El idilio llega a su fin

El escenario sindical se ha trasladado en pocos d¨ªas de los elegantes salones de Moncloa al asfalto invernal de las ciudades. El pasado 5 de febrero, UGT y Comisiones Obreras celebraban desde el palacio presidencial el boceto de reforma laboral que les hab¨ªa entregado Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero. Una semana despu¨¦s, las mismas organizaciones convocaban manifestaciones en las principales ciudades del pa¨ªs para protestar contra la intenci¨®n del Gobierno de retrasar la edad de jubilaci¨®n. De un viernes para otro, la sinton¨ªa exhibida desde que Zapatero lleg¨® al poder se ha quebrado para dar paso a una mayor agresividad.

Las protestas que los sindicatos iniciar¨¢n la pr¨®xima semana -el 23 de febrero en las principales ciudades- son las primeras que se convocan contra el Gobierno. Ha habido otras anteriores, la m¨¢s significativa, la del pasado 12 de diciembre, pero el descontento obedec¨ªa a la et¨¦rea crisis, frente a la mucho m¨¢s concreta reforma de las pensiones esgrimida ahora. Con el giro sindical, Zapatero se enfrenta a su primera rebeli¨®n en las calles.

UGT reconoce que la confianza en el Gobierno se ha resentido

Es dif¨ªcil que el Ejecutivo resista la ola mundial de ajuste en pensiones

La OCDE aconseja llegar a 67 a?os en las pr¨®ximas dos o tres d¨¦cadas

Las protestas le servir¨¢n a Zapatero para medir el grado de descontento

Las pensiones han sido lo que m¨¢s ha dividido a UGT y CC OO

De momento, el Gobierno no parece asustado por el ¨®rdago sindical

El grado de hostilidad que ese movimiento origine es a¨²n una inc¨®gnita. El propio Zapatero fue consciente de la trascendencia del pensionazo, como lo bautiz¨® Gaspar Llamazares, e intent¨® amortiguar su impacto convocando en secreto a La Moncloa a los l¨ªderes de UGT, C¨¢ndido M¨¦ndez, y Comisiones Obreras, Ignacio Fern¨¢ndez Toxo, para informarlos antes de hacerlo p¨²blico. Los sindicatos han optado, de momento, por una acci¨®n "preventiva" -as¨ª la calificaron al anunciarla- que ir¨¢ evolucionando en funci¨®n de los acontecimientos. "Se trata de un calentamiento de motores por si el proyecto sale adelante", vaticina Santos Ruesga, catedr¨¢tico de Econom¨ªa Aplicada de la Universidad Aut¨®noma de Madrid.

Con m¨¢s o menos matices, los expertos consultados refrendan esa hip¨®tesis. El catedr¨¢tico de Derecho del Trabajo de la Universidad de Huelva Miguel Rodr¨ªguez-Pi?ero considera que los sindicatos no tienen m¨¢s remedio que protestar ante una afrenta de ese tipo, pues lo contrario los situar¨ªa en una posici¨®n d¨¦bil y dar¨ªa alas al argumento conservador de que son incondicionales a Zapatero. "Pero claramente hay una voluntad de no hacer mucha pupa", a?ade. Al menos de momento.

El n¨²mero dos de UGT lo ratifica: "Hay que guardar la proporcionalidad", justifica Toni Ferrer, secretario de acci¨®n sindical. Esta organizaci¨®n rechaza la mayor parte de los cambios en pensiones que proyecta el Ejecutivo, especialmente el alargamiento de la edad de jubilaci¨®n. Pero el malestar es casi mayor con las formas que con el contenido. "El Gobierno ha roto una manera de afrontar la crisis y un relato compartido de la misma", sentencia Ferrer. Un documento interno del sindicato critica que el Ejecutivo se haya adelantado con sus planteamientos y haya quebrado as¨ª el procedimiento empleado hasta ahora con el Pacto de Toledo, el acuerdo parlamentario para sacar las pensiones de la contienda pol¨ªtica y garantizar su futuro.

El Gobierno alter¨® la serenidad del debate de las pensiones un viernes 29 de enero, despu¨¦s del Consejo de Ministros, con la vicepresidenta y ministra de Econom¨ªa, Elena Salgado, al mando del argumentario que le permit¨ªa justificar una medida tan inesperada como elevar de 65 a 67 a?os la edad legal de jubilaci¨®n. La noticia, filtrada el d¨ªa anterior, soliviant¨® a los sindicatos, que comenzaron a barruntar la idea de organizar una serie de protestas. Lo que no han conseguido la crisis y la destrucci¨®n de empleo lo ha logrado la primera amenaza de recortes sociales, en este caso en el sistema p¨²blico de pensiones.

El perfil bajo con el que los sindicatos quieren iniciar el proceso se refleja en el tipo de movilizaciones convocadas. En lugar de canalizar el descontento hacia una ¨²nica manifestaci¨®n, UGT y Comisiones Obreras han preferido convocar asambleas y marchas en las capitales de provincia, diseminadas en las dos pr¨®ximas semanas. Y las principales ciudades no protestar¨¢n el s¨¢bado, d¨ªa central de las grandes manifestaciones, sino un discreto martes (con una fecha, eso s¨ª, que permanece en la memoria: 23 de febrero).

Ram¨®n G¨®rriz, responsable de acci¨®n sindical de Comisiones Obreras, resta importancia a esos detalles y ofrece una explicaci¨®n a la aparente candidez con que se planean las manifestaciones: "No es el punto final, sino un proceso; vamos a mantener estas movilizaciones hasta que la subcomisi¨®n del Pacto de Toledo acabe sus trabajos". Pese a la rotundidad del planteamiento de alargar la edad de jubilaci¨®n, el Gobierno asegura que los cambios deber¨¢n pactarse en ese ¨®rgano y que sus iniciativas son s¨®lo una propuesta.

De momento, el Ejecutivo no parece asustado por el ¨®rdago sindical. Tanto el presidente como el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, se muestran comprensivos con la postura de las dos organizaciones, incluso conf¨ªan en convencerlos. Tras la reuni¨®n con los agentes sociales celebrada a principios de febrero en La Moncloa, Zapatero emple¨® un tono amable al declarar su voluntad de reunirse con Toxo para demostrarle la supuesta bondad de la medida. El presidente no mencion¨® entonces a C¨¢ndido M¨¦ndez porque hasta ese momento Comisiones parec¨ªa m¨¢s beligerante en el rechazo.

Pese a la aparente tranquilidad del Ejecutivo, las pensiones constituyen una de las materias m¨¢s sensibles del estado de bienestar, probablemente de las pocas capaces de movilizar a un amplio espectro del electorado. Un recorte en las de jubilaci¨®n provoc¨® la primera huelga general de la democracia -sin el apoyo de UGT- en junio de 1985. Entonces se elev¨® el periodo que se toma como referencia para calcular la pensi¨®n de los dos ¨²ltimos a?os cotizados a ocho. Un cuarto de siglo despu¨¦s, los sindicatos se encuentran ante otro cambio en las pensiones orquestado por un gobierno socialista. "Pero ¨¦sos eran otros tiempos", analiza Federico Dur¨¢n, ex presidente del Consejo Econ¨®mico y Social y mediador en conflictos laborales.

Dur¨¢n, ahora responsable del departamento de Derecho Laboral de Garrigues, se muestra especialmente esc¨¦ptico con el fin del idilio entre el Gobierno y los sindicatos: "A corto plazo no lo veo, a no ser que se precipiten las cosas". Este experto cree que, m¨¢s que por los cambios en las pensiones, los sindicatos se movilizar¨¢n si se producen recortes en pol¨ªticas de gasto como la del desempleo. Dur¨¢n considera inteligente -no sin cierta iron¨ªa- la estrategia del Gobierno en pensiones, pues ha exhibido ante los mercados una medida cuya aplicaci¨®n est¨¢ por decidir y, en caso de concretarse, ser¨¢ a largo plazo.

Por lejano que parezca ese horizonte, el resquemor que el Ejecutivo ha provocado en los sindicatos aflorar¨¢, inevitablemente, en la reforma laboral que se negocia intensamente estos d¨ªas. Tanto UGT como Comisiones Obreras se esfuerzan en explicar que la estrategia sindical siempre ha combinado di¨¢logo en los despachos y protestas en las calles. "Desde nuestra autonom¨ªa, realizamos movilizaciones ante lo que consideramos una fuerte agresi¨®n y a la vez negociamos", arguye Ram¨®n G¨®rriz. Pero la coincidencia en el tiempo de los dos principales cambios sociolaborales de los ¨²ltimos a?os -y la estrategia sindical opuesta en ambos- hacen inevitable el efecto contagio. "Al haberse posicionado [el Gobierno] de esa manera se complican los dos debates, el del Pacto de Toledo y el di¨¢logo social que mantiene con los agentes sociales para la reforma laboral", concluye Valeriano G¨®mez, ex secretario general de Empleo y director financiero de la Fundaci¨®n Ortega y Gasset. El negociador por UGT Toni Ferrer lo corrobora: "En estos momentos, el nivel de confianza no es el mismo".

Pese a la dureza del discurso inaugurado en pensiones, de momento el Ejecutivo amaga sin dar. Ha lanzado una propuesta agresiva, la de elevar la edad legal de jubilaci¨®n, pero parece haberse retractado de la que consideraba una fuente de ahorro en el sistema p¨²blico igual de importante, la ampliaci¨®n del periodo cotizado que se tiene como referencia para calcular la pensi¨®n. El Ministerio de Econom¨ªa propuso -a t¨ªtulo de ejemplo, seg¨²n justifica este departamento- elevar de los 15 a?os actuales a 25 el ¨²ltimo periodo de vida laboral computable. Con esa medida y el cambio en la edad legal, proyectaba ahorrar cuatro puntos de PIB (unos 40.000 millones de euros, con el dato actual). Pero la polvareda levantada hizo desistir al Ejecutivo y retirar ese p¨¢rrafo del documento que Econom¨ªa mand¨® a Bruselas.

Una persona que ocup¨® un alto cargo en la Seguridad Social pone en duda que elevar el periodo de c¨®mputo origine tal ahorro, una postura similar a la que mantienen los actuales responsables del Ministerio de Trabajo. Pero la mayor¨ªa de los expertos discrepa. Con excepciones, las vidas laborales suelen ir acompa?adas de salarios crecientes que, como poco, se consolidan en la ¨²ltima etapa. Por tanto, ir m¨¢s atr¨¢s en las bases de cotizaci¨®n que se toman para cuantificar la pensi¨®n perjudica a la media y beneficia a quienes en los ¨²ltimos a?os han sido expulsados del mercado laboral, han tenido que optar por un empleo peor remunerado o han reducido jornada.

Con este u otros instrumentos, es dif¨ªcil pensar en que el Gobierno resista la ola internacional de endurecimiento de los sistemas p¨²blicos de pensiones. Francia acaba de anunciar para oto?o medidas que permitan retrasar la edad de salida del mercado laboral -fijada, hasta ahora, en unos generosos 60 a?os-, Grecia est¨¢ obligada a elevar tambi¨¦n la media de jubilaci¨®n efectiva y en Holanda se debate si pasar de 65 a 67 a?os. Hay pa¨ªses que ya han explorado ese camino. Alemania, Dinamarca y Australia avanzan ya hacia los 67 y Reino Unido, hacia los 68, seg¨²n datos de la OCDE, que aglutina a las 30 econom¨ªas m¨¢s desarrolladas del mundo. Se unen de esa forma a Noruega e Islandia, que ya han alcanzado los 67.

Esta organizaci¨®n es una de las m¨¢s fervientes defensoras de elevar la edad de jubilaci¨®n. "En el caso de Espa?a, legislar ahora sobre futuros incrementos en la edad de retiro, aplicados en las pr¨®ximas dos o tres d¨¦cadas, tendr¨ªa sentido", asegura Edward Whitehouse, experto en pensiones de la OCDE. Whitehouse a?ade que la mayor esperanza de vida a¨²n no se ha reflejado en la edad de jubilaci¨®n, cuando ese indicador seguir¨¢ aumentando en el futuro. Actualmente, la edad efectiva de abandono del mercado laboral son 63 a?os y 10 meses, seg¨²n datos de Trabajo. Con un modelo probabil¨ªstico, sin datos reales, la oficina estad¨ªstica de la Uni¨®n Europea, Eurostat, sit¨²a la media en 62,6 a?os. En todo caso, m¨¢s de un a?o por encima de la medida comunitaria. ?se era el argumento que hasta hace poco m¨¢s de un mes manten¨ªa Trabajo para defender los incentivos voluntarios a la permanencia en el puesto de trabajo. El giro de la voluntariedad a la obligatoriedad s¨®lo llego cuando el Ministerio de Econom¨ªa tom¨® la batuta y trat¨® de lanzar mensajes tranquilizadores para los mercados internacionales, que castigaban las cuentas p¨²blicas espa?olas.

La OCDE se adentra en la controvertida idea de ligar la cuant¨ªa de la pensi¨®n a la esperanza de vida. Bajo el subt¨ªtulo de "La revoluci¨®n silenciosa en las pol¨ªticas de pensiones", la organizaci¨®n defiende en un informe ese mecanismo, algo perverso, que ya han adoptado 13 de los 30 pa¨ªses que la conforman, seg¨²n sus datos. Y vaticina que no se quedar¨¢n solos. La medida "puede mejorar la forma de compartir riesgos" y "da una raz¨®n l¨®gica para los recortes en la prestaci¨®n que los votantes ver¨¢n cre¨ªble y razonable". Aplicado a Espa?a, el pron¨®stico resulta, cuando menos, osado. En todo caso, la OCDE sit¨²a a Espa?a dentro del grupo de pa¨ªses cuyos sistemas de pensiones "no han visto cambios significativos en los ¨²ltimos 15 a?os".

M¨¢s all¨¢ del rechazo sindical, prolongar la vida activa admite lecturas positivas. Miguel Rodr¨ªguez-Pi?ero destaca una interesante. "Teniendo en cuenta el nivel de las pensiones espa?olas [la media de jubilaci¨®n son 875 euros mensuales] y la forma f¨ªsica a la que se llega a los 65, cada vez hay m¨¢s gente que no acepta que la jubilen", explica el catedr¨¢tico de la Universidad de Huelva. Es decir, una parte de los trabajadores -eso s¨ª, los m¨¢s cualificados y sedentarios- quieren continuar y en muchos casos no pueden porque los convenios colectivos fijan como obligatorio el retiro a los 65 a?os para fomentar la creaci¨®n de empleo.

"El problema es que hay gente que llega muy machacada a esa edad", opone Santos Ruesga, que aboga por alg¨²n mecanismo que permita discriminar por sectores. Esa idea, apoyada tambi¨¦n por Rodr¨ªguez-Pi?ero, encierra una gran complejidad, pues, mientras que hay profesiones cuyo desgaste es muy claro -la de minero, por ejemplo-, en otras la l¨ªnea es m¨¢s difusa y resulta dif¨ªcil fijar una edad de jubilaci¨®n para cada colectivo.

Con todo ese argumentario, los sindicatos se enfrentan el martes a un duro examen: protestar por primera vez contra Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero y comprobar el pulso de la ciudadan¨ªa para ver si los secundar¨ªa en caso de que las medidas sobre pensiones sigan adelante y las organizaciones tengan que plantear muestras de fuerza m¨¢s contundentes.

Tambi¨¦n est¨¢ por ver si la unidad sindical resistir¨ªa un envite de esa categor¨ªa. Las pensiones han sido precisamente el elemento que m¨¢s ha dividido a UGT y Comisiones Obreras en el pasado. La huelga de 1985 se realiz¨® sin la participaci¨®n de UGT, a pesar de elevar el periodo de c¨¢lculo de la pensi¨®n. Al contrario, fue este sindicato el que se desmarc¨® del acuerdo de pensiones de 2001, que instauraba la jubilaci¨®n parcial y flexible y abr¨ªa la puerta a extender m¨¢s el periodo de c¨¢lculo de la pensi¨®n. El pacto, firmado por Comisiones Obreras y CEOE con el entonces presidente del Gobierno, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, planteaba la idea de que, en un futuro, la pensi¨®n se calculara en funci¨®n de toda la vida laboral. Nunca m¨¢s se retom¨® ese debate en serio, aunque no han sido pocos los expertos que lo han planteado estos ¨²ltimos a?os.

Con las pinceladas ofrecidas hasta ahora por el Gobierno sobre sus intenciones, Valeriano G¨®mez entiende el rechazo sindical. "No va a ser f¨¢cil que los sindicatos acepten una subida de la edad de jubilaci¨®n sin m¨¢s". Ese "sin m¨¢s" sugiere que las centrales podr¨ªan acabar admitiendo trabajar m¨¢s a?os para cobrar la misma pensi¨®n a cambio de otras mejoras. Hasta ahora, ni Comisiones ni UGT han dado muestras de tal flexibilidad. "Pero los sindicatos no deben adoptar posiciones numantinas. Se puede decir que no a esto, pero hay que aceptar que el sistema necesita reformas", advierte el ex responsable de Empleo en la primera legislatura de Zapatero.

Internamente, ambas organizaciones admiten algunos cambios de los que prev¨¦ el Gobierno. El problema es que el documento oficial que sembr¨® la pol¨¦mica es tan ambiguo y farragoso que cuesta definirse respecto a las propuestas. Salvo el aumento de la edad legal de jubilaci¨®n, el resto de medidas se presta a varias interpretaciones, en ocasiones contradictorias.

No es el ¨²nico equ¨ªvoco a que induce el Ejecutivo. Mientras el secretario de Estado de Econom¨ªa, Jos¨¦ Manuel Campa, promete a los inversores internacionales que si hay que recortar m¨¢s el gasto p¨²blico se har¨¢, Zapatero prorroga el subsidio para parados sin protecci¨®n cuyo coste anual asciende a 500 millones. Y los ministerios reducen sus inversiones pero se garantiza a los funcionarios que no habr¨¢ congelaci¨®n salarial. Iniciativas probablemente justas pero incongruentes con la austeridad que se predica. Federico Dur¨¢n echa un jarro de agua fr¨ªa sobre las pretensiones ahorradoras del Gobierno: "Los problemas de las cuentas p¨²blicas no se solucionar¨¢n hasta que se cree empleo".

Las marchas del martes y los d¨ªas sucesivos no s¨®lo pondr¨¢n a prueba a los sindicatos. Al Gobierno le servir¨¢n para medir el posible descontento con el que lidiar de aqu¨ª a las pr¨®ximas elecciones y las consecuencias de los titubeos de los ¨²ltimos meses. Ser¨¢ una prueba antes del examen definitivo al que se someter¨¢ Zapatero en 2012. -