Los jueces en la pol¨ªtica espa?ola

El Estado de derecho requiere que los jueces sean independientes y puedan tomar sus decisiones con autonom¨ªa y sin coacci¨®n. ?Pero qu¨¦ sucede si, siendo independientes, son parciales y act¨²an de acuerdo con principios ideol¨®gicos? Y, sobre todo, ?qu¨¦ hacer si los jueces tienen un sesgo ideol¨®gico claro, a favor de ciertas posiciones, que les lleva a enfrentarse a los poderes pol¨ªticos representativos?

En Estados Unidos, quiz¨¢ el pa¨ªs desarrollado en el que los jueces son m¨¢s poderosos, ha habido conflictos terribles. La divisi¨®n del poder pol¨ªtico en aquel pa¨ªs, entre las dos ramas del Legislativo y el Ejecutivo, o entre los varios niveles de gobierno propios de un sistema federal, deja amplio margen para que los jueces intervengan en cuestiones pol¨ªticas. Hace dos meses, el Tribunal Supremo estadounidense decidi¨®, por una estrecha mayor¨ªa de cinco jueces frente a cuatro, eliminar las limitaciones a la financiaci¨®n de los partidos por las empresas, alegando que la regulaci¨®n existente chocaba con el derecho constitucional a la libertad de expresi¨®n. Se trata de una sentencia pol¨ªtica, que beneficia a los republicanos y que ha suscitado duras cr¨ªticas por parte del presidente Obama. Una sentencia como ¨¦sta tiene graves consecuencias para la democracia norteamericana, pues da mayores facilidades de las que ya hab¨ªa para que el dinero distorsione el ejercicio de la representaci¨®n pol¨ªtica.

Por el sistema de acceso a la carrera y por la acci¨®n del PP, muchos jueces son conservadores

Se est¨¢ produciendo un peligroso deslizamiento del Estado de derecho al Estado de derecha

El caso m¨¢s dram¨¢tico de conflicto entre justicia y pol¨ªtica en aquel pa¨ªs se produjo en los a?os treinta del pasado siglo, cuando el Tribunal Supremo se opuso a algunos proyectos legislativos fundamentales del New Deal de Roosevelt. Tras ser reelegido en 1936, Roosevelt decidi¨® tomar cartas en el asunto y, con el pretexto de aliviar la carga de trabajo de los jueces, amenaz¨® con aprobar una ley por la cual nombrar¨ªa a tantos nuevos jueces como miembros mayores de 70 a?os hubiera en el Supremo. No hizo falta que la ley se aprobara. El mero anuncio bast¨® para que los jueces abandonaran su postura obstruccionista hacia las pol¨ªticas del presidente.

En Espa?a el sistema judicial atraviesa graves dificultades. Unas son de naturaleza "t¨¦cnica", derivadas de la falta de medios y de la mala formaci¨®n de muchos jueces. Otras, son m¨¢s bien "pol¨ªticas", tienen que ver con la politizaci¨®n de la justicia. Los analistas suelen atribuir la responsabilidad de estas segundas dificultades a los partidos. Se acusa a los partidos de decidir los nombramientos judiciales "cambiando cromos", en detrimento de los criterios de m¨¦rito que deber¨ªan utilizarse. Esa acusaci¨®n, sin embargo, se basa en una concepci¨®n idealizada del Estado de derecho y pasa por alto el verdadero problema de fondo, que no es sino el fuerte sesgo ideol¨®gico de los jueces. En Espa?a, nuestro sistema judicial est¨¢ dominado por posiciones conservadoras. Son los intentos de unos por preservar el dominio conservador y de otros por alterarlo lo que explica las tensiones que llegan a los titulares de la prensa sobre los bloqueos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o en el Tribunal Constitucional. Si los jueces tuvieran mayor neutralidad pol¨ªtica, los problemas se simplificar¨ªan notablemente.

Si en Estados Unidos la instituci¨®n clave es el Tribunal Supremo, en nuestro pa¨ªs hay tres instituciones judiciales con clara relevancia pol¨ªtica: el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Recientemente, este peri¨®dico informaba sobre la composici¨®n de la Sala Penal del Tribunal Supremo encargada de resolver el asunto de Garz¨®n y de la red corrupta del Partido Popular (G¨¹rtel). De sus 15 miembros, uno fue nombrado en la etapa de Gonz¨¢lez, 10 en la de Aznar y cuatro en la de Zapatero. Nueve de los 15 son claramente conservadores, entre ellos Adolfo Prego, que tiene posiciones filofranquistas. Si imponen sus tesis y condenan a Garz¨®n y anulan las pruebas del caso G¨¹rtel, ?deben las instituciones representativas y la sociedad civil aceptar semejante abuso de poder en nombre del Estado de derecho y de la separaci¨®n de poderes?

Cuando el PSOE lleg¨® al poder en 2004 se encontr¨® con un Consejo General del Poder Judicial muy escorado a la derecha. El Partido Popular hizo todo lo posible para retrasar su renovaci¨®n a fin de no perder la mayor¨ªa que ten¨ªa en esta instituci¨®n. Aunque muchos culparon a los dos partidos de la falta de acuerdo, era evidente qui¨¦n sal¨ªa perdiendo con la renovaci¨®n. Cuando ¨¦sta se consigui¨® por fin, fuera de plazo, el PP logr¨® meter a algunos candidatos de perfil, digamos, "inquietante": la jueza del ¨¢cido b¨®rico (uno de los casos m¨¢s rid¨ªculos y sonrojantes que se han visto en la justicia espa?ola), o la jueza que llev¨® el caso del incendio de Guadalajara y que retorci¨® hasta l¨ªmites absurdos los informes t¨¦cnicos sobre aquel desgraciado asunto. Y como colof¨®n, puso de vicepresidente a Fernando de Rosa, ex consejero de Justicia del Gobierno de Francisco Camps y que ha intentado neutralizar los esfuerzos por destapar la corrupci¨®n en Valencia. El PSOE, por su parte, tampoco se qued¨® corto nombrando a un ex secretario de Estado de la ¨¦poca de Gonz¨¢lez.

En la anterior legislatura, el Partido Socialista promovi¨® una reforma legal del CGPJ, seg¨²n la cual las decisiones m¨¢s importantes tendr¨ªan que tomarse por mayor¨ªa de dos quintos, obligando as¨ª a los dos grupos a ponerse de acuerdo. Al PP le pareci¨® intolerable que se cuestionara su dominio en el gobierno de los jueces y su portavoz en aquel momento, Ignacio Astarloa, calific¨® la reforma, con la acostumbrada morigeraci¨®n que estila este partido, de "cacicada", "d¨ªa negro para la democracia y el Estado de derecho", bla, bla, bla...

En la pr¨¢ctica, esta reforma ha transformado a cada una de las partes en una minor¨ªa de bloqueo. Ejerciendo su veto, el PP lleva meses bloqueando en el CGPJ la renovaci¨®n de los Tribunales Superiores de Justicia de la Comunidad Valenciana (presidido por el amigo ¨ªntimo de Camps, Juan Luis de la R¨²a) y del Pa¨ªs Vasco (presidido por Fernando Ruiz Pi?eiro, quien impuls¨® la causa contra los lehendakaris Ibarretxe y L¨®pez por haber mantenido contactos con Batasuna). Una reforma que en principio deb¨ªa estimular el consenso est¨¢ dando gran poder a los jueces conservadores para paralizar las renovaciones que puedan mermar su poder.

En el Tribunal Constitucional las cosas no andan mucho mejor. El PP consigui¨® desestabilizar esta instituci¨®n con su insensata pol¨ªtica de recusaciones, destinada a impedir la formaci¨®n de una mayor¨ªa favorable al Estatuto catal¨¢n. Tambi¨¦n est¨¢n bloqueados los nombramientos y no se ha sustituido a cuatro de los magistrados cuyo mandato expir¨® a finales de 2007, ni se ha remplazado al magistrado fallecido (Roberto Garc¨ªa-Calvo, quien fuera gobernador civil en el Gobierno de Arias Navarro y que en sus ¨²ltimos d¨ªas se vio envuelto en un asunto muy turbio al que los medios decidieron dar carpetazo: un ciudadano le denunci¨® por amenazarle con una pistola en una discusi¨®n de tr¨¢fico).

Ante este panorama, no queda sino plantearse qu¨¦ reformas legales son necesarias para acabar con todas estas muestras de desmesura judicial. Es l¨®gico que los jueces, por el sistema de acceso a la carrera y por su funci¨®n y formaci¨®n, tiendan a un cierto conservadurismo social e institucional. Pero resulta inaceptable que en los ¨²ltimos a?os, al calor de la crispaci¨®n pol¨ªtica, tantos jueces, en posiciones de enorme responsabilidad, hayan empezado a tomar decisiones partidistas que casi siempre est¨¢n escoradas en la misma direcci¨®n. En Espa?a se est¨¢ produciendo un peligroso deslizamiento del Estado de derecho al Estado de derecha. Probablemente las aguas vuelvan a su cauce cuando el PP llegue al poder y se restaure la sinton¨ªa entre el poder judicial y el poder representativo.

Ignacio S¨¢nchez-Cuenca es profesor de Sociolog¨ªa en la Universidad Complutense de Madrid.