Creciente ofensiva en Internet contra la 'ley antidescargas'

Las espadas de los internautas siguen en alto. Y seguir¨¢n bien levantadas si el Gobierno no retira la pol¨¦mica ley antidescargas, que otorga a una autoridad administrativa la iniciativa para cerrar las p¨¢ginas web que vulneran la propiedad intelectual, eso s¨ª, bajo tutela judicial. Ayer se present¨® RedSOStenible.net, una campa?a-manifiesto (y ya van tres), que aglutina a los internautas contrarios a esta medida.

"?sta no es una ley contra las violaciones de la propiedad intelectual, es una ley contra los derechos civiles", asegur¨® el periodista Fernando Berl¨ªn, creador de RadioCable y uno de los promotores, durante la presentaci¨®n. Le respaldaban bloggers, empresarios, activistas y las asociaciones de Usuarios de Internet (AUI) y de Internautas (AI), que forman parte del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones.

Algunos internautas llaman a la "desobediencia civil masiva" contra la ley

RedSOStenible convocar¨¢ acciones dentro y fuera de la Red durante la presidencia espa?ola de la Uni¨®n Europea, para convencer a la ciudadan¨ªa de que esta propuesta es "insostenible". Algunos activistas, incluso, llaman a la "desobediencia civil masiva".

El empresario Julio Alonso, fundador de Weblogs, considera que la medida "impacta en gente muy diferente. No todos defienden la cultura gratis o las campa?as de desobediencia, pero s¨ª estamos todos de acuerdo, desde los antisistema hasta los empresarios, en que tiene que ser un juez el que decida si se vulnera o no la propiedad intelectual. Y esto no est¨¢ en el nuevo redactado". Alonso cree positiva la nueva iniciativa, en la que no ha participado directamente, porque hay dos asignaturas pendientes que resolver. Por un lado, concienciar a la ciudadan¨ªa de que "esto no va de descargas legales sino de derechos civiles". Por otro, "hacer lobby de presi¨®n".

El pasado viernes el Consejo de Ministros daba luz verde al "procedimiento mixto administrativo-judicial", para cerrar un "centenar de webs de descargas ilegales", seg¨²n la ministra de Cultura ?ngeles Gonz¨¢lez-Sinde, qui¨¦n asegur¨® que "la ¨²ltima palabra la tendr¨¢ un juez".

RedSOStenible.net empez¨® a cocerse online ese d¨ªa, aunque termin¨® organiz¨¢ndose una reuni¨®n para la jornada siguiente en Madrid. "?ramos unos 70 u 80, un amplio espectro de las voces de Internet. Llegamos a dos conclusiones: unificar esfuerzos y elaborar una estrategia de oposici¨®n". El objetivo es tumbar la propuesta porque "viola derechos constitucionales, entre otras muchas cosas", explica Victor Domingo, presidente de la AI.

Dos d¨ªas despu¨¦s, el pasado lunes, el Gobierno difund¨ªa el anteproyecto de Ley de Econom¨ªa Sostenible, en cuya disposici¨®n adicional primera se regula el cierre de webs. Ahora, el documento ser¨¢ analizado por diferentes ¨®rganos consultivos, incluido el Consejo de Estado, antes de llegar al Parlamento.

"Es muy fuerte la redacci¨®n actual porque quita a los jueces la decisi¨®n sobre la infracci¨®n de la propiedad intelectual en la Red. Tambi¨¦n es aberrante que una comisi¨®n de Cultura decida qu¨¦ es legal o ilegal en Internet. La Administraci¨®n nunca puede decidir sobre los conflictos entre particulares. ?stos los resuelve la Justicia, que para esto est¨¢", opina el abogado Javier de la Cueva".

Miquel Peguera, profesor de derecho en la UOC, coincide: "El Gobierno ha introducido un parche: preguntar¨¢ a un juez si el cierre afecta o no a la libertad de expresi¨®n, y ¨¦ste decidir¨¢ tras un careo entre las partes. Si decide que no afecta, se proceder¨¢ al cierre acordado por la Administraci¨®n. ?sta es la novedad, pero el juez no valorar¨¢ si la p¨¢gina vulnera la propiedad intelectual".

El objetivo del Gobierno es el cierre de las webs que enlazan a contenidos protegidos. Hasta ahora, los titulares de derechos trataban de lograrlo en los tribunales, pero los jueces los denegaban porque un simple enlace no reproduce, ni distribuye, ni transforma ni comunica p¨²blicamente una obra, los cuatro derechos de explotaci¨®n reservados al autor en la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). Ahora se quiere establecer un procedimiento administrativo, "pero no se reforma la LPI en materia de infracciones, de modo que el enlace seguir¨¢ sin constituir una vulneraci¨®n de la LPI. Cuando la Comisi¨®n analice estos casos tendr¨ªa que llegar a la misma conclusi¨®n que los jueces: denegar el cierre", dice Peguera.

En su opini¨®n, "si no se modifica la LPI, por ejemplo introduciendo el concepto de contribuci¨®n a la infracci¨®n, la reforma no tiene sentido. Tampoco tiene demasiada l¨®gica que dos representantes de las entidades de gesti¨®n afectadas formen parte de la comisi¨®n. Parece muy an¨®malo que una parte interesada forme parte del ¨®rgano que debe decidir".

Ricardo Gall¨ª, creador de Men¨¦ame, concluye: "Modificar tantas leyes, incluso una org¨¢nica, para perseguir 100 ¨® 200 webs es rid¨ªculo. O nos est¨¢n mintiendo o la ministra es idiota". Respecto al nuevo manifiesto, considera "un error mezclar la defensa de las libertades con temas de modelo de negocio. No tenemos que decir a la industria cultural lo que debe hacer".