El veneno que amenaza el 'caso G¨¹rtel'

El PP y los abogados de la red G¨¹rtel, vinculada a ese partido, se disponen a liquidar un caso que puede estallarles en periodo electoral. El juez Baltasar Garz¨®n est¨¢ a punto de quedar despojado de funciones y cautivo de tres procedimientos penales orientados a su inhabilitaci¨®n. Y el Tribunal Supremo ha autorizado que el l¨ªder de la trama corrupta, Francisco Correa, dirija la acusaci¨®n contra el juez que le envi¨® a prisi¨®n.

Para el PP y los abogados de la trama G¨¹rtel, la v¨ªa m¨¢s r¨¢pida es la nulidad de actuaciones, que tan buenos resultados les dio en el caso Naseiro: declarar nulas las escuchas ordenadas por Garz¨®n, extender la nulidad a las del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira y, siguiendo la teor¨ªa del ¨¢rbol envenenado, procurar que las ramas de ¨¦ste se extiendan a toda la trama.

El Tribunal Superior de Madrid estudia las intervenciones de Garz¨®n

La nulidad podr¨ªa intentar extenderse m¨¢s tarde al resto de las actuaciones

Los abogados no son inmunes a ser investigados, seg¨²n Anticorrupci¨®n

Hay cuatro letrados imputados en la causa contra la trama corrupta

En la ofensiva desencadenada para liquidar las escuchas hay abiertos tres frentes, en los que trabajan activamente, junto al aparato del PP, abogados de bufetes de campanillas y hasta el Colegio de Abogados de Madrid. Mientras, en la Secretar¨ªa de Causas Especiales del Supremo sestean el recurso contra la exoneraci¨®n del presidente valenciano, Francisco Camps, o la imputaci¨®n del ex tesorero del PP Luis B¨¢rcenas.

- Las escuchas de Garz¨®n. La intervenci¨®n de las comunicaciones en prisi¨®n entre los principales implicados en la trama G¨¹rtel y sus abogados, instadas por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, ordenadas por el juez Baltasar Garz¨®n y refrendadas por su sucesor en el Tribunal Superior de Madrid, Antonio Pedreira, constituyen la primera fase de la ofensiva para conseguir anular el caso G¨¹rtel. El objetivo es que el Tribunal Superior de Madrid declare nulas esas intervenciones.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha enviado su mensaje al Tribunal Superior de Madrid, admitiendo a tr¨¢mite por primera vez en su historia una querella contra un juez por ordenar una intervenci¨®n de comunicaciones. No es s¨®lo la tercera querella contra Garz¨®n en apenas nueve meses. Es tambi¨¦n la v¨ªa de acceso para que todos los implicados en la trama corrupta sienten en el banquillo y acusen al juez.

Desde el mi¨¦rcoles, el Tribunal Superior estudia la validez de las comunicaciones en prisi¨®n entre los presuntos corruptos de la G¨¹rtel y sus abogados. Los defensores de los imputados en la trama se aferran a que la intervenci¨®n de comunicaciones en prisi¨®n s¨®lo es v¨¢lida "con autorizaci¨®n judicial y en supuestos de terrorismo", tal como establece el art¨ªculo 51.2 de la Ley Org¨¢nica General Penitenciaria. Sostienen que, fuera de ese supuesto, el sistema constitucional y el derecho procesal penal no autorizan a interferir "jam¨¢s" las comunicaciones de un abogado con su cliente.

Para la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n esa postura llevar¨ªa a que los abogados fueran inmunes a una investigaci¨®n penal, y aporta sentencias del Tribunal Supremo que autorizan a interferir el secreto profesional de los abogados cuando existen indicios de que ¨¦stos est¨¢n cometiendo un delito. Anticorrupci¨®n se acoge al art¨ªculo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que autoriza al juez a intervenir las comunicaciones para descubrir o comprobar alg¨²n hecho importante para la causa y las que sirvan para fines delictivos. Seg¨²n la fiscal¨ªa, la doctrina constitucional no impone ninguna limitaci¨®n por raz¨®n del delito cuando la intervenci¨®n de comunicaciones de los internos con sus abogados constituye una medida de investigaci¨®n penal.

Seg¨²n el fiscal, algunos de los abogados que han informado ante el Tribunal Superior de Madrid, incluso algunos de los que no han sido escuchados, pretenden que la nulidad se extienda no s¨®lo a las comunicaciones en prisi¨®n, sino a todas las actuaciones practicadas por Garz¨®n desde el 19 de febrero de 2009 y a todas aquellas que traigan causa de la informaci¨®n obtenida en esas intervenciones, incluidas las medidas cautelares. Las consecuencias ser¨ªan bien rentables para los presuntos corruptos: libertad de los imputados, devoluci¨®n de fianzas, alzamiento de embargos, nulidad de las imputaciones y archivo del caso G¨¹rtel.

Si s¨®lo se anulan las escuchas decretadas por Garz¨®n, Anticorrupci¨®n prev¨¦ unos efectos m¨¢s limitados. En la causa hay cuatro abogados imputados, pero sobre ellos hay abundantes diligencias anteriores a esas escuchas. Algunas, incluso, desde septiembre de 2005. Se trata de los titulares de bufetes Luis de Miguel, Jos¨¦ Ram¨®n Blanco Bal¨ªn, Manuel Delgado Sol¨ªs y del abogado de este ¨²ltimo Jos¨¦ Antonio L¨®pez Rubal, al que Garz¨®n cit¨® nominativamente en su auto de intervenci¨®n. Se trata de los despachos que dise?aron la estructura de los circuitos financieros para el blanqueo de los fondos de Francisco Correa.

A este frente se ha incorporado el Colegio de Abogados de Madrid, personado en el caso G¨¹rtel para combatir las resoluciones de Garz¨®n y el auto de Pedreira que las refrenda.

- Las escuchas del Sitel. El segundo frente de la ofensiva lo abri¨® directamente el PP al cuestionar la legalidad del Sistema Integrado de Interceptaci¨®n Telef¨®nica (Sitel), un avanzado sistema de escuchas de tel¨¦fonos m¨®viles adquirido cuando ese partido estaba en el Gobierno; obviamente, no hab¨ªa previsto que lo utilizaran Anticorrupci¨®n y Garz¨®n para desmontar la trama corrupta vinculada al propio PP.

El sistema se hab¨ªa venido utilizando pac¨ªficamente hasta entonces y durante 2009 el Tribunal Supremo lo hab¨ªa avalado en una decena de sentencias, pasando todos los filtros tanto sobre su funcionamiento como sobre la suficiencia de su cobertura legal.

Sin embargo, a principios de febrero, en la ¨²ltima sentencia sobre el Sitel, dos magistrados del sector m¨¢s conservador de la Sala Penal, Manuel Marchena y Jos¨¦ Manuel Maza, que nunca antes hab¨ªan puesto pegas al sistema, emitieron un voto particular discrepante, criticando la falta de garant¨ªas del aparato. Ambos justificaron despu¨¦s en una nota de prensa que no es que ellos hubieran cambiado de criterio, sino que en las anteriores sentencias en que hab¨ªan participado nunca se hab¨ªa cuestionado que durante el traslado al juzgado de los DVD conteniendo las escuchas, los agentes de polic¨ªa no las alterasen manipulando su contenido.

Sin embargo, en medios judiciales y en el propio Supremo no pas¨® inadvertido un encuentro celebrado d¨ªas antes en Quintanilla de On¨¦simo (Valladolid), en el que coincidieron magistrados del Supremo afines al PP con alg¨²n destacado defensor de imputados en la trama G¨¹rtel en unas jornadas de estudio patrocinadas por una editorial jur¨ªdica. El evento, recogido ampliamente por el diario Expansi¨®n, fue organizado por el ex ministro de Justicia del PP Jos¨¦ Mar¨ªa Michavila, y al mismo asistieron los magistrados del Supremo Manuel Marchena y Juli¨¢n S¨¢nchez Melgar, los de la Audiencia Nacional Enrique L¨®pez y Eloy Velasco y el catedr¨¢tico de Derecho Penal y vicedecano del Colegio de Abogados, Luis Rodr¨ªguez Ramos, defensor de varios de los implicados en la trama G¨¹rtel, directamente o a trav¨¦s de abogados de su despacho.

Seg¨²n el citado diario, Rodr¨ªguez Ramos urgi¨® la reforma del art¨ªculo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, precisamente el precepto sobre el que se fundamentan las escuchas en prisi¨®n avaladas por el instructor del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira. "Con el caso G¨¹rtel como tel¨®n de fondo", detallaba Expansi¨®n, Rodr¨ªguez Ramos carg¨® contra ese art¨ªculo que autoriza la intervenci¨®n judicial de comunicaciones porque "otorga unas facultades de discrecionalidad tan amplias al juez que no existe seguridad jur¨ªdica y no se protege el derecho a la intimidad de las comunicaciones y de los datos que resulten de estas comunicaciones".

Pero, adem¨¢s, la informaci¨®n de Expansi¨®n atribuye al magistrado Manuel Marchena unas palabras en las que queda sintetizado el voto particular discrepante que emitieron ¨¦l y Maza a la ¨²ltima sentencia del Supremo sobre el sistema Sitel. En concreto, Marchena reflexion¨® acerca de la validez de la prueba electr¨®nica si ¨¦sta no viene avalada por la firma electr¨®nica, y se?al¨® que "el DVD que presenta la polic¨ªa o la Guardia Civil ante el juez instructor deber¨ªa tener el mismo r¨¦gimen jur¨ªdico probatorio que cuando se aporta en cualquier otro orden jurisdiccional por las partes o por cualquier otro fedatario p¨²blico". ?sa es la idea central del voto particular discrepante del Sitel.

Ese voto contiene el embri¨®n de la que en medios judiciales ha comenzado a denominarse doctrina Naseiro 2, y viene a suponer que los DVD con conversaciones grabadas que hubieran sido aportados al juzgado por la polic¨ªa sin la salvaguarda de unos complejos requisitos de sellado electr¨®nico e intervenci¨®n de un tercero ser¨ªan nulos, al no poderse acreditar que no hubieran sido manipulados desde que se extraen de la m¨¢quina hasta que se depositan ante el juez. De momento es una propuesta, pero ya ha abierto una brecha a que en su d¨ªa el Supremo la pueda utilizar para liquidar las escuchas a la trama G¨¹rtel.

- Investigaciones de polic¨ªas y fiscales. Si despu¨¦s de la ofensiva de los abogados y la doctrina Naseiro 2 todav¨ªa quedara alguna escucha por eliminar, quiz¨¢ le pudiera ser de aplicaci¨®n el reciente acuerdo adoptado en sala general por la Sala Penal del Supremo que elimina las investigaciones previas de polic¨ªas y fiscales sobre la identidad de portadores de tel¨¦fonos m¨®viles. El acuerdo a¨²n no ha sido redactado por el encargado de hacerlo, el juez Luciano Varela, aparentemente desbordado por la instrucci¨®n de la querella contra Garz¨®n sobre la investigaci¨®n del franquismo, pero por lo que se conoce los polic¨ªas y fiscales no podr¨ªan haber solicitado, sin autorizaci¨®n judicial, las identidades ni la direcci¨®n IP de los titulares de un tel¨¦fono m¨®vil, so pena de nulidad.