr¨¢ que arbitrar alguna medida para que pague a posteriori la factura de ese abogado", mantuvo el consejero de Justicia.

Granados adelant¨® que su departamento tiene casi concluido un decreto para reducir al m¨¢ximo la asistencia letrada gratuita. Si recibe el visto bueno por parte del Consejo de Gobierno el pr¨®ximo mes, entrar¨¢ en funcionamiento a la mayor brevedad posible. Tambi¨¦n est¨¢ previsto que los consejeros de las comunidades aut¨®nomas con competencias en materia de Justicia se re¨²nan en Pamplona a finales de enero para tratar el tema.

"Con estas medidas estamos seguros de que la factura se reducir¨¢ al 50%, de tal forma que s¨®lo tendremos que pagar 25 millones de euros al a?o", a?adi¨® el consejero de Presidencia, Interior y Justicia. ?ste plante¨® que sea el propio Colegio de Abogados de Madrid el que establezca algunos controles sobre la justicia gratuita para evitar que los procesos se alarguen de manera innecesaria. "Si el propio colegio se hace ¨¢rbitro, se evitar¨ªan miles y miles de recursos para cobrarlos, que lo ¨²nico que hacen es colapsar el sistema judicial, de por s¨ª, bastante sobrecargado ya", concluy¨® Granados.

El anuncio de Aguirre roza la anticonstitucionalidad, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas consultadas por este peri¨®dico. Los detenidos tienen derecho a contar con abogado, desde que se les hace la lectura de derechos, seg¨²n recoge el art¨ªculo 24.2 de la Constituci¨®n Espa?ola y el 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Despu¨¦s puede ser ese abogado el que les lleve todo el procedimiento, en caso de que no hagan un cambio de letrado, tras quitarle la venia al primero.

Igual ocurre con los extranjeros que quieren entrar en Espa?a y que son rechazados por las autoridades policiales. Al tratarse de un acto administrativo, deben contar con un abogado y un procurador que les represente en todos los actos, incluso cuando no se haya iniciado un procedimiento judicial.

Esas fuentes recordaron que los m¨®dulos que cobran los abogados se mantienen intactos desde que fueron negociados en 2003. Ni siquiera se les ha aplicado el incremento del ?ndice de Precios al Consumo (IPC) de estos a?os, con lo que los abogados est¨¢n cobrando en sueldos de hace seis a?os. "Madrid tiene graves carencias de medios y de personal en materia de justicia y la presidenta, lo ¨²nico que quiere con este anuncio, es desviar la atenci¨®n y mantener que el problema no es de ella", destacaron fuentes de la judicatura.

Hasta la fecha, el Colegio de Abogados no ha recibido ninguna cantidad para pagar la factura del turno de oficio correspondiente a 2009. Los letrados han planteado movilizaciones si no se soluciona este problema.