La fiscal¨ªa pide prisi¨®n para dos periodistas de la SER por informar

El fiscal general del Estado, C¨¢ndido Conde-Pumpido, ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que condene a cinco meses de prisi¨®n sustituibles por multas al director de la cadena SER, Daniel Anido, y al director de los servicios informativos de esta cadena, Rodolfo Irago. La fiscal¨ªa coincide as¨ª con el pol¨¦mico criterio del juez del caso de que al denunciar un proceso masivo de afiliaciones irregulares en el PP de Madrid impulsado por dos constructores vinculados con el tamayazo, los periodistas cometieron delito de revelaci¨®n de secretos al publicar la lista de los que participaban en el pucherazo denunciado desde el propio PP. El tamayazo fue el esc¨¢ndalo por el que Rafael Simancas, ex l¨ªder del PSOE en la Comunidad de Madrid, perdi¨® en el ¨²ltimo momento el Gobierno que hab¨ªa ganado en las urnas en coalici¨®n con Izquierda Unida por la fuga de dos votos socialistas, uno de ellos de Eduardo Tamayo, en 2003.

El juez Rodr¨ªguez Fern¨¢ndez conden¨® hace dos semanas a estos dos periodistas a 1 a?o y 9 meses de prisi¨®n, inhabilitaci¨®n profesional durante el mismo periodo y a multas de m¨¢s de 130.000 euros. La sentencia reconoc¨ªa sin embargo que la informaci¨®n era veraz, estaba contrastada, era noticiable y de inter¨¦s p¨²blico

La fiscal¨ªa coincide con el juez en que Anido e Irago cometieron un delito y asume tambi¨¦n la tesis del magistrado de que no era necesario publicar la lista de las afiliaciones. Sin embargo, pide que se les rebaje la condena porque obraban en el ejercicio del derecho a la libertad de informaci¨®n.

Las tesis de la Fiscal¨ªa General del Estado contradicen de forma radical a la pr¨¢ctica unanimidad de las opiniones de asociaciones de jueces y fiscales, catedr¨¢ticos y expertos que han se?alado que los dos periodistas de la SER se limitaron a hacer su trabajo y a publicar una noticia veraz y de evidente inter¨¦s p¨²blico. El constitucionalista Marc Carrillo y el ex magistrado del Constitucional Rafael Mendiz¨¢bal han coincidido en que "cuando se ha probado la veracidad de unos hechos, su inter¨¦s p¨²blico y la relevancia de los mismos, tiene que prevalecer el derecho a la informaci¨®n".

Los hechos juzgados se remontan al 17 de junio de 2003, cuando la cadena SER, inform¨® de la denuncia que hab¨ªa formulado ante los ¨®rganos internos del partido la entonces presidenta local del PP de Villaviciosa de Od¨®n, Pilar Mart¨ªnez, que en varias cartas ped¨ªa que se garantizase el proceso electoral interno que viv¨ªa la agrupaci¨®n local, tras haber constatado la existencia de una oleada de afiliaciones irregulares con las que se pretend¨ªa alterar el equilibrio interno del partido. Entre las afiliaciones irregulares denunciadas se inclu¨ªan las de los constructores Bravo y V¨¢zquez, posteriormente relacionados con los autores del tamayazo.