La Xunta muestra su irritaci¨®n con el Gobierno tras otro fracaso negociador

M¨¢s de 20 horas y cuatro reuniones despu¨¦s, la Xunta y el Gobierno siguen atascados en los puntos fundamentales del recurso contra la Lei de Caixas. Por lo menos ayer concretaron acuerdos en seis de los once aspectos cuestionados por el informe de inconstitucionalidad, aunque, seg¨²n fuentes de la Xunta, ya hab¨ªan quedado pr¨¢cticamente perfilados en la reuni¨®n anterior. Entre ellos, el veto a una fusi¨®n virtual (Sistema Institucional de Protecci¨®n, SIP), despu¨¦s de que las partes aceptasen copiar la redacci¨®n que figura en la ley andaluza; o el control de la Obra Social, sobre la que Facenda ha admitido que aflojar¨¢ la supervisi¨®n borrando el p¨¢rrafo que dice que ser¨¢ necesario un informe favorable para programar inversiones de m¨¢s de mill¨®n de euros.

Por lo dem¨¢s, la delegaci¨®n gallega, que lleg¨® a Madrid "con el pijama en la maleta", por si hoy continuaban los contactos (palabras de Alfonso Rueda, conselleiro de Presidencia), se march¨® muy enfadada con la actitud de sus interlocutores en el Ministerio de Administraciones P¨²blicas y lleg¨® a cuestionar su capacidad para llevar el di¨¢logo a alguna parte. "?Tienen capacidad para llegar a acuerdos? Probablemente el secretario de Estado [Gaspar Zarr¨ªas, de Cooperaci¨®n Territorial] dir¨¢ que ha habido avances significativos, nosotros no podemos estar de acuerdo en ning¨²n caso", asegur¨® Rueda.

El Gobierno central sigue punto por punto el gui¨®n que dibuj¨® la ministra de Econom¨ªa, Elena Salgado, cuando dijo aquello de que "las leyes no se negocian, se respetan". Est¨¢ tensando la cuerda para que la Xunta renuncie a sus dos premisas b¨¢sicas: que no se alteren los principios esenciales de la ley aprobada y que, en vez de redactarla de nuevo, donde haya dudas se acompase la legislaci¨®n con la de otras comunidades aut¨®nomas. El Gobierno gallego no quiere ceder, aunque es consciente de que tampoco le sirve de nada cambiar la mitad de los art¨ªculos recurridos si sobre la otra mitad contin¨²a el bloqueo. Si acepta la renovaci¨®n al 50% de las asambleas, la fusi¨®n de Caixa Galicia y Caixanova quedar¨ªa muy remota porque es dif¨ªcil que alcance la masa cr¨ªtica suficiente que haga cambiar de opini¨®n a la caja de Vigo.

Para el conselleiro de Presidencia, el Gobierno no tiene ninguna prisa en desatascar el recurso: "Se nos ha llegado a decir que no se le puede pedir tanta celeridad a la Administraci¨®n del Estado". La gota que colm¨® el vaso fue que Zarr¨ªas diese por terminada la mesa de di¨¢logo sin haber fijado la fecha de la pr¨®xima cita en Madrid. Al dejarlos "a expensas de la agenda", los gallegos advirtieron de que la situaci¨®n se parece cada vez m¨¢s a una maniobra para forzar un bloqueo. Nada que ver con la versi¨®n de Zarr¨ªas, para el que las prisas podr¨ªan "provocar equivocaciones por ambas partes". Su idea es convocar de nuevo la mesa "esta misma semana y cerrar el acuerdo", algo que por cierto mencion¨® la semana pasada. "Quedan cinco aspectos por dilucidar, estoy convencido de que podemos llegar a un acuerdo definitivo". Ese mismo mensaje de optimismo, que contrasta con la irritaci¨®n de la Xunta, fue reiterado ayer por otras fuentes del Ejecutivo.

Pero el acuerdo no ser¨¢ f¨¢cil a juzgar por lo que ha pasado. Las posturas sobre el precepto que determina c¨®mo se har¨¢ la primera renovaci¨®n de los ¨®rganos de gobierno (seg¨²n la ley actual, en dos meses y cambiando al 75% de la asamblea) est¨¢n, si cabe, m¨¢s alejadas que al principio. "El Estado ya est¨¢ planteando cuestiones a?adidas a las que plantea el recurso de inconstitucionalidad y al dictamen del Consejo de Estado. No puede haber acuerdo en este punto", zanj¨® la conselleira de Facenda, Marta Fern¨¢ndez Curr¨¢s. Para el interlocutor del Gobierno, "con la redacci¨®n actual se renovar¨ªa el 90% a los dos meses de su entrada en vigor y el 10% restante en un a?o", lo que contraviene la normativa b¨¢sica recogida en la Ley de ?rganos Rectores de las Cajas (LORCA).

El principal acuerdo tomado ayer permite a la Xunta seguir manteniendo la capacidad de veto sobre las fusiones virtuales siempre que lo justifique por la hipot¨¦tica insolvencia de la operaci¨®n y no en el "inter¨¦s" de Galicia al que alud¨ªa la ley aprobada en el Parlamento gallego por PP y BNG.