El autor de un informe irregular devuelve el dinero a la Generalitat

La pol¨¦mica por el encargo de informes de dudosa utilidad por parte del Gobierno catal¨¢n en 2007 sigue levantando polvareda dos a?os despu¨¦s. El ¨²ltimo episodio lo ha protagonizado el Departamento de Econom¨ªa, que, a ra¨ªz de una investigaci¨®n interna, ha concluido que uno de los informes que encarg¨® en aquel ejercicio fue contratado de forma irregular. La conclusi¨®n es que el proveedor del dictamen, ex alto cargo del Gobierno, deber¨¢ reembolsar casi la mitad del dinero cobrado porque incurri¨® en una vulneraci¨®n de la Ley de Incompatibilidades de los dirigentes de la Administraci¨®n auton¨®mica.

El informe en cuesti¨®n fue encargado redactado y pagado en 2007. Cost¨® 11.499 euros y su autor es Xavier Marc¨¦, quien hasta pocos meses antes de recibir el encargo era director del Instituto Catal¨¢n de Industrias Culturales (ICIC), dependiente del Departamento de Cultura. El encargo lo curs¨® Econom¨ªa, pues se trataba de un informe que buscaba definir el papel de la cultura en el pacto para la competitividad del Gobierno catal¨¢n.

El estudio, de 50 p¨¢ginas, fue considerado "id¨®neo" por Econom¨ªa y este departamento asegur¨® que fue "de gran utilidad". De hecho, el informe fue escrutado meticulosamente en la auditor¨ªa encargada a tres empresas externas que, si bien hall¨® irregularidades en el 16% de los estudios de la Generalitat, no puso objeci¨®n alguna al trabajo realizado por Marc¨¦.

El problema no era de contenido, sino que el autor del estudio estaba afectado por la Ley de Incompatibilidades, ha concluido una investigaci¨®n interna de casi ocho meses de duraci¨®n.

5.000 euros

El art¨ªculo 7 de la ley reza que "los altos cargos al servicio de la Generalitat, durante los dos a?os siguientes a su cese en el cargo por el cual han sido nombrados no pueden acometer actividades privadas relacionadas con los expedientes en la resoluci¨®n de los cuales hayan intervenido directamente en el ejercicio del alto cargo, ni suscribir, personalmente o mediante empresas o sociedades, ning¨²n tipo de contrato de asistencia t¨¦cnica, de servicios o similares con la Administraci¨®n, los organismos, las entidades o las empresas del sector p¨²blico en las que han prestado servicio".

Marc¨¦ sostiene que al dejar el cargo en el ICIC consult¨® con Gobernaci¨®n para conocer el alcance de sus incompatibilidades futuras. "Se me dijo que deb¨ªa limitarme a no trabajar para el Departamento de Cultura", asegura. Sin embargo, la investigaci¨®n abierta por Econom¨ªa ha determinado que el autor, sin mala intenci¨®n, pudo cometer un "error vencible", es decir, que podr¨ªa haber sido evitado de haber consultado m¨¢s a fondo el c¨®digo de incompatibilidades.

Finalmente el Departamento de Econom¨ªa y Marc¨¦ han pactado una decisi¨®n salom¨®nica. El autor devolver¨¢, a plazos, un tercio de lo cobrado m¨¢s intereses, en total unos 5.000 euros.

?Y por qu¨¦ un tercio? Fuentes del departamento explican que la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que se reclame al prestatario la totalidad del dinero por un trabajo que ha sido realizado y cuyo contenido fue considerado correcto. De ah¨ª que se haya dividido el coste del estudio en tres partes: el derivado del proceso de documentaci¨®n, el de redacci¨®n y el de interpretaci¨®n. Esta tercera parte ser¨¢ precisamente la que Marc¨¦ tendr¨¢ que devolver. El autor ha aceptado el acuerdo pese a mantener que cumpli¨® con su obligaci¨®n de consultar su grado de incompatibilidades.