Feij¨®o frena la batalla judicial por los desmanes urban¨ªsticos en Barreiros

El pasado 11 de marzo el Gobierno de Feij¨®o se cobr¨® la cabeza de Hip¨®lito P¨¦rez, hasta ese momento director de la Axencia de Protecci¨®n da Legalidade Urban¨ªstica (APLU), un organismo adscrito a la Conseller¨ªa de Medio Ambiente e Territorio, creado por el bipartito para corregir y sancionar los desmanes que la burbuja inmobiliaria empezaba a causar en la costa gallega.

Ese d¨ªa, el Consello de la Xunta destituy¨® -sin informar a la prensa- al funcionario que hab¨ªa puesto en marcha la agencia y atend¨ªa as¨ª las constantes quejas de alcaldes populares y socialistas que criticaron la "excesiva rigurosidad" del citado organismo pr¨¢cticamente desde su nacimiento.

El propio conselleiro de Medio Ambiente e Territorio, Agust¨ªn Hern¨¢ndez, explic¨® entonces que el relevo de Hip¨®lito P¨¦rez por Mar¨ªa Mart¨ªnez Allegue, ex secretaria de los ayuntamientos de Mos y Tui, al frente de la agencia, "pretende impulsar la colaboraci¨®n activa con los ayuntamientos". Con el objetivo de propiciar ese cambio, la Xunta tuvo que modificar los estatutos del organismo p¨²blico concebidos para que el mandato de su director no coincidiese con el del Gobierno gallego y preservar as¨ª su independencia respecto a hipot¨¦ticas presiones del poder pol¨ªtico.

El bipartito s¨ª present¨® 40 contenciosos y el fiscal, una querella

Pero mucho antes de cambiar la direcci¨®n de la APLU, el Ejecutivo de Feij¨®o ya hab¨ªa empezado a ignorar el trabajo de los inspectores urban¨ªsticos. As¨ª lo prueba la negativa del Consello de la Xunta a aprobar cuatro nuevas denuncias por la v¨ªa del contencioso administrativo contra otras tantas licencias concedidas por el Gobierno local de Barreiros y su alcalde Alfonso Fuente Parga, del PP, para levantar decenas de pisos en este municipio de A Mari?a lucense que no ha adaptado su planeamiento y donde rigen unas normas subsidiarias del a?o 1994.

Los recursos contencioso administrativos part¨ªan de los informes t¨¦cnicos de la APLU que subrayaban el dictamen contrario emitido en su d¨ªa por la secretaria municipal de Barreiros y estaban avalados por la Asesor¨ªa Xur¨ªdica de la Xunta, que procedi¨® a presentarlo en un juzgado de Lugo para cumplir con los plazos legales. Fuentes de la Asesor¨ªa Xur¨ªdica han confirmado a este diario que se trata de una pr¨¢ctica habitual para evitar que prescriba el plazo de reclamaci¨®n ante los tribunales.

La ¨²ltima palabra la ten¨ªa, en todo caso, el poder pol¨ªtico. Las denuncias compet¨ªan al Gobierno gallego y deb¨ªan ser ratificada por el Consello de la Xunta. Este ¨®rgano opt¨®, sin embargo, por negarse y evit¨® as¨ª nuevas demandas contra el Gobierno local y el ca¨®tico urbanismo que reina en esta localidad de A Mari?a Lucense.

Las deliberaciones del Consello de la Xunta son secretas y nadie del Gobierno gallego ha argumentado el porqu¨¦ de su decisi¨®n. Este diario intent¨® ayer sin ¨¦xito que la Conseller¨ªa de Medio Ambiente explicase qu¨¦ raz¨®n le llev¨® a ignorar las recomendaciones de los t¨¦cnicos de la Axencia Galega da Legalidade Urban¨ªstica y de la propia Asesor¨ªa Xur¨ªdica de la Xunta.

Pese a todo, los tribunales deber¨¢n dirimir los m¨¢s de 40 contenciosos presentados por el bipartito que piden la anulaci¨®n de 44 licencias para edificar 3.174 viviendas. La primera de las sentencias dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n¨²mero 1 de Lugo ha anulado el permiso que el Gobierno de Barreiros concedi¨® a una constructora para levantar 173 pisos en la zona de San Miguel de Reinante. El alcalde popular Alfonso Fuente Parga y la constructora Promociones Nord¨¦s han recurrido el fallo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Este es s¨®lo uno de los dos frentes judiciales abiertos por el modo en que el regidor, otros tres ediles del PP, y la arquitecta municipal, Marta Geada, interpretaron el planeamiento urban¨ªstico en el ayuntamiento lucense. El pasado diciembre, el fiscal jefe de Lugo denunci¨® por lo penal al alcalde, a los tres concejales y a la t¨¦cnico ante el juzgado de instrucci¨®n de Mondo?edo por dar luz verde en un a?o a m¨¢s de 3.100 viviendas en un pueblo de 3.300 vecinos. El ministerio p¨²blico les atribuye a los cinco un delito de prevaricaci¨®n urban¨ªstica. La denuncia hace constar que buena parte de los 44 expedientes aprobados por el Gobierno local contaba con el informe contrario de la secretaria municipal.