El Gobierno deja en el aire la fusi¨®n

El debate sobre las cajas traspas¨® ayer la frontera gallega y puede convertirse en un pulso entre el Gobierno central y la Xunta. La ministra de Econom¨ªa, Elena Salgado, confirm¨® que su departamento detecta en la Lei de Caixas, aprobada en diciembre, indicios de inconstitucionalidad "que van mucho m¨¢s all¨¢ de las cuestiones que provocaron [en su d¨ªa] el recurso contra la ley madrile?a". Un jarro de agua fr¨ªa a la fusi¨®n si, finalmente, el recurso congela la aplicaci¨®n de la norma que se propon¨ªa poner patas arriba los ¨®rganos de decisi¨®n de las cajas de ahorros. Equiparar el caso madrile?o con el gallego supone, adem¨¢s de un golpe para la imagen de Alberto N¨²?ez Feij¨®o, recordar un mal precedente, ya que la ley impulsada por el Gobierno de Esperanza Aguirre necesit¨® hasta tres modificaciones para adaptarse a la regulaci¨®n vigente.

El PP reprocha al Gobierno falta de respeto institucional por la Xunta

Caballero mantiene la convocatoria de una manifestaci¨®n para el 9 de febrero

El Gobierno central cree que la Xunta ha utilizado el texto para atribuirse potestades en las cajas "que no le corresponden", con el fin de juzgar decisiones "que deber¨ªan de estar en manos de los administradores", indicaron fuentes de Econom¨ªa. Una de estas decisiones podr¨ªa estar en la obra social, donde el texto apoyado por PP y BNG exige la autorizaci¨®n expresa de la Conseller¨ªa de Facenda en las inversiones superiores a medio mill¨®n de euros distribuidos en tres a?os. Desde el PP recuerdan, sin embargo, que otras leyes de cajas en Espa?a atribuyen poderes a los gobiernos auton¨®micos "iguales o mayores", sobre las inversiones sociales, como Andaluc¨ªa o Euskadi.

Fuentes del Ministerio de Econom¨ªa, que no precisaron qu¨¦ art¨ªculos en concreto chocan con el marco que establece la Ley de ?rganos Rectores (Lorca), sustentan la supuesta inconstitucionalidad en otro punto: el reparto de sillas en las asambleas. Por primera vez, la ley da entrada a los partidos representados en el Parlamento (que ocupar¨¢n el 20% de los puestos), rebaja en un 5% el peso de los ayuntamientos y en un 7,5% el de las entidades fundadoras (las diputaciones de Pontevedra y Ourense y el ayuntamiento de Vigo). El Consejo de Ministros confirm¨® ayer que pedir¨¢ un dictamen urgente al Consejo de Estado, que aunque no es vinculante, reforzar¨¢ o frenar¨¢ las sospechas de Salgado. ?ste tendr¨¢ quince d¨ªas para elaborar su valoraci¨®n, aunque podr¨ªa acortar los plazos y prepararlo en diez.

La vicepresidenta, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, dej¨® claro que, si hay indicios de "ilegalidad", la paralizaci¨®n de la norma est¨¢ asegurada. Eso supondr¨ªa que el actual proceso de renovaci¨®n de las asambleas quedar¨ªa congelado durante un m¨¢ximo de cinco meses y, por consiguiente, el consejo de Caixanova mantendr¨¢ su "no" rotundo a la integraci¨®n.

Pero el anuncio del Gobierno no cogi¨® por sorpresa al PP gallego. "Se esperaba una cosa as¨ª, pero si quisieran paralizar la ley podr¨ªan haberlo hecho directamente, sin el dictamen del Consejo de Estado", aseguraron ayer fuentes del partido. Esas mismas fuentes creen que, hoy por hoy, "todo est¨¢ abierto" en la carrera para acordar una fusi¨®n que pueda aprovecharse de la financiaci¨®n habilitada por el Banco de Espa?a a trav¨¦s del fondo de reestructuraci¨®n bancaria, al que Bruselas ha puesto como fecha de caducidad el 30 de junio. La Conseller¨ªa de Facenda, por su parte, se remiti¨® a que sus informes jur¨ªdicos "avalan por completo" la ley. Pedro Puy, y portavoz econ¨®mico del PP, cree que el equipo de Zapatero se ha saltado el respeto institucional que la Xunta s¨ª tuvo con el Gobierno al abrir v¨ªas de di¨¢logo antes de recurrir el Fondo de Reestructuraci¨®n Ordenada Bancaria (FROB).

Quien no valor¨® el anuncio fue el presidente de la Xunta, de visita en Portugal. Lo hizo en su lugar el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, que calific¨® la iniciativa de "castigo pol¨ªtico que lo ¨²nico que parece buscar es que Galicia se quede sin cajas". "Ahora queda claro que para el Gobierno la solvencia de la fusi¨®n no era lo importante", afirm¨®, ya que "no se esper¨®" al dictamen del Banco de Espa?a. Rueda tambi¨¦n critic¨® que el Ejecutivo central no se haya puesto en contacto con la Xunta para explicar los puntos en conflicto.

Los indicios de ilegalidad que ve Salgado en la norma no sorprendieron al alcalde de Vigo, Abel Caballero, que cree que es "un gran avance" para que Caixanova "se mantenga como entidad independiente. Pero la noticia no le ha hecho cambiar de idea, y mantiene su decisi¨®n de convocar a los "300.000 vigueses", -no extiende la llamada a ayuntamientos lim¨ªtrofes-, a una "manifestaci¨®n que ser¨¢ masiva", el pr¨®ximo 9 de febrero, en contra de la fusi¨®n. Su socio de gobierno, el BNG, le record¨® a Caballero que muchos colectivos sociales est¨¢n en contra de su convocatoria.

Mientras no se formalice un recurso, la ley aprobada por PP y BNG, que entr¨® en vigor el 6 de enero, es la que rige y deben acatar las cajas, que contin¨²an trabajando para designar sus nuevos representantes. Ayer el PP dio a conocer a sus candidatos, entre los que est¨¢n Marta Guti¨¦rrez Mediero, ex concejala del partido en Vigo; Domingo Bello Janeiro, catedr¨¢tico de Derecho,el ex senador del PP Carlos Mantilla o el profesor de la Universidad de Vigo Jorge Gonz¨¢lez Gurriar¨¢n.

Ayer la caja con sede en Vigo comenz¨® a emitir las cartas de cese de los consejeros salientes. En cuanto las reciban, entidades como la C¨¢mara de Comercio, la Confederaci¨®n de Empresarios o el Ayuntamiento interpondr¨¢n un recurso contencioso.