El PSE quiere conocer el gasto p¨²blico total generado por la consulta de Ibarretxe

El Parlamento conocer¨¢ finalmente cu¨¢nto cost¨® a las arcas p¨²blicas la iniciativa de consulta popular, finalmente no realizada, que acapar¨® el segundo mandato del anterior Gobierno. El Grupo Socialista ha pedido al Ejecutivo que informe a la C¨¢mara de todos los gastos ocasionados por la elaboraci¨®n de la Ley que la regul¨®, incluidos "los recursos humanos y financieros de la administraci¨®n utilizados en la elaboraci¨®n, los asesoramientos jur¨ªdicos y la difusi¨®n p¨²blica" de la iniciativa. En su justificaci¨®n de la pregunta, que ayer registr¨® para su respuesta por escrito por el Gobierno, el PSE-EE deja ver un deseo de hacer cuentas, una vez que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha rechazado admitir, siquiera a tr¨¢mite, las demandas contra Espa?a presentadas por el PNV, EA y Aralar.

Los socialistas resaltan que el Gobierno continu¨® con sus acciones jur¨ªdicas y p¨²blicas incluso despu¨¦s de que el Tribunal Constitucional anulara la Ley de Consulta. El PSE quiere saber ahora cu¨¢nto cost¨® en "esfuerzos p¨²blicos" aquella iniciativa "abocada desde el principio a su fracaso", tal y como advirti¨® en origen la oposici¨®n y ahora ha certificado Estrasburgo.

Hasta ahora, los ¨²nicos datos conocidos son los que aport¨® el propio Gobierno Ibarretxe al Parlamento, en respuesta a una pregunta tambi¨¦n del Grupo Socialista. La entonces vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, reconoci¨® a la C¨¢mara un gasto de cerca de 30.000 euros, pero esa cantidad era la destinada s¨®lo a la edici¨®n y distribuci¨®n de las papeletas con las preguntas que los ciudadanos deb¨ªan supuestamente responder. El Gobierno hizo llegar a todos los domicilios de la comunidad aut¨®noma 815.000 sobres, cada uno con dos papeletas y una carta del lehendakari Ibarretxe en su interior.

Pero el c¨¢lculo global del coste en medios y empleados p¨²blicos que ahora piden los socialistas est¨¢ sin hacer. Es previsible que por fin logren conocerlo, toda vez que el nuevo Ejecutivo ha podido tener acceso ahora a la informaci¨®n oficial existente.