Europa impone su ley en el urbanismo valenciano

La Uni¨®n Europea impone su ley en el urbanismo valenciano. El borrador presentado el pasado 16 de febrero por el consejero de Urbanismo, Juan Cotino, elaborado por tres de los mejores especialistas de Espa?a en Derecho Administrativo, acaba con el pulso que el Consell sostuvo durante la llamada d¨¦cada prodigiosa del urbanismo con las leyes espa?olas y comunitarias -ley del suelo, de contratos p¨²blicos, directiva sobre evaluaci¨®n medioambiental estrat¨¦gica, etc¨¦tera-.

"Aunque faltan cosas, este borrador lo que dice es que para hacer la calle de una urbanizaci¨®n debe utilizarse el mismo tr¨¢mite administrativo que para construir una carretera", explica Gerardo Roger, arquitecto, profesor universitario y padre de la derogada Ley Reguladora de la Actividad Urban¨ªstica (LRAU), pensada para desencorsetar la gesti¨®n del suelo. El Tribunal Supremo ya ha emitido unas cuantas sentencias en las que resuelve que las obras de urbanizaci¨®n son obras p¨²blicas. "Lo que pide la Comisi¨®n Europea [que denunci¨® la legislaci¨®n valenciana ante el Tribunal de Luxemburgo], ya lo est¨¢ diciendo el Supremo en Espa?a", subraya Roger.

Los profesionales valoran del texto la caducidad de los PAI y la transparencia

Los promotores ven una vuelta a una legislaci¨®n m¨¢s antigua y m¨¢s r¨ªgida

El Gobierno valenciano ni lo reconoce ni lo reconocer¨¢ en p¨²blico, pero la presi¨®n de Europa y, sobre todo, de los tribunales -que acumulan miles de contenciosos por el urbanismo- les ha hecho recapacitar. Y por no dejarse a nadie, la crisis econ¨®mica, que ha cortado en seco el auge inmobiliario, tambi¨¦n explica este regreso al sentido com¨²n despu¨¦s de a?os de mara?a legal y exceso en el crecimiento.

Los ayuntamientos recuperan la iniciativa del planeamiento frente a estos a?os atr¨¢s en los que el dise?o de los municipios qued¨® en manos de los promotores inmobiliarios. El documento que sirve de base para la futura reforma legislativa acaba con los planes reclasificatorios de suelo aprobados a espaldas del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) del municipio, con los conciertos previos y los instrumentos que alentaron el urbanismo m¨¢s especulativo.

Para Pasqual Vernich, presidente de la Agrupaci¨®n de Urbanistas del Colegio de Arquitectos auton¨®mico, lo m¨¢s sobresaliente del borrador que firman los catedr¨¢ticos Jos¨¦ Mar¨ªa Ba?o, Luciano Parejo y Rafael G¨®mez-Ferrer Morant, es el esfuerzo de transparencia en la gesti¨®n de los proyectos. "Es un gran avance. Luego lo que hace falta es que se cumpla". Esta propuesta pone a cada uno en su sitio: los ayuntamientos recuperan la iniciativa del planeamiento, los agentes urbanizadores deben ser calificados como contratistas de obra p¨²blica y son responsables de ejecutar la obra. "Con eso se pueden evitar muchos desmanes", contin¨²a el presidente de los urbanistas, uno de los primeros que pidi¨® una simplificaci¨®n de la farragosa legislaci¨®n auton¨®mica.

La ca¨ªda en desgracia de los convenios urban¨ªsticos -desautorizados incluso por alg¨²n tribunal- es otro avance a los ojos de los profesionales. Los ayuntamientos, generalmente cortos de presupuesto, vieron en la ¨¦poca dorada de los PAI un fil¨®n en esta f¨®rmula, con mejoras de dinero en met¨¢lico que cada ayuntamiento gast¨® a su antojo.

Si se respeta su esp¨ªritu, el borrador adem¨¢s de la simplificaci¨®n legal, traer¨¢ un cambio conceptual del modelo de crecimiento. Fabi¨¢n Llisterri, ex decano del Colegio de Arquitectos auton¨®mico, destaca el proceso de participaci¨®n abierto y la oferta a la oposici¨®n de pactar la reforma.

"Es una especie de vuelta a lo p¨²blico. Es vital evitar las operaciones urban¨ªsticas que s¨®lo son puro negocio y no responden a ning¨²n otro criterio", subraya Llisterri. El ex decano valora sobre todo la "caducidad" de los PAI -se han presentado a cientos- que se propone en el borrador. Son los PAI que hayan reclasificado suelo y que no est¨¦n en marcha doce meses despu¨¦s de que se apruebe la nueva LUV. El contrato con el agente urbanizador se perder¨¢ y el consistorio podr¨¢ llevarlo adelante por el sistema de cooperaci¨®n o dejar que se extinga. Es uno de los grandes hallazgos del documento, en palabras del ex decano. En la actualidad existen muchos PAI aprobados que no se ejecutan por la crisis.

En los c¨ªrculos profesionales se especula si este borrador, encargado por el fallecido Jos¨¦ Ram¨®n Garc¨ªa Ant¨®n, que precedi¨® a Cotino en el cargo, puede ser un globo sonda para conocer la reacci¨®n de los sectores implicados. Se ver¨¢ con el tiempo, porque el Consell decidir¨¢ con qu¨¦ se queda y qu¨¦ desecha.

La opini¨®n de estos profesionales es que el texto es positivo, aunque faltan cosas. El borrador no hace ninguna menci¨®n de la distribuci¨®n de las plusval¨ªas urban¨ªsticas. "Lo l¨®gico es que cuanto m¨¢s rentable sea un proyecto, m¨¢s deber¨ªa beneficiarse el ayuntamiento. ?Por qu¨¦ entonces limitarlo a un 10%", subraya Roger. No establece un criterio b¨¢sico de crecimiento, algo que se deja para la Estrategia Territorial global o los planes territoriales. Tampoco se cita la rehabilitaci¨®n, que parece que ser¨¢ el futuro del sector inmobiliario. "Porque, PAI, vamos a ver poquitos m¨¢s", apostilla el arquitecto.

Otros profesionales, como Vernich, echan de menos la menci¨®n al reglamento del Paisaje o el freno a las modificaciones puntuales de los PGOU. "Un arma que tienen los ayuntamientos para jugar con el suelo urbano y urbanizable. Hay consistorios que suman m¨¢s de 400 modificaciones puntuales", dice el urbanista, partidario de que se acumulen y se aprueben de golpe cuando se revise el PGOU.

El borrador no toca tampoco las reglas de la disciplina urban¨ªstica -inspecci¨®n y sanciones-, con lo que aporta poca novedad para evitar casos como los de Montroi, Zarra, Catral o Ll¨ªber. La vigente LUV y el resto de normas obliga a los ayuntamientos a perseguir la construcci¨®n ilegal y trasladar los casos a la fiscal¨ªa. Es un delito no hacerlo. Pero ha tenido que ser el Ministerio P¨²blico el que exigiera a los alcaldes que cumplieran con sus obligaciones.

Las casas construidas en terreno r¨²stico no urbanizable de uso com¨²n, ilegales a todas luces, tienen un futuro incierto. La ley valenciana prev¨¦ en los art¨ªculos 27 a 30 un proceso de legalizaci¨®n que pasa por recalificar el terreno de no urbanizable a no pormenorizado, elaborar un PAI y convertirlo en pormenorizado, que significa urbanizar con l¨ªmites y puede suponer derribos.

Entre los promotores inmobiliarios a falta de un estudio t¨¦cnico con detenimiento, el texto ha ca¨ªdo como una bomba. Benjam¨ªn Mu?oz, secretario de la federaci¨®n auton¨®mica, ve una vuelta a legislaciones antiguas, donde la iniciativa privada pierde protagonismo y se gana en rigidez. A t¨ªtulo personal, Mu?oz critica la condena de los convenios urban¨ªsticos y subraya las dificultades que tendr¨¢n infinidad de ayuntamientos si tienen que hacer frente ellos solos al planeamiento. "?Qui¨¦n pagar¨¢ todo eso si los ayuntamientos est¨¢n como est¨¢n", cuestiona.