Una juez pide al Tribunal Superior que investigue al conselleiro Hern¨¢ndez
El juzgado de Pontevedra aprecia indicios de un delito de falsedad documental
La querella del PSOE contra el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agust¨ªn Hern¨¢ndez, sigue su curso judicial. Acusado por los socialistas de falsedad documental, estafa y fraude a la Administraci¨®n por certificar el fin de una obra reci¨¦n empezada cuando trabajaba en la Diputaci¨®n de Pontevedra, el Juzgado n¨²mero 1 de Pontevedra se ha inhibido ahora en favor del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), encargado de juzgar a los aforados del Gobierno y el Parlamento aut¨®nomos.
Hern¨¢ndez certific¨® el fin de una obra de la empresa Sercoysa -de la que previamente hab¨ªa sido apoderado y director de construcci¨®n- cuando era director de Infraestructuras de la Diputaci¨®n de Pontevedra. El trabajo en cuesti¨®n, la construcci¨®n de la variante de Lira en Salvaterra, apenas hab¨ªa empezado a acometerse cuando el ahora conselleiro lo dio por finalizado.
Aunque el auto dictado el pasado d¨ªa 12 no entra en consideraciones de fondo sobre los hechos, fuentes judiciales consultadas explican que de ¨¦l se deduce que la juez Ar¨¢nzazu Fern¨¢ndez, al elevar el asunto al Tribunal Supeior, ha apreciado indicios de delito, ya que de otro modo deber¨ªa archivar las diligencias.
La resoluci¨®n tambi¨¦n ata?e al otro implicado, el ingeniero y director de la obra en cuesti¨®n, Baltasar Pujales. ?ste no es aforado, pero la juez lo somete igualmente al TSXG para no romper la unidad de las actuaciones. Esto reforzar¨ªa la impresi¨®n de que existen indicios de il¨ªcito penal. El auto llega casi cinco meses despu¨¦s de que se rechazase el recurso de Hern¨¢ndez contra la admisi¨®n a tr¨¢mite de la querella del PSOE.La resoluci¨®n, que ocupa un folio y medio, da cuenta de las leyes -el Estatuto de Autonom¨ªa de Galicia y la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial- que obligan a remitir el caso al TSXG, ambas relativas al estatuto de aforado del conselleiro. La juez, no obstante, se refiere a Hern¨¢ndez como "miembro del Parlamento", si bien no es diputado.
Adem¨¢s, aunque admite que Pujales no goza de la protecci¨®n del fuero, entiende, apoy¨¢ndose en una excepci¨®n a la regla general que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que tambi¨¦n el TSXG debe encargarse de su caso porque los investigados podr¨ªan ser responsables del delito al mismo nivel. "No es obst¨¢culo a este respecto que el co-querellado carezca de la condici¨®n de aforado, dado que a ambos se les imputa la coautor¨ªa en unos mismos delitos de falsedad en documento p¨²blico y estafa", explica la juez.
Cuando el caso se hizo p¨²blico, en mayo de 2009,
tanto el presidente de la Diputaci¨®n de Pontevedra, Rafael Louz¨¢n, como el presidente de la Xunta, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, salieron en defensa de Hern¨¢ndez. "Se cumpli¨® estrictamente la ley, hablamos de una certificaci¨®n de obra avalada por la empresa adjudicataria que no produce ning¨²n efecto a la hacienda p¨²blica", subray¨® entonces Feij¨®o. Hern¨¢ndez, por su parte, se defendi¨® alegando que su proceder era habitual en los tr¨¢mites administrativos para no perder una subvenci¨®n del Estad
o, que cubri¨® la mitad de los casi 400.000 euros en que estaba presupuestada la obra.
Este "intolerable aire de normalidad", seg¨²n palabras del secretario general de los socialistas de Pontevedra, Modesto Pose, llev¨® al partido a presentar la querella. Pose lleg¨® a afirmar que la extensi¨®n del comportamiento de Hern¨¢ndez podr¨ªa acabar con el Estado de Derecho.
Episodio pol¨¦mico
El caso de la certificaci¨®n de subvenciones no fue el primer episodio controvertido en que se vio envuelto el conselleiro de Medio Ambiente.Hern¨¢ndez hab¨ªa llegado a Sercoysa escasos meses despu¨¦s de cesar como director general de Obras P¨²blicas, cargo que hab¨ªa ocupado hasta que el bipartito lleg¨® a la Xunta, en 2005. Este r¨¢pido paso del sector p¨²blico al privado y sus implicaciones respecto a la ley de incompatibilidades tambi¨¦n fue objeto de pol¨¦mica cuando se conoci¨® en abril de 2009, en pleno traspaso de poderes entre el bipartito y el Gobierno de N¨²?ez Feij¨®o.
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