Aguirre llevar¨¢ al Gobierno de Zapatero a los tribunales

Las dos cartas que la Comunidad envi¨® en octubre y diciembre al Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda reclamando una deuda de 5.583 millones de euros han tenido una respuesta negativa. Ahora, Esperanza Aguirre llevar¨¢ el asunto a los tribunales. Considera que las cantidades se le adeudan por no haberse aplicado el "principio de lealtad institucional recogido en la Ley de Financiaci¨®n Auton¨®mica", seg¨²n el vicepresidente regional, Ignacio Gonz¨¢lez.

Se trata de dinero que deber¨ªa haber recibido la Comunidad por nuevas obligaciones que le fueron impuestas desde el Gobierno central y que, seg¨²n la Ley de Financiaci¨®n Auton¨®mica, deb¨ªan haber ido acompa?adas de dotaci¨®n econ¨®mica, hecho que no se ha producido, seg¨²n el vicepresidente. La v¨ªa ser¨¢ la jurisdicci¨®n contencioso-administrativa, donde el Gobierno regional recurrir¨¢ la resoluci¨®n de enero de la Direcci¨®n General de Coordinaci¨®n Financiera que desestima la devoluci¨®n de dos partidas, de 2.873 y 2.710 millones de euros.La primera corresponde a "los menores ingresos recibidos en 2002 por las reformas fiscales" del Gobierno central, seg¨²n el vicepresidente regional. Es decir, por un cambio legislativo que corresponde al ¨²ltimo mandato de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar. La segunda est¨¢ relacionada con el "incremento de gasto por la legislaci¨®n estatal", seg¨²n Gonz¨¢lez.

Se trata de m¨¢s de un cuarto de la "deuda hist¨®rica" que la Comunidad calcula que le debe el Ejecutivo central y que cifra en 18.831 millones de euros.

Esta cantidad incluye 3.129 millones atribuidos a las partidas que se han dejado de recibir porque el modelo de financiaci¨®n no ha reconocido el aumento de poblaci¨®n de Madrid. Tambi¨¦n incluye fondos que corresponde a las inversiones que Zapatero habr¨ªa dejado de hacer en la regi¨®n en los ¨²ltimos seis a?os (que calculan en 9.284 millones), el pago del servicio que han prestado las entidades colaboradoras de Sanidad (368 millones), el descenso de ingresos por las modificaciones fiscales del Estado desde 2002 (2.873 millones) y las nuevas obligaciones de gasto regional por modificaciones legislativas del Gobierno central (2.710 millones). Por ¨²ltimo, incluye 211 millones no entregados de la Ley de Dependencia y 256 millones de las aportaciones no hechas al Consorcio de Transportes.