Argentina juzga a sus torturadores

Lejano entonces el juicio contra los 19 represores argentinos actualmente procesados, el guardabosques Alfredo Ch¨¢vez protest¨® contra la larga impunidad de Alfredo Astiz con una patada en la entrepierna del ex teniente de nav¨ªo que le acomod¨® las criadillas. Aquel puntapi¨¦ de septiembre de 1995 en San Carlos de Bariloche, seguido de un pu?etazo que fractur¨® la dentadura postiza del militar, demostr¨® el descr¨¦dito de las leyes e indultos que beneficiaron a los servidores m¨¢s crueles de las Juntas Militares (1976-1983). Desde el pasado 11 de diciembre, un tribunal de Buenos Aires juzga a 19 ex marinos de la Escuela de Mec¨¢nica de la Armada (ESMA), pat¨ªbulo de 5.000 personas, previamente torturadas.

Astiz y Acosta coordinaron los 'grupos de tareas' que secuestraron e hicieron desaparecer a detenidos

Militares y civiles siguen escondidos en Espa?a y otros pa¨ªses europeos por miedo a ser juzgados por sus delitos

El reo Alfredo Astiz, de 58 a?os, conocido como El ?ngel Rubio durante los a?os de la picana y el horror, escuch¨® los cargos de la fiscal¨ªa en la primera vista oral del juicio leyendo El proceso, de Franz Kafka, y no manifest¨® gesto alguno de contrici¨®n. Siempre fue altanero, incluso la ma?ana del inesperado quebranto testicular en la costanera de Bariloche. "?Vos sos Astiz?", le pregunt¨® el guardabosques de 36 a?os. "S¨ª. ?Y vos qui¨¦n sos?". "Soy el que te va a cagar a trompadas. Vos sos un reverendo hijo de puta, asesino de adolescentes". Llovieron los golpes. "?Paren a este loco de mierda!", pidi¨® a gritos la chica que acompa?aba al ex oficial. Ch¨¢vez justific¨® la paliza. "?El hijo de puta que ten¨¦s al lado mataba muchachitos por la espalda!". "Y no le pegu¨¦ de entrada. Le di tiempo pregunt¨¢ndole el nombre. Le di la oportunidad que ¨¦l no le dio a Dagmar Hagelin".

El Tribunal Oral Federal 5 de la capital argentina deber¨¢ determinar, probablemente en el segundo semestre de este a?o, si el procesado particip¨® en la desaparici¨®n de la sueca de 17 a?os Dagmar Hagelin y en el asesinato de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, por el que fue condenado, en rebeld¨ªa, a cadena perpetua en Francia. Implicado en m¨¢s de 800 violaciones de derechos humanos, tambi¨¦n el ex general Jorge Rafael Videla, jefe de la Junta Militar, responder¨¢ pr¨®ximamente ante la justicia. El proceso de Buenos Aires es posible porque el Congreso y el Tribunal Supremo argentinos declararon nulas, entre los a?os 2003 y 2005, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final decretadas en 1986 y 1987 por el Gobierno del entonces presidente Ra¨²l Alfons¨ªn para pacificar los cuarteles.

En la primera vista, Astiz exhibi¨® el libro Volver a matar, de Juan Bautista Yofre, que fue jefe de inteligencia de Carlos Menem (1989-1999), bajo cuya presidencia se promulgaron los decretos del indulto. El libro aborda la lucha antiguerrillera de los sesenta y setenta, invocada por los acusados como fuerza mayor. Cerca de Astiz, el ex teniente de nav¨ªo Juan Carlos Rol¨®n se entretuvo con sudokus mientras la fiscal¨ªa detallaba los tormentos aplicados en la ESMA.

"?Treinta mil detenidos-desaparecidos presentes!", gritaron los familiares durante el juicio. "?Terroristas!", respondi¨® otro. Un total de 280 personas, muchas de ellas sobrevivientes de los centros de detenci¨®n y torturas, rendir¨¢n testimonio. Todos incriminan al ex almirante Eduardo Massera, que se libr¨® del juicio por "insania mental". La locura colectiva instalada en el pa¨ªs suramericano durante el desgobierno de los generales llevaba al oficial de fragata Jorge Tigre Acosta a dejar la picana apoyada en los genitales del detenido Mart¨ªn Grass y marcharse a tomar un caf¨¦. A la vuelta, se jactaba de traducir en diagn¨®stico m¨¦dico la intensidad de los alaridos del supliciado: "Ese pajarito no va a volar m¨¢s".

La fiscal¨ªa considera probado que Acosta y Astiz dirig¨ªan los servicios de informaci¨®n de la ESMA y los grupos que "secuestraron, robaron y saquearon"; coordinaron todo para que "mientras los detenidos eran torturados, otro grupo estuviera listo para salir a secuestrar, seg¨²n los datos que se obten¨ªan bajo tormento". Todos los prisioneros permanec¨ªan engrilletados, y su alojamiento en los calabozos era infrahumano, sin asistencia sanitaria y apenas alimentados, y se les obligaba a escuchar los gritos de dolor por las torturas a sus compa?eros. Atadas a camastros met¨¢licos de la ESMA, las monjas francesas fueron martirizadas con descargas el¨¦ctricas, vejadas con cachiporras y ferozmente golpeadas en interrogatorios presenciados por Astiz y otros, seg¨²n el relato fiscal. Finalmente, fueron arrojadas al mar vivas en los denominados vuelos de la muerte.

El juicio de Buenos Aires celebrar¨¢ este mes dos sesiones con nuevos testimonios sobre el formato y modo de operar de los grupos de tareas de la ESMA, y sobre el cautiverio, asesinato y desaparici¨®n de miles de argentinos a tiros, a palos o ahogados en el R¨ªo de la Plata. El juicio ventilar¨¢, entre otros cr¨ªmenes, el secuestro y asesinato del periodista Rodolfo Walsh, cuya "carta abierta de un escritor a la Junta Militar", escrita al a?o del golpe castrense de 1976, que nadie se atrevi¨® a publicar, le conden¨® a muerte. Argentina vivi¨® el horror m¨¢s profundo de su historia, acus¨® el periodista. "Colmadas las c¨¢rceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del pa¨ªs campos de concentraci¨®n donde no entra ning¨²n juez, abogado, periodista u observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigaci¨®n, convierte a la mayor¨ªa de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin l¨ªmite y el fusilamiento sin juicio".

Argentina hace justicia. Pero no pocos mandos castrenses, pr¨®fugos del terrorismo de Estado, lograron emboscarse en Espa?a y en otros pa¨ªses europeos, sin haber sido capturados todav¨ªa. "Tengo la completa seguridad de que es as¨ª", afirma Carlos Slepoy, abogado de las v¨ªctimas. "Algunos podr¨ªan estar viviendo todav¨ªa en los barrios ricos madrile?os de La Moraleja o Aravaca, pero se abandon¨® la investigaci¨®n". Al menos 59 de las 510 personas sujetas a proceso en Argentina se encuentran huidas, de acuerdo con la Federaci¨®n Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

Invocando la justicia universal, a?os atr¨¢s, la persecuci¨®n del juez Baltasar Garz¨®n permiti¨® la detenci¨®n de varios oficiales en fuga cuando comenzaron los procesos contra las Juntas Militares; entre ellos, Ricardo Cavallo, extraditado desde Espa?a en 2008, y Adolfo Scilingo. La colaboraci¨®n internacional, fundamentalmente de los tribunales alemanes y franceses, estrech¨® despu¨¦s el c¨ªrculo, atrapando recientemente en Espa?a a otros dos reos pendientes de extradici¨®n: el ex subcomisario Jorge Alberto Soza, de 72 a?os, reclamado por 18 casos de detenci¨®n ilegal, secuestro y torturas, y Julio Alberto Poch, de 57 a?os, el piloto de la aerol¨ªnea holandesa Transavia que supuestamente alarde¨® de haber participado en el asesinato de subversivos arroj¨¢ndolos al mar.

Hay miembros de las tres armas, de la polic¨ªa y del estamento civil implicados en la represi¨®n que sigui¨® al derrocamiento de la presidenta Isabel Per¨®n en 1976. Sus edades oscilan hoy entre los cincuenta y pico a?os y los noventa. "Un pu?ado est¨¢ en prisi¨®n. Algunos enloquecieron. Varios trabajan en aerol¨ªneas nacionales y extranjeras", seg¨²n el periodista Diego Mart¨ªnez, del diario porte?o P¨¢gina/12. Casi todos tienen hijos y nietos, van a misa y pasan desapercibidos. "S¨®lo ellos y sus ¨ªntimos conocen el secreto que los degrada: arrojaron a personas vivas, drogadas, indefensas, desnudas, desde aviones en vuelo hacia el vac¨ªo".

Diego Mart¨ªnez lamenta la falta de "una estrategia judicial para identificar a pilotos y tripulantes". Pero como el testimonio de Poch probablemente ser¨¢ ¨²til, el Gobierno espa?ol aprob¨® tramitar la extradici¨®n solicitada por el juez argentino Sergio Torres. Al igual que Sosa, el aviador se encuentra en prisi¨®n a la espera de la eventual aprobaci¨®n de su entrega. Mientras tanto, otro pez gordo, Reynaldo Bignone, que asumi¨® el mando de las Juntas en el bienio 1982-1983, se sent¨® recientemente en el banquillo. "Hablan de 30.000 [desaparecidos], pero s¨®lo fueron 8.000", dijo el acusado a la periodista francesa Marie-Monique Robin durante su intervenci¨®n en el documental Escuadrones de la muerte. La escuela francesa.

La fuga hacia Brasil, M¨¦xico, Espa?a u Holanda de militares comprometidos con las barbaridades de la ESMA y de los otros 339 centros clandestinos de detenci¨®n y tortura comenz¨® con los juicios civiles de 1984 contra los comandantes de las Juntas, ordenados por el presidente Ra¨²l Alfons¨ªn (1983-1989). Con la aprobaci¨®n de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, casi a punta de pistola militar, y con los posteriores indultos se ralentiz¨® la fuga de quienes ya se ve¨ªan entre rejas. La nulidad de las leyes de perd¨®n permiti¨® la reanudaci¨®n de las vistas. Deber¨¢n rendir cuentas no s¨®lo los 19 ex marinos juzgados estos d¨ªas, sino todas las personas detenidas en establecimientos militares o civiles y, si fueran detenidos, los pr¨®fugos. "Estoy seguro de que hay m¨¢s ex militares en Espa?a y Europa", subraya Carlos Slepoy. "Lo que ocurre es que a ra¨ªz de la apertura de procedimientos por parte de la Audiencia Nacional, por el juez Garz¨®n, se produce el retorno a Argentina de muchos. Algunos de los que no retornan han sido detenidos".

Manuel Oll¨¦, presidente de la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos de Espa?a, observa atentamente lo que ocurre en Argentina y, pese a las dificultades, cree que las cosas van muy bien. "En Espa?a ya poco podemos hacer", se?ala. "Ahora mismo, cualquiera de los que est¨¢n detenidos aqu¨ª podr¨ªa ser enviado all¨ª, porque ya es posible hacer justicia en Argentina". Desde 2003 hasta octubre de 2008 se activaron cerca de 1.000 causas en Argentina, seg¨²n la Unidad Fiscal de Coordinaci¨®n de este pa¨ªs.

Son 561 autos de procesamiento contra 510 personas, de las cuales 59 siguen pr¨®fugas, y el resto, detenidas. Hasta ahora, 50 de ellas han sido condenadas. Posiblemente Poch y Soza ser¨¢n extraditados y juzgados pese a las dificultades observadas por Oll¨¦, profesor de Derecho Penal, y por la abogada suizo-peruana Claudia Josi en un informe ante el FIDH tras un a?o de investigaciones. Los sustanciales avances argentinos en la investigaci¨®n de los delitos conviven con dificultades que entorpecen el normal desarrollo de los procedimientos judiciales, seg¨²n el informe, que cita, entre otros, el letargo de las causas y la inseguridad de los operadores jur¨ªdicos, v¨ªctimas, testigos, peritos e imputados.

"La complejidad y magnitud de las causas, en una de las mayores investigaciones vigentes en el mundo por cr¨ªmenes contra la humanidad, requieren jueces especializados y dedicados, junto con funcionarios judiciales, en exclusiva", reclaman Oll¨¦ y Josi. Carlos Slepoy lamenta que el n¨²mero de personas que est¨¢n siendo juzgadas, a¨²n importante, es relativamente ¨ªnfimo si se compara con el n¨²mero de participantes en el terrorismo de Estado de las Juntas. "Y un problema fundamental de los juicios es que la mayor¨ªa no est¨¢n en la c¨¢rcel", agrega el abogado. "No est¨¢n porque han agotado el periodo m¨¢ximo de prisi¨®n preventiva, porque tienen m¨¢s de 70 a?os o porque se decide que est¨¦n en unidades militares". La lentitud de los juicios o su atomizaci¨®n tambi¨¦n irritan. "Hay muchas quejas por parte de las v¨ªctimas".