El inversor suele tener raz¨®n

A veces, las reclamaciones financieras tienen un final feliz. Aunque tarden a?os en resolverse. En juego entran en primer lugar los servicios de reclamaciones del Banco de Espa?a, de la CNMV o de la Direcci¨®n General de Seguros, que publican trimestral o semestralmente informes completos sobre las quejas ante ellos presentadas y dan su opini¨®n sobre lo que son o no buenas pr¨¢cticas financieras. En ocasiones de poco sirven sus aclaraciones y entonces la pelota cae en el tejado de los tribunales. En general, algo m¨¢s tarde, hasta los legisladores toman cartas directamente en estos asuntos.

El Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia -se pone fin as¨ª a un proceso iniciado por la OCU en enero de 2003- en la que declara nulas por abusivas, desproporcionadas o confusas hasta 13 cl¨¢usulas que las entidades financieras aplicaban a sus clientes y que iban desde obligar a los consumidores a hacer frente a los gastos judiciales de un proceso aunque lo ganasen; eximirse de toda responsabilidad por extrav¨ªo o sustracci¨®n de la tarjeta o la libreta; prohibir al particular vender el bien que garantizaba su hipoteca, etc¨¦tera.

Varias sentencias critican la venta de productos de forma indiscriminada

No es la primera vez que las reclamaciones de los particulares llevadas ante los tribunales han dado su fruto. En los a?os noventa, todas las asociaciones de usuarios bancarios peleaban con dureza contra el redondeo al alza en los contratos hipotecarios a tipo variable. Varias sentencias despu¨¦s, se aprob¨® la Ley Financiera 44/2002 prohibiendo su uso abusivo y limitando su aplicaci¨®n, al alza o a la baja, a un octavo de punto. En esos a?os se puso tambi¨¦n fin, a base de reclamaciones sucesivas, a cosas que ahora parecen tan "normales" como que los cajeros autom¨¢ticos informen con claridad y veracidad, y de forma previa a su aceptaci¨®n, del coste de las operaciones; que los particulares no tengan que abonar los gastos de no subrogaci¨®n en una hipoteca contratada por un promotor; que no se apliquen simult¨¢neamente comisiones de mantenimiento y administraci¨®n en una cuenta...

Tambi¨¦n se ha peleado mucho y duramente en pro de la transparencia y algo se ha ganado de esta batalla. En noviembre de 2007 entr¨® en vigor la directiva europea MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) que regula la prestaci¨®n de servicios de inversi¨®n y cuyos objetivos b¨¢sicos son proteger a los clientes financieros y regular el comportamiento de las entidades.

Todas las asociaciones de consumidores centran la mayor parte de su actual actividad jur¨ªdica en materia de inversi¨®n/ahorro en lo relativo a "cl¨¢usulas suelo" en las hipotecas; Clips, Swaps y contratos de permuta financiera; dep¨®sitos estructurados o fondos inmobiliarios. Sobre el primero de ellos, mientras Adicae ha demandado judicialmente a 22 entidades, la OCU se ha dirigido a todos los grupos parlamentarios solicitando que lleven a cabo las iniciativas oportunas para promover las modificaciones legislativas necesarias para evitar la inclusi¨®n de "cl¨¢usulas suelo" en las hipotecas con los consumidores. En su opini¨®n, estas cl¨¢usulas son abusivas por falta de reciprocidad entre las partes, al limitar la variaci¨®n de los tipos de inter¨¦s, impidiendo que el tipo final aplicado al consumidor baje de un determinado nivel aunque baje el ¨ªndice al que est¨¢ referenciada la hipoteca.

Seg¨²n reconocen sus responsables, el 80% de las nuevas reclamaciones que llegan a Ausbanc versan sobre los swaps, permutas, clips, intercambios, coberturas o seguros de cuota fija para hipoteca. Todos ellos son en realidad el mismo producto con distinto nombre y han generado en los ¨²ltimos meses graves problemas econ¨®micos a sus suscriptores dado que, seg¨²n denuncian, las entidades no s¨®lo les est¨¢n trasladando desproporcionadas y abusivas penalizaciones por la cancelaci¨®n del producto sino que, adem¨¢s, utilizan sus cuentas al pago del swap, derivado o similar antes que al propio pago de la hipoteca.

A favor de los consumidores, que adem¨¢s denuncian haber sido mal o nada informados sobre los elevados riesgos que conlleva la compra de estos productos, ya hay dos sentencias firmes: de la Audiencia Provincial de Ja¨¦n de 27 de marzo de 2009 y de la Audiencia Provincial de ?lava de 7 de abril de 2009.

En materia de dep¨®sitos estructurados, esta misma semana se acaba de producir una importante novedad, seg¨²n explican desde Adicae: el Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valencia en 2005 y obliga a Ruralcaja a devolver las cantidades defraudadas a los 238 afectados (aproximadamente tres millones de euros). La sentencia reitera la obligaci¨®n de las entidades de actuar con la debida diligencia profesional en pro de sus clientes y destaca lo incorrecto de la comercializaci¨®n indiscriminada de productos sin tener en cuenta si el cliente dispone o no de unos m¨ªnimos conocimientos financieros o sin conocer su capacidad financiera y preferencia de riesgo.

Ser¨¢ el Tribunal Supremo quien decida si la Audiencia Nacional debe investigar la querella interpuesta por un grupo de afectados por la congelaci¨®n del reembolso del fondo inmobiliario Santander Banif Inmobiliario. -