Diputados del PSOE y PP, contra la condena a la SER
Madina y Floriano la consideran "exagerada e inmerecida"
El coordinador de Comunicaci¨®n del PP, Carlos Floriano, y el portavoz del PSOE en el Congreso, Eduardo Madina, rechazan la sentencia de un a?o y nueve meses de c¨¢rcel impuesta a los periodistas de la cadena SER Daniel Anido y Rodolfo Irago por un juez de Madrid, tras haber publicado la identidad de militantes del PP afiliados masivamente en la localidad madrile?a de Villaviciosa de Od¨®n. Ambos pol¨ªticos consideran el fallo judicial, hecho p¨²blico el pasado 23 de diciembre, como "exagerado" e "inmerecido".
"Yo creo que las penas privativas de libertad tienen un escenario y ¨¦ste no lo es de ninguna de las maneras. Las penas privativas de libertad deben de tener un elemento lo m¨¢s restringido posible y no es el caso. Me parece sinceramente una exageraci¨®n, una exageraci¨®n muy importante", dijo ayer el responsable de informaci¨®n del PP al programa A vivir que son dos d¨ªas de la cadena SER.
"Estoy en contra de que se pida c¨¢rcel por informar", dice Eduardo Madina
El socialista Eduardo Madina, por su parte, coment¨®: "Me declaro completamente en contra de que a dos personas se les pida c¨¢rcel por informar. Desconozco cu¨¢l es la argumentaci¨®n de la fiscal¨ªa, pero no me parece que esas dos personas merezcan la c¨¢rcel por haber hecho su trabajo y haberlo hecho bien. Conclusi¨®n: no me gusta nada que se pida c¨¢rcel para ellos".
La condena dictada por el juez Rodr¨ªguez Fern¨¢ndez impone para Anido e Irago un a?o y nueve meses de privaci¨®n de libertad, inhabilitaci¨®n profesional durante el mismo periodo de tiempo y multas de m¨¢s de 130.000 euros. El juez consider¨® al director de la SER y a su jefe de Informativos, respectivamente, culpables de un delito de revelaci¨®n de secretos, al publicar la web de la emisora un listado con el nombre de 78 militantes afiliados irregularmente al PP en Villaviciosa de Od¨®n (Madrid), una maniobra que fue impulsada por dos constructores vinculados con el tamayazo. As¨ª se conoce el episodio protagonizado en junio de 2003 por el ex diputado socialista de la Asamblea de Madrid Eduardo Tamayo y su compa?era Mar¨ªa Teresa S¨¢ez, cuya ausencia impidi¨® que el candidato socialista Rafael Simancas fuera investido como presidente de la Comunidad de Madrid.
El pol¨¦mico fallo judicial reconoce que la informaci¨®n sobre este pucherazo denunciado por la SER era veraz, estaba contrastada, era noticiable y de inter¨¦s publico.
La sentencia ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid, cuyo fiscal se ha sumado en su petici¨®n a la condena de privaci¨®n de libertad, aunque rebaja la pena a cinco meses de c¨¢rcel sustituibles por multas. El fiscal entiende, pese a su solicitud, que ambos periodistas obraron en el ejercicio del derecho a la libertad de informaci¨®n.
Una cadena de adhesiones
La petici¨®n de c¨¢rcel del fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid -y en consecuencia el apoyo a la condena por parte de la Fiscal¨ªa General del Estado- contradice de forma radical a la pr¨¢ctica unanimidad de las opiniones de asociaciones de jueces y fiscales, catedr¨¢ticos y expertos que han se?alado que los dos periodistas se limitaron a hacer su trabajo y a publicar una noticia veraz y de evidente inter¨¦s p¨²blico.
Entre las numerosas muestras de apoyo recibidas desde que se hizo p¨²blico el fallo judicial, destaca la coincidencia entre el constitucionalista Marc Carrillo y el ex magistrado del Constitucional Rafael Mendiz¨¢bal, al entender ambos que "cuando se ha probado la veracidad de unos hechos, su interes p¨²blico y la relevancia de los mismos, tiene que prevalecer siempre el derecho a la informaci¨®n".
Las principales asociaciones de periodistas nacionales e internacionales han manifestado su rechazo rotundo a la condena. Para la FAPE y la APM es "inaudita, desmesurada y asombrosa", en tanto MediosOn, que agrupa a los medios online, destaca su perplejidad ante la valoraci¨®n del juez Ricardo Rodr¨ªguez en la sentencia de que Internet "no es un medio de comunicaci¨®n social en sentido estricto sino universal" por entender que tal afirmaci¨®n contraviene el art¨ªculo 20 de la Constituci¨®n, que regula la libertad de expresi¨®n por cualquier soporte.
Sindicatos y pol¨ªticos han mostrado igualmente su rechazo. El ministro de Fomento, Jos¨¦ Blanco, tild¨® la sentencia de "desproporcionada" en declaraciones a los medios y la ha calificado de "anacr¨®nica" en su blog.
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